1.- Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Alfredo Moreno y su jefe de Gabinete, Juan Pablo Longueira debieran cesar en sus altas responsabilidades. Las recientes noticias que comprometen al señor Longueira en la compraventa de tierras indígenas y el desarrollo de un proceso de consulta que tiene como objetivo afectar los derechos ancestrales conquistados en la Ley Indígena 19.253, generan hoy una marcada profundización de la desconfianza de los Pueblos Indígenas, y en general del Pueblo Mapuche, hacia sus gestiones. Esta situación ya era crítica con motivo de la muerte de Camilo Catrillanca y la puesta en marcha de un Plan Araucanía que no implica mayores beneficios para las comunidades indígenas.

2.- Los procesos de consultas nacionales, indicados como obligatorios por el Convenio 169 en Chile, requieren de un principio fundamental que los valida: el de la “buena fe”. Esto es, que los temas locales que incumben derechos indígenas serán consultados con la expresa idea de considerar la opinión de los pueblos originarios. Con mayor razón cuando se trata de afectar derechos colectivos, como los expresados en la Ley Indígena y en este caso se requiere una muy amplia representatividad, cosa que no ocurre con la consulta en desarrollo.

3.- De hecho, en varias regiones del país y particularmente en la Araucanía, en el norte grande y en Santiago, las comunidades indígenas están rechazando esta consulta y el PPD, entre otras instancias, ya solicitó formalmente al gobierno retirarla. Sin embargo, el Ministerio hace caso omiso de estos datos y para legitimarla, se la está reduciendo a recintos cerrados y, como ha acontecido en Valdivia, se ha convocado como “consultados” a un contingente de conscriptos de origen indígena para que concurran con su firma a validar las actas. En otros casos, Municipios y Gobernaciones bajo el mando del oficialismo movilizan sólo a algunos grupos y personas bajo la condición de que respalden la consulta. Todos estos antecedentes son contrarios al principio de “buena fe” y esto invalida la consulta en sí.

4.- Es necesario entonces abordar el tema de fondo. Se busca modificar por secretaría la Ley Indígena 19.253 y liberar la protección que esta ley brinda a las tierras indígenas ancestrales, especialmente las que provienen de los Títulos de Merced. Esto ha sido objeto permanente del mundo conservador en Chile. Desde la colonia y hasta avanzado el Estado republicano los derechos indígenas y su patrimonio fueron usurpados. Sólo con las reformas agrarias entre 1964 y 1973 las demandas de tierras indígenas fueron acogidas por los gobiernos democráticos. Luego, con la dictadura de Pinochet, se anularon tales conquistas y se dictó el Decreto 2.568, que se impuso con violencia para dividir las tierras comunitarias, declarándolas no indígenas e incluso no indígenas sus propietarios tradicionales. Bajo este decreto las tierras indígenas fueron usurpadas de diversa manera. Con el restablecimiento democrático en 1993 el congreso aprobó la Ley Indígena 19.253 que brindó protección definitiva a las tierras ancestrales y estableció derechos colectivos insustituibles.

5.- En el último tiempo y mediante resquicios, una parte de estas tierras protegidas han sido adquiridas de mala fe a pesar de las prohibiciones que la Ley Indígena establece; se han apropiado comercialmente de paños, campos y parcelas que manteniendo su condición indígena han sido adquiridas además a precios módicos. Al caso de la compraventa de tierras por parte del señor Rodrigo Ubilla se une ahora la familia del señor Juan Pablo Longueira, no siendo extraño que ellos den continuidad, en cierta forma, a los métodos que amparados en procesos legales cuestionados por el Informe oficial del Estado de Chile sobre Verdad y Nuevo Trato (2004), significan adquisiciones cuestionables, de dudosa calidad legal y sobre todo, amparados por un tipo de sociedad que aún debe comprender mejor que el valor de las tierras indígenas ancestrales no se relaciona con los usos y costumbres de la sociedad occidental o del mercado o el comercio, en tanto para los indígenas las tierras, los bosques, los ríos y las montañas, entre otros bienes, son una reserva natural de la humanidad.

6.- Es imposible separar entonces los casos de éstas y otras compraventas cuestionables con el severo intento de buscar modificar la Ley Indígena para reducir los derechos colectivos sobre estas tierras con la idea de buscar ponerlas a disposición de un mercado ansioso por enajenar tierras fértiles en favor de proyectos extractivos, contaminantes y depredadores de nuestro medio ambiente o ponerlos al servicio de proyectos de consumo turístico con fines privados. Con los antecedentes que conocemos ahora, nos damos perfecta cuenta que hay una relación política y estratégica de parte del gobierno, empresarios y mundo conservador que ansían penetrar las tierras indígenas protegidas por la Ley Indígena y el Convenio 169 y usan el mecanismo de consulta para lograr estos fines.

7.- Como bien señalara el Senador Ossandón, se trata de un proyecto “Catrillanca 2”. Esto es así cuando se busca modificar por secretaría una Ley que por más de 26 años ha permitido que los Pueblos Indígenas puedan recuperar y proteger tierras ancestrales y derechos de aguas. Por lo mismo, no podemos aceptar estos hechos que generan una profunda desconfianza con el gobierno. Y el presidente y su gabinete deben saber que no es por estos medios cómo se podrá resolver el conflicto del Estado con los Pueblos Indígenas. Se trata de cumplir con compromisos contraídos y con anterioridad ya se ha efectuado una consulta para crear una Nueva Constitución y que es en ese marco donde se debe debatir, con los Pueblos Indígenas, la inclusión de sus derechos colectivos y la propiedad de las tierras ancestrales.

8.- En tal sentido: llamamos a la sociedad civil y sus organizaciones a solidarizar con la postura de las comunidades indígenas que están rechazando la consulta indígena. Llamamos a nuestros hermanos a no validar esta consulta. Llamamos al Parlamento y a las bancadas de oposición democrática a estar atentos y vigilantes ante el ardid de presentar resultados parciales y poco representativos de una consulta favorable a la agresiva idea del gobierno de modificar la Ley Indígena fuera del marco de discusión de una nueva constitución. Y si el gobierno estima importante establecer, de verdad, un Diálogo Político Nacional con los Pueblos Indígenas, debe retirar la consulta y efectuar los cambios necesarios de autoridades donde corresponda y con quienes se pueda encarar un nuevo ciclo político en un ámbito de efectiva Buena Fe.

DOMINGO NAMUNCURA

Vicepresidente Nacional de Pueblos Indígenas-PPD

Santiago, 8 de junio de 2919