Por Francisco Vidal
El Gobierno está en problemas. Acreditan esta sentencia las sucesivas encuestas de opinión pública que muestran una caída sistemática en la evaluación de la Presidenta Michelle Bachelet y del equipo gubernamental. Es necesario enfrentar esta situación tomando la iniciativa política, coordinándose de la mejor forma con la Nueva Mayoría y su expresión parlamentaria, esencialmente. Para recuperar la confianza y la adhesión de la mayoría ciudadana que nos respaldó en diciembre de 2013 hay que retomar la agenda, pero esta vez con metas y plazos, como nos resultó tan exitosamente al finalizar el año político 2013.
Agenda de probidad y de mejoramiento de la calidad de la política:
– Respecto a los proyectos en esta materia que estaban tramitándose en el Parlamento, y que han sido reactivados por las comisiones parlamentarias respectivas, el Gobierno debiera proponerse tenerlos aprobados al 21 de mayo.
– El proyecto de ley que aumenta las multas a empresas coludidas y que reinstala la pena de prisión efectiva debe ser aprobado también antes del 21 de mayo.
– La decisión presidencial con respecto a declaración de intereses y patrimonio, y que aumenta la cobertura y profundidad de esta, es necesaria tenerla en régimen antes de la misma fecha.
– Las medidas legislativas que surjan de la propuesta de la comisión Engel deben ser enviadas al Parlamento antes del Mensaje Presidencial.
– Las medidas administrativas que surjan de la misma instancia aplicarlas a un plazo no superior a los 15 días.
Agenda educacional:
– Los proyectos en trámite referidos a participación del movimiento estudiantil en las instituciones de educación superior, creación de las universidades regionales en la Región del Libertador Bernardo O Higgins y en la Región de Aysén, así como la creación de los 15 centros de formación técnica estatal deben ser aprobados antes del mensaje ante el Congreso pleno.
– En el plan nacional docente, tal como lo ha dispuesto el Gobierno, hay que mantener la fecha de ingreso al Congreso y promulgarlo al 18 de septiembre.
– El proyecto de desmunicipalización debe tener el mismo itinerario anterior.
– El proyecto de gratuidad en la educación superior debe ser ingresado al legislativo antes del 1 de julio y aprobado antes del 31 de diciembre.
– Acelerar la construcción y puesta en marcha de las 4.500 salas cunas nuevas y de los 1.200 jardines infantiles que serán creados.
– Preparar y difundir la puesta en marcha, a partir de marzo del 2016, del fin gradual al financiamiento compartido, considerando que el 70% de los apoderados que hoy cancelan hasta $25 mil mensuales por alumno, pasarán a educación gratuita.
Agenda laboral:
– El proyecto que hoy se discute en el Parlamento debe ser despachado antes del 30 de junio, y debe estar vigente a partir del 1 de enero del 2016.v
Agenda de salud:
– La nueva Ley de Isapres enviarla al Parlamento antes que finalice el primer semestre y tenerla promulgada antes de fin de año.
– Acelerar, dentro de lo posible, la construcción de los nuevos 20 hospitales y de los nuevos 230 consultorios.
Agenda previsional:
– Adelantar el plazo de entrega del informe por parte de la comisión Bravo antes que finalice el primer semestre. Enviar dicha propuesta al Legislativo al inicio del segundo semestre y tenerla promulgada antes del 31 de enero del 2016.
Agenda política:
– Enviar al Congreso, antes que finalice el primer semestre, el proyecto de reforma constitucional para convocar a plebiscito y que este defina el método para crear una nueva Carta Fundamental: comisión bicameral, comisión de expertos y/o asamblea constituyente.
– La ley que mejora el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos debe ser promulgada antes del 21 de mayo.
El camino antes señalado nos permitirá retomar la agenda y la confianza ciudadana que se expresará en la aprobación de la ciudadanía en las encuestas y las elecciones, tanto de la Presidenta como del Gobierno y la Nueva Mayoría.