Por Sergio Bitar y Claudio Reyes en La Tercera
LAS TENDENCIAS mundiales anuncian crecientes movimientos migratorios en el planeta, e inevitablemente se incrementará también la migración hacia y desde Chile. Actualmente más de 400.000 inmigrantes viven en nuestro país y cerca de un millón de chilenos viven en el exterior. Estos números crecerán rápido.
¿Estamos preparados para orientar este proceso? Debemos anticipar los hechos y atender dos objetivos: primero, asegurar a los inmigrantes el respeto de sus derechos políticos, económicos y sociales comprometidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales y, segundo, atraer a profesionales y técnicos en áreas prioritarias para el desarrollo del país. La competencia mundial por atraer talentos será más intensa y conviene actuar desde ahora.
Chile no posee una política migratoria que atienda eficazmente estos objetivos. Pese a haber suscrito diversas convenciones, aún se observan prácticas discriminatorias contrarias a los preceptos concordados. Como muestra dos botones. El informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y sus Familias (septiembre de 2011), observó que en Chile se confiscaban los documentos de identidad de los migrantes que cometieran una infracción (entiéndase por ello falta administrativa, no delito), sustituyéndolos por una “Tarjeta de Extranjero Infractor”. Esto recuerda la “L” timbrada en los pasaportes de los exiliados por la dictadura.
Asimismo, ese informe devela que los nacidos en Chile, hijos de padres extranjeros en situación irregular se les inscribe en el Registro Civil con la leyenda “hijo/a de extranjero en tránsito”, no se les concede nacionalidad y se les niega RUT, al que pueden optar sólo al cumplir 21 años. Ambas prácticas vulneran la Constitución, el principio de Ius Soli y la no discriminación. A mayor abundamiento, Chile no ha adherido a la Convención Internacional sobre los Estatutos de los Apátridas.
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha indicado que su política internacional propenderá a reforzar los valores democráticos en la región y la integración. Para proyectar una nueva política migratoria acorde con estos postulados, se deberán aplicar plenamente los instrumentos internacionales ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas Migrantes, y también atraer a personas portadoras de capacidades humanistas, científicas y técnicas que contribuyan a elevar nuestra productividad y acelerar el desarrollo cultural.
Para ello debemos disponer de un Estado proactivo, que ponga en observancia las convenciones internacionales suscritas, y establezca una institucionalidad ad hoc, que distinga las funciones de seguridad que se realizan en el Ministerio del Interior de las materias vinculadas a la vida de los inmigrantes, y que se encargue de la coordinación intersectorial de todos los entes públicos vinculados al tema.
Se ha de reemplazar el proyecto de ley enviado en 2013, y que está en su primer trámite legislativo. En él predomina una mirada de seguridad y una visión economicista (visas de temporada). Un enfoque moderno debe propender a la inclusión social y a la integración regional, simplificar la obtención de visas de permanencia a quienes hayan ingresado legalmente, y sancionar duramente la trata de personas, entre otros aspectos.