Por René Jofré en La Segunda
¿Por qué la Presidenta de la República tiene que hacer pedagogía en su cuenta a la nación respecto de un principio que, en un país que se precia de una tradición democrática, debiera ser un consenso de todos los sectores?
Digamos con todas sus letras que, mediante el sistema electoral, los amarres al sistema político, los superquórum y otros cerrojos de la transición, Chile se acostumbró a que la minoría ejerciera un poder de veto desproporcionado. La gobernabilidad de los consensos forzados -vía los amarres autoritarios- generó un modelo que hizo que el país creciera económicamente, pero los beneficios de aquello siguieran mal repartidos; que el país fuera “estable” políticamente, pero al precio de excluir sectores; que una forma particular de ver el mundo fuese por momentos la expresión de un pensamiento refractario a toda crítica. A tal punto, que esa concentración del poder llevó a pensar que todo el país se reflejaba en ello.
Pero el movimiento social de 2011 puso interrogantes a casi todos los ejes de esa transición que pareció modélica a ojos de muchos, pero que ha dejado “legados” que son difíciles de solucionar en el Chile de hoy.
Fue la clase media la que se levantó principalmente en 2011, fue una clase media agobiada por el sobreendeudamiento y hastiada de los abusos la que hizo suya, por ejemplo, la demanda por educación gratuita. Así, la reforma a la educación marchó por las calles con el beneplácito de la opinión pública. Por eso es extraño que la derecha dura apele a la “clase media” y, a la vez, avale a quienes han demostrado abusar de ese sector. Una abierta contradicción que, o es una estrategia para retener a los fieles, renunciando a la ampliación, o es una política simplemente errática. La derecha más radicalizada se debate entre la rudeza y la campaña del terror.
Al contrario de esto, el mensaje del 21 de mayo tuvo un carácter que busca amplitud para llevar adelante las reformas del programa a través de la política. Es decir, con diálogo y convocatoria, poniendo los temas sobre la mesa para abrir debate en la sociedad. El énfasis en la reforma tributaria, el cambio del sistema electoral, el inicio del camino a una nueva Constitución, la reforma al código de aguas, el cambio del modelo educativo y la despenalización del aborto en determinados casos, son claros indicios de un programa socialdemócrata que concilia el eje transformacional con los avances logrados.
El mensaje se hace cargo de que el país puede discutir sobre distintos temas. Ese debate es sin vetos ideológicos y con claro sentido de reforma. Parte de los sectores liberales de la derecha recogieron, con matices, algunos de los desafíos.
El diálogo es parte de la democracia y debe incorporar la participación de amplios sectores de la sociedad. No sólo aquellos que sienten cuestionados sus intereses corporativos, o reducidas sus ganancias, sino que se realiza también sobre la base de hacer participar a la sociedad civil y sus postergadas demandas. Como señalaba el documento “convergencia opositora” en 2011, “recrear una cultura deliberativa que permita acometer no sólo las tareas en que hay consenso, sino también en aquellas en que tenemos diferencias”.