Un acuerdo que garantiza la reforma tributaria

Por Antonio Leal

Habrá reforma tributaria que recauda 8.200 millones de dólares para el cumplimiento de las reformas impulsadas por Bachelet y ello se produce, dentro de la filosofía de la equidad en la distribución de ingresos, con un aumento de la tasa impositiva a las grandes empresas y a los que más ganan. Se termina el FUT, aumentan las facultades fiscalizadoras del SII y, a la vez, se incorporan medidas que favorecen a las pequeñas y medianas empresas, el ahorro y la inversión.

Segundo, porque pone fin a una incertidumbre instalada en el país básicamente por la campaña de comunicación de la derecha y los gremios empresariales contra la reforma, y da una señal de confianza poderosa que sirve de inflexión en las expectativas de la economía que se muestran a la baja por los factores internacionales conocidos.

Tercero, porque la derecha se ve obligada a negociar una reforma tributaria que no quería y contra la cual había construido una verdadera campaña del terror, validando, con ello, la necesidad y justeza de un cambio estructural inspirado en la igualdad, que es el eje de las propuestas programáticas de Bachelet, el sostén de la reforma educacional y de las políticas sociales del gobierno.

Ello cambia el clima político y la correlación en el país, desdramatiza el tono apocalíptico con que sectores empresariales y tecnocráticos la había presentado, facilita el camino a otras reformas de fondo y le da sustento a la nueva tributación en el largo plazo. Es un acuerdo donde gana el cambio y la estabilidad.

Por cierto, todo acuerdo, implica concesiones y en este caso el gobierno ha debido renunciar a algunos aspectos conceptuales con los cuales había presentado la reforma, modifica ideas como la de la renta atribuida, que apareció por momentos como un aspecto esencial, transformándola en un mecanismo voluntario para las empresas y establece excepciones tributarias que dejan espacios para la evasión y elusión que deben ser contenidas fuertemente en la redacción de las indicaciones.

Más complejo aparece el alegato de las fuerzas políticas que no estando presentes en el Senado quedaron fuera de esta negociación realizada en segundo trámite en el Senado.

Hay allí una evidente responsabilidad del aparato político del gobierno que debiera haber informado oportunamente a los diputados y a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría de cada aspecto que se modificaba en el Senado y no, como ha ocurrido, que algunos de estos se enteraran por los medios.

Tiene razón Camila Vallejo en su crítica “no queríamos estar en la foto, sino en la discusión política” y esto debiera haber sido garantizado por el gobierno de manera de evitar suspicacias y exclusiones sobre todo cuando lo acordado en el Senado resguarda los principios de la reforma y no constituye, de manera alguna, una vuelta a la política de los consensos neutralizantes del pasado.

Lo mismo debiera haber ocurrido con los diputados que votaron el proyecto de reforma tributaria tal como venía del gobierno, porque así se les solicitó, y máxime cuando que esa aprobación y la agilidad con que el proyecto fue despachado fue determinante para que la derecha estuviera dispuesta abrir una negociación en el Senado.

Lo esencial es, por cierto, aprobar la reforma tributaria, pero las formas y los gestos en política cuentan sea con todos los partidos de la Nueva Mayoría que con otro poder del Estado y el gobierno debiera tomar nota de ello.

Sin embargo, la Cámara de Diputados no debe sentirse menoscabada en su rol y autoridad política, dado que es normal, y está en la esencia del sistema bicameral, que un proyecto pueda ser modificado y se abra una negociación en una Cámara distinta a la de origen.Justamente, el sistema bicameral permite que los actores reflexiones, dialoguen e incluso cambien de opinión entre un paso y otro.

Es lo que ha ocurrido en el Senado, donde la oposición ya no rechazó el proyecto, como ocurrió en bloque en la Cámara, porque este ya estaba aprobado por la mayoría de los diputados y corría el riesgo que el cambio se hiciera sin su participación o condenar al país a no tener reforma tributaria con los costos políticos y sociales que ello conllevaría para ellos. Pero también en el gobierno hubo un repensamiento.Esto porque hubo conciencia que la batalla comunicacional se había enredado y que, como mostraron las encuestas, la derecha y el mundo empresarial habían logrado crear temor en las capas medias y en sectores de pequeños empresarios.

Principalmente se pensó en la conveniencia que la economía y sus actores tuvieran de esta reforma y de la manera como se aprobaba en el Parlamento una señal de estímulo para su crecimiento.

A ello se agrega la acción decisiva de los senadores de la Nueva Mayoría de la Comisión de Hacienda, encabezados por su Presidente Ricardo Lagos Weber, que desde el primer día buscaron escuchar a todos, recogiendo las inquietudes, críticas y propuestas, y fraguar un acuerdo, para lo cual hubo allí, también, una actitud positiva de los dos senadores de la Alianza, que mantiene lo esencial de la reforma.

Incluso, los gremios empresariales se abrieron al diálogo y contribuyeron al clima de acuerdo, dejando en una insostenible posición a la derecha dura que quería hacer fracasar la reforma, entre ellos al propio ex Presidente Sebastián Piñera que actuó completamente desconectado y sin pensar en los intereses del país.

Por tanto, ¿ “tutto e bene quel che finisce bene”? Queda en el aire la polémica si este acuerdo implica retornar a la política de consensos del pasado. En mi opinión es una discusión que no tiene asidero real.

El momento de una compleja transición, con Pinochet de Comandante en Jefe del Ejército, senadores designados y vitalicios, donde los consensos ocuparon el espacio de lo que seconsideró posible, ya pasó definitivamente. La búsqueda de consensos para hacer avanzar reformas que terminarán con una parte de la dictadura que continuaba viviendo dentro del proceso de transición y lograra reformas sociales, se da en un contexto histórico distinto y hoy no es reproponible entre otras cosas porque ese cuadro de tutelaje de los poderes militares y fácticos, pese a los límites de la transición, fue modificado y porque hay una ciudadanía que exige reformas de fondo.

Es otro ciclo político y otra sociedad. En este, el bloque de gobierno tiene mayoría en ambas Cámaras, hay un fuerte liderazgo presidencial con un Programa que reúne un gran consenso ciudadano y hay diputados y senadores independientes y sectores políticos con espíritu positivo para avanzar en las reformas más allá de Nueva Mayoría. Es legítimo, y ninguno debiera escandalizarse porque está en la esencia de los procedimientos democráticos, que se ejerza la mayoría y nadie puede renunciar a ello porque sería menoscabar el poder entregado por los electores.

Pero, justamente, porque hay mayoría parlamentaria y social y una clara decisión de cambio, es que hoy es posible buscar el diálogo y acordar las reformas con un arco mayor de fuerzas sin que ello implique mediatizarlas, reducirlas o jibarizarlas. No hay que temer al diálogo si este es transparente, convocante hacia la sociedad y si ella se mantiene alerta y movilizada para impedir cualquier intento conservador que conduzca a un gatopardismo encubierto.

La ultraderecha ya no está, como en el pasado, en condiciones de bloquear todo, ha perdido hegemonía política y cultural y en sectores de la derecha hay la búsqueda de un perfilamiento más autónomo que no puede desoír por completo la voz de una ciudadanía activa y con capacidad de comunicación.

El debate y el diálogo es parte vital de la vida parlamentaria. Es allí donde se enfrentan las diversas visiones y se buscan acuerdos y mientras más sólida sea la mayoría que apoye reformas estructurales estás tendrán mayor consenso en la sociedad y se harán más sustentables en el tiempo.

Si en un tema no hay acuerdo, pues bien, el electorado ha decidido las mayorías y minorías parlamentarias y ambas deben ser ejercidas en plenitud.

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