El próximo 25 de febrero se cumplirán 33 años desde el asesinato de su padre, dirigente de la ANEF cuyo nombre lleva el actual diputado. Tenía 19 años cuando Tucapel Jiménez Alfaro, líder de los empleados fiscales y tenaz opositor al general Pinochet, apareció dentro del taxi que trabajaba, baleado y degollado. Poco después, el menor de los hijos del sindicalista partió a Suecia, país del que volvió en 1995, titulado de ingeniero de ejecución eléctrico y decidido a buscar justicia para el crimen que le marcó la vida.

“Veinte años después del asesinato de mi papá -cuenta- logramos la identificación de los culpables. Eso, como familia, nos dio paz. Las sentencias fueron bajas -por ejemplo, el fiscal Fernando Torres Silva recibió 800 días de pena remitida como encubridor-, pero eso fue secundario. No permitimos la impunidad y el respeto con que hoy se honra su recuerdo es otra forma de hacer justicia”, remarca.

Ha representado por tres períodos a las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón en la Cámara Baja, tiene fama de conciliador y buen futbolista. Actualmente preside la comisión de Trabajo y Seguridad Social, abocada desde el 29 de diciembre pasado al debate de la reforma laboral con la meta de ingresar el 1° de mayo el proyecto al Senado para su resolución definitiva. “No es fácil, pero sería un gran regalo a los trabajadores, porque este proyecto mejorará significativamente la calidad de vida de muchos chilenos”, comenta.

-El cambio del binominal incrementa la cantidad de diputados y senadores y, en consecuencia, el costo del Poder Legislativo para los contribuyentes. ¿Apoyará la propuesta de los diputados Jackson y Boric que reduce la dieta parlamentaria a 20 sueldos mínimos?

-La reforma del binominal no considera asignación presupuestaria, por lo tanto, tendremos que reasignar presupuestos para implementarla. Respecto al proyecto que usted menciona, estoy completamente de acuerdo, pero bajo ciertas condiciones.

-¿Cuáles?

-Que no sólo se refiera a la dieta parlamentaria e instale el debate a nivel nacional, en todo el sector público, incluida la Corte Suprema y los militares. Es decir, aprovechar para reducir la desigualdad en todo el sector público, de modo que el tope máximo de 20 sueldos mínimos aplique en todo el Estado.

Sindicatos empoderados

-Si ese fuera el tope máximo en el sector público, ¿agilizaría el debate para subir el ingreso mínimo a todos los trabajadores?

-Ese debate debe salir del Parlamento, porque los diputados no tenemos la facultad para elevar el monto estipulado por el Ejecutivo. Sólo podemos presionar señalando que votaremos en contra y, por esa vía logramos, cada vez, que el Ejecutivo suba montos que todos sabemos insuficientes para mejorar efectivamente la calidad de vida de quienes perciben ese ingreso. Mi esperanza es que, aprobada la Reforma Laboral, los sindicatos, ahora empoderados y en condiciones de igualdad con los empleadores, negocien sus propias condiciones salariales.

-El proyecto presentado por el Gobierno excluye la negociación por rama o actividad económica. En esas condiciones es improbable estandarizar ingresos en el país.

-En la práctica, el sector público negocia colectivamente y por rama de actividad, aunque por ley aquello le está prohibido. Sin embargo, cuando el Registro Civil hace un paro, por ejemplo…

-…pero eso es política de hechos consumados, que se corrige de igual modo, en tanto la ley no lo estipule como derecho laboral. ¿Presentará una indicación en ese sentido?

-El tema ya fue puesto en la última reunión de comisión por los diputados Andrade y Boric. No sé si en la Nueva Mayoría hay votos suficientes para respaldar esa propuesta. Muchos están alineados con el proyecto tal como está. Por mi parte, mientras más avancemos, mejor. Pero aun sin este cambio, creo que la propuesta del Gobierno le cambiará la cara al mercado laboral, en tanto se constituyan sindicatos fuertes, lo que será impulsado por la titularidad del sindicato sobre las reivindicaciones acordadas en cada negociación, de modo que quienes quieran acceder a esos beneficios deberán sindicalizarse.

Reforma de pensiones

Según trascendidos de prensa, el Gobierno evalúa dejar para su sucesor los avances que realice en referencia a la reforma del sistema de pensiones, tanto por razones estratégicas -todo indica que su debate quedaría para el 2016, en plena campaña municipal- como porque exige un nivel de coordinación entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, ya suficientemente tensionados por la Reforma Laboral.

Adicionalmente, las comisiones de Trabajo de la Cámara y el Senado ya estarían sobreexigidas por la reforma en curso y la agenda laboral asociada.

Jiménez, sin embargo, es optimista: “La entrega del informe encargado por la Presidenta a la denominada Comisión Bravo se previó para este mes, pero se postergó hasta mediados de año. En la comisión de Trabajo habíamos iniciado el debate de la AFP estatal, pero optamos por esperar los resultados de la comisión que trabaja una mirada global sobre el tema. Esperamos que su informe esté disponible a más tardar en agosto. Hay absoluta conciencia de que el sistema debe cambiar, de modo que todos los ojos están puestos en la comisión que la Presidenta designó, en la perspectiva que en este período presidencial esa reforma quede en marcha”.

-A su juicio, ¿el nuevo sistema de pensiones debería incluir a las FF.AA.?

-Ojalá. Y no quisiera traer a los militares al sistema de AFP, sino sumar al resto de los trabajadores chilenos a los beneficios que ellos, que siguieron en el sistema de reparto, hoy perciben. Si algo demuestra que la imposición del sistema diseñado por José Piñera partió de la mala fe, es el hecho que las Fuerzas Armadas fueron excluidas del cambio previsional al cual se obligó al resto del país durante el gobierno militar. Hay que homologar las pensiones de las Fuerzas armadas y la población civil. Mi padre, en los 80, llamó a no cambiarse de sistema y hasta hoy me encuentro con gente que me agradece haberle hecho caso. Pero los que empezaron su vida laboral en la dictadura no tuvieron esa opción y hoy el tema tiene proyecciones dramáticas.

-¿Qué opina de la recolección de fondos para la campaña presidencial realizada por el hoy canciller en un yate en Nueva York?

-Yo viví en el extranjero y sé que los chilenos viven pendientes de lo que pasa aquí. No veo la ilegalidad en que se junten para reunir fondos.

-¿La situación se equipara con el caso Penta?

-Es una pésima estrategia de la UDI la permanente porfía en empatar situaciones. En primer lugar, porque aun si fuera cierto y todos lo hiciéramos, defraudar al fisco es delito y una autoridad pública no puede justificar malas prácticas propias atribuyéndolas a una conducta generalizada. En segundo lugar, porque -como lo hizo Moreira- reconocer una conducta equivocada y dejar en manos de la fiscalía calificar si se cometieron delitos es lo que corresponde y cabe esperar de quienes hacemos las leyes.

“Aun si todos lo hiciéramos, defraudar al fisco es delito y una autoridad pública no puede justificar malas prácticas propias atribuyéndolas a una conducta generalizada”.