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Última actualización de esta página: 04 de mayo de 2021

 

Última modificación de este documento: enero de 2012

 


 

Documento presentado oficialmente ante el Servicio Electoral

 


 

Una Comisión Nacional, por mandato del XXXIV Consejo Nacional, reunido en el Canelo de Nos, fue la entidad encargada de tomar los acuerdos y convertirlos en un Documento que fue sometido a Plebiscito interno en las elecciones del PPD del 13 de mayo del 2012, oportunidad en la que por una muy amplia mayoría los militantes del PPD aprobaron la presente Declaración de Principios.

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El Partido por la Democracia, es un Partido Político de izquierda,
democrático, progresista y paritario.

El PPD está esencialmente comprometido con la dignidad de las personas, por tanto, con la transformación y el cambio social destinado a construir una sociedad justa e igualitaria, que asegure el ideal de un ser humano feliz, liberado del temor y la necesidad, de manera que pueda ejercer en plenitud, tanto los derechos culturales, sociales y económicos, como los derechos civiles y políticos y lograr su mayor desarrollo personal.

Esta Declaración de Principios del PPD se establece en momentos en que la colectividad está encabezada por lo siguientes dirigentes.

Carolina Tohá
Presidenta Nacional
Óscar Carrasco
Secretario General
Luis Matte
Tesorero
Vicepresidentes Nacionales
Guido Girardi Lavín
Ricardo Lagos Weber
Marco Antonio Núñez
Víctor Barrueto
Jorge Insunza
Sebastián Vergara
Presidente de la Juventud PPD

Santiago, enero de 2012

 

Comisión Nacional coordinadora del III Consejo Ideológico

Entre los años 2010 y e inicios del 2012 el PPD llevó a cabo un proceso de reflexión en torno a sus principios y valores, con el objeto de realizar una debida adecuación conforme a las nuevas realidades existentes. En 25 años de historia partidaria han sido tres los hitos más relevantes en la tarea de establecer un marco de principios fundamentales: el primero, en 1993, con el I Consejo de Organización, Ideas y Programa, del cual emergió la Declaración de principios, el Estatuto nacional y nuestras primeras Bases Programáticas.

El evento se realizó en noviembre del 2003, el II Consejo Nacional Ideológico, con el lema “Ideas para Chile”. En esta oportunidad se aprobó un valioso documento titulado “21 Tesis” que reforzaron los contenidos sustantivos de la declaración ya existente. Finalmente, en enero del 2012 se desarrolló el III Consejo Nacional Ideológico, evento en donde se abordaron modificaciones de gran importancia para adecuar la Declaración a los nuevos desafíos. Una Comisión Nacional, por mandato del XXXIV Consejo Nacional, reunido en el Canelo de Nos, fue la entidad encargada de tomar los acuerdos y convertirlos en un Documento que fue sometido a Plebiscito interno en las elecciones del PPD del 13 de mayo del 2012, oportunidad en la que por una muy amplia mayoría los militantes del PPD aprobaron el texto que ahora tienes en tus manos.

Son tres hitos que marcan de manera significativa la huella doctrinaria, de valores e ideológica del PPD, especialmente cuando el Consejo Nacional del 28 de enero del 2012, definió a nuestra colectividad como un “Partido de Izquierda, democrático, progresista y paritario”.

Este texto oficial que ponemos a tu disposición es una guía valiosa para nuestro trabajo partidario. Encarna esperanzas y expectativas de un mundo mejor y de una sociedad más justa. Aquí están encarnados nuestros sueños, nuestros ideales y las razones que nos motivan. Que sirva entonces como un documento de trabajo para fortalecer nuestra acción política, social y cultural.

 

III Consejo Nacional ideológico de 2012

 

Coordinador nacional
• Gonzalo Navarrete Muñoz

Comisión redactora
• Sergio Bitar
• Carolina Echeverría
• Jorge Insunza
• Antonio Leal
• Domingo Namuncura

Integrantes
• Patricio Bustos
• Juan Godoy
• Claudio Ibáñez
• Graciela Lazo
• Fernando Quilaleo
• José Antonio Ramírez
• Patricio Rodrigo
• Mauricio Rojas
• Mauricio Salinas
• Jorge Silva
• Adolfo Tannenbaum
• Valeria Valencia
• Francisco Varela
• Sebastián Vergara
• Francisco Vidal

 

Declaración de Principios 2012

El III Consejo Ideológico del PPD aprobó por unanimidad las siguientes definiciones centrales:

 

A. El PPD es un partido de Izquierda, Democrático, Progresista y Paritario.

B. Ligado a la cultura libertaria.

C. Que está por reemplazar el modelo neoliberal por un desarrollo sustentable y armónico.

D. Que promueve y defiende los Derechos Humanos en toda su amplitud, y especialmente, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los derechos del niño y de la niña, los derechos de los indígenas y los derechos de la mujer.

E. Centrado en los valores de Solidaridad, Cooperación, Diversidad, Responsabilidad, Fraternidad y Participación.

F. Su principal desafío es construir Igualdad en Chile

 

I. El PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

1. Es de izquierda, pues promueve y lucha por la igualdad, que entiende inseparable de la libertad, de la fraternidad y la solidaridad. Entiende que la igualdad no es posible sin libertad y que la libertad se limita en una sociedad de desiguales. De la misma manera, comprende que sólo con libertad e igualdad es posible vivir en una sociedad fraterna y que sólo con fraternidad podremos construir una sociedad de seres humanos libres e iguales.
Trabaja a favor de los sectores más débiles, del pueblo en general y de los trabajadores en particular, y contra las exclusiones, las discriminaciones, las explotaciones y las dominaciones que los afectan.

Lucha por la extensión de los derechos económicos y sociales, por la justicia social, por la reforma de las estructuras que son causa de miseria y atraso, por la extensión de la democracia a las relaciones sociales y económicas, por estimular y reforzar la organización de la sociedad civil, por crear instituciones que protejan a los trabajadores y garanticen relaciones laborales dignas y equitativas y por el estímulo a la participación popular en todas sus formas.

2. Es democrático, pues considera la democracia como el camino para la transformación social y como el sistema de organización política de la vida en sociedad, que hace posible vivir la libertad con igualdad y solidaridad. Busca eliminar los privilegios y las injusticias, ya sea por minorías o mayorías, y reconoce en el método democrático la forma de resolución de los conflictos.

3. Es progresista, pues se sustenta en los ideales del humanismo moderno, crítico y libertario.

Se funda en la autonomía y la libertad de las personas, en el pluralismo de valores y en el sentido de responsabilidad por nuestro destino común. Suscribimos la tradición humanista que ha nutrido los valores de la civilización democrática y, asimismo, integramos en nuestra visión de mundo la concepción de la armonía con el medio-ambiente, que se aleja del antropocentrismo.

Somos parte de una izquierda democrática, que promueve la igualdad de posiciones y de resultados, en base a la justicia social, el cuidado de la dignidad de las personas y el respeto a la diversidad.

El PPD comprende el progresismo como el conjunto de políticas tendientes a generar mayor libertad y justicia para los ciudadanos, que son sujetos de derechos y deberes en sociedad, que debe procurar entregar al ser humano mayor autonomía, mayor conciencia de sí mismo y su entorno, capacidades para ser dueño de su propio destino, ensanchando los espacios de libertad, extendiendo los derechos políticos, civiles y culturales, económicos y sociales.

4. Es paritario y trabajará para terminar con toda relación de dominio, de un sexo sobre otro, ya sea cultural, económica, política, legal o social. Se sustenta en los principios de la igualdad de género, que se construye sobre la base del reconocimiento de lo diverso, entre hombres y mujeres, sin discriminación ni orden jerárquico, sino que tiene como objetivo terminar con toda relación de dominio de un sexo sobre otro. Esta definición incluye la búsqueda de una representación paritaria de mujeres y hombres en las instancias de poder de la sociedad y el partido.

5. El PPD promueve una cultura libertaria, que se basa en el respeto inclaudicable a los derechos humanos, a las libertades individuales y colectivas, al Estado de Derecho, a la defensa celosa de la democracia, a la confianza en el diálogo y en la capacidad de persuasión racional de las ideas, al rechazo a la censura y a toda forma de integrismo y fundamentalismo. Respeta la libertad de las opciones personales, de pensamiento, de acción y expresión, no reconoce otra limitación que los derechos y libertades de los demás, para salvaguardar los intereses vitales que hacen a la sobrevivencia del conjunto.

 

II. El MILITANTE PPD

6. Los militantes y dirigentes del PPD orientan su acción política de acuerdo a los principios de la solidaridad, la responsabilidad, la transparencia, el respeto a las diferencias y la cooperación.

Promovemos la solidaridad como un rasgo humanista esencial. Una comunidad no es un espacio de coexistencia marcado sólo por intereses, alianzas y conflictos. La solidaridad descansa en una convicción ética, cuya expresión más fiel de humanidad y civilización es un trato digno a los más débiles, excluidos o discriminados.

La solidaridad es crear oportunidades para que los grupos o individuos discriminados puedan afirmar su propia identidad y ejercer su libertad, e integrarse plenamente a la sociedad.

La responsabilidad es la convicción que tenemos derechos y deberes, que compartimos un destino común y nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. Es también la exigencia de coherencia en la acción política, que nos exige congruencia entre la acción concreta y los valores que la sustentan, entre la práctica política y los principios éticos.

La transparencia implica empoderar a los ciudadanos y combatir los privilegios, rechazar la opacidad, el ocultamiento o la desinformación de la autoridad pública para escapar del control ciudadano. Significa impulsar la evaluación, la autocrítica y el rendimiento de cuentas frente a la ciudadanía como una actitud permanente de la autoridad política, lo cual exige la más amplia libertad de información.

7. Los hombres y mujeres del PPD promoverán la cooperación por sobre la competencia en el desarrollo de una sociedad más justa. Buscarán siempre enriquecer el debate, las decisiones y acciones públicas mediante la cooperación de la ciudadanía, a través de la participación y el diálogo. El PPD busca la construcción de acuerdos a través de procedimientos democráticos, conocidos y aceptados, y trabaja por la construcción de amplias coaliciones políticas que hagan viable el cambio en democracia. Las propuestas de cambio y de solución de los conflictos, propios de una sociedad plural y democrática, han de surgir siempre de la cooperación y del diálogo democrático, en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y libertaria.

8. El Partido Por la Democracia aspira a gobernar y cambiar la sociedad.

Los militantes deben cultivar un vínculo estrecho con la sociedad y la multiplicidad de organizaciones y expresiones ciudadanas, promoviendo en ellos los valores que nos sustentan y transformar en acción el compromiso político que nos inspira y, al mismo tiempo, deberán escuchar e interpretar las aspiraciones, anhelos y preocupaciones la sociedad civil.

Sus militantes que ejerzan posiciones de poder o desempeñen cargos en el Estado lo hacen para trabajar con fraternidad, transparencia y responsabilidad, por el cambio social en democracia y por una sociedad igualitaria.

El servidor público del PPD debe actuar con el máximo de responsabilidad, austeridad y eficiencia, porque administra recursos que son de todos los chilenos. Debe actuar en función del bien común, no de crear clientelas políticas. Debe estar abierto a la crítica y estimularla cotidianamente a través de todas sus actitudes y conductas. El militante del PPD, cuando ostente cargos políticos o de gobierno, ya sea a nivel directivo, profesional, técnico o administrativo, debe hacerlo con ética de servicio público, de acuerdo a los principios y valores de esta declaración, entendiéndose sometidos a estándares superiores.

La función pública es una vocación y un deber ante toda la comunidad.

9. La organización del PPD debe ser fiel a los principios y valores que lo animan y, sobre esa base, asegurar la participación, la democracia, la apertura, la descentralización y la flexibilidad.
Para ser congruente con sus valores y principios, la organización del PPD incentiva modalidades y actitudes democráticas, fraternas, abiertas, tolerantes, cooperativas y responsables.

La organización del PPD está orientada hacia la sociedad y se estructura a través de redes, donde cada unidad dispone de altos niveles de autonomía, volcada permanentemente al aprendizaje y con el máximo de responsabilidades radicadas en las instancias regional, provincial y comunal.

 

III. POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA

10. El PPD promueve un nuevo modelo de desarrollo armónico y sustentable, que responde a una visión integral y sistémica. Con este marco valórico, promueve una organización social que tenga como ejes las políticas ambientales, sociales y económicas y se exprese en los ámbitos cultural, institucional, territorial y global.

Está por reemplazar el modelo de desarrollo neoliberal que se sustenta en la subsidiariedad del Estado y genera una exclusión y explotación de los trabajadores, la depredación del medioambiente, la cultura de la competencia, la acumulación de la riqueza y la especulación financiera.

11. Somos partidarios de un Estado responsable económico y socialmente, que promueva la extensión de los derechos económicos y sociales y la justicia social; que sea capaz de impulsar reformas para combatir la miseria y el atraso social, la extensión de la democracia a las relaciones sociales y económicas que protejan a las trabajadoras y trabajadores y garanticen relaciones laborales dignas y equitativas. El PPD propicia un Estado fuerte y proactivo, con mecanismos eficaces de participación ciudadana, capaz de ejercer un rol productor, planificador, regulador y fiscalizador, que reemplace el actual Estado subsidiario.

El Estado debe impulsar el desarrollo productivo privilegiando la incorporación de diseño, valor agregado, investigación e innovación científica y tecnológica. Queremos avanzar a una economía y sociedad del conocimiento, donde la educación de calidad, el fortalecimiento y especialización tecnológica de los ciudadanos, genere puestos de trabajo bien remunerados, que redunde en transferencias y redistribuciones sociales que nos hagan avanzar hacia una sociedad igualitaria y con derechos sociales garantizados como salud, educación, previsión social, vivienda y trabajo de calidad.

El Estado debe velar por el adecuado uso y explotación sustentable de nuestros recursos naturales, especialmente aquellos no renovables. Nuestras riquezas básicas como el cobre, el litio, otros minerales y el agua deben ser de propiedad del Estado con un criterio de defensa de nuestro patrimonio.

12. La creación de una sociedad más igualitaria y la eliminación de la pobreza es para el PPD un imperativo ético. Aspiramos a un desarrollo socioeconómico sostenido y sostenible, que sólo es posible si se desarrolla y aprovecha todo el talento y creatividad de todos los chilenos.

13.-La redistribución del ingreso en todas sus formas es un imperativo ético y político de la mayor trascendencia y urgencia. Para ello se requiere de un Estado capaz de defender el bien común frente a los diversos poderes monopólicos, especialmente aquellos de tipo financiero.

El Estado debe defender a las personas de los abusos del sistema económico, promover el acceso en igualdad de condiciones a los mercados, afianzar los derechos de los ciudadanos, defender sus derechos a través de normas que los empoderen y tutelar los derechos de los pequeños accionistas. El Estado debe impedir la formación de monopolios que impiden la competencia y castigan a las pequeñas y medianas empresas. El Estado debe proteger y ampliar las oportunidades para los emprendedores, así como la micro, pequeña y mediana empresa y los pequeños productores, tanto rurales como urbanos, de todas las regiones y localidades de Chile.

IV. EL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES

14. Para el PPD el trabajo humano está en la base de la realización de las personas y de toda creación de riqueza y bienestar.
Reivindicamos un Estado de Derecho que garantice y promueva los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, la organización sindical, el derecho de asociarse sin restricciones, la transparencia en los actos administrativos, el derecho a emprender y desarrollar empresas, así como el derecho a no ser abusado, objeto de usura o engaño.

15. Uno de los pilares del orden económico y social, deben ser los acuerdos-marco de largo plazo entre trabajadores, empresarios y Estado, en los que tome cuerpo un proyecto de país que concierte voluntades entorno al desarrollo humano y la justicia social.
Estos acuerdos deben propender al bien común, la protección del medio ambiente, la innovación tecnológica y la formación integral de los seres humanos, priorizando los derechos de los trabajadores.

16. Es preciso integrar cabalmente a los trabajadores a las grandes tareas del desarrollo nacional, lo que supone el establecimiento de relaciones laborales de cooperación y concertación basadas en un justo equilibrio entre trabajadores y empresarios, específicamente en lo que dice relación a derechos laborales, sindicales y una justa remuneración.

Incrementar el reconocimiento y calidad del aporte de los trabajadores son requisitos básicos de un progreso sustentable y justo. El fortalecimiento del movimiento sindical es condición necesaria para un mayor aporte de los trabajadores al desarrollo social y para avanzar en la modernización de las relaciones laborales.
Esto requiere también de una acción preferente del Estado para estimular y favorecer la organización y educación sindical, la capacitación de los trabajadores y la promoción de relaciones horizontales de concertación social.

17. El PPD luchará para que el Estado garantice el trabajo “decente”, como un derecho humano y constitucional: la libertad de asociación, autonomía y soberanía sindical y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva y a huelga efectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. No basta con una economía que genere empleos, necesitamos una economía que genere trabajo decente, bien remunerado, productivo, que permita el desarrollo laboral y personal de quien lo ejecuta, que de acceso a la formación permanente, fundada en el respeto a los derechos laborales y sociales, basados en una relación de diálogo y negociación entre trabajadores y empleadores. Ninguna sociedad igualitaria será posible sin acceso a trabajos dignos y gratificantes y sin una justa distribución de la riqueza.

V. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS.

18. La democracia y los derechos humanos son los fundamentos que inspiran toda la acción del PPD. Proteger los derechos humanos y extender la práctica de la democracia hacia el conjunto de la sociedad son sus desafíos primordiales. Para el PPD, la democracia es la más alta conquista en la historia política de la humanidad y los derechos humanos su expresión esencial.

Por ello, hace suya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las declaraciones de derechos de segunda y tercera generación que ha adoptado el sistema de Naciones Unidas. Ellos están en la base del sistema y los valores democráticos, inspiran el respeto a la vida y la dignidad de las personas, son universales, indivisibles, superiores y anteriores al Estado, y se extienden al ámbito social, cultural y económico.

Para el PPD el Estado y sus instituciones son los principales responsables de resguardar la democracia y los derechos humanos en toda su extensión. Confiamos enel dialogo y la capacidad de persuasión racional de las ideas, rechazamos la censura y toda forma de integrismo, fomentamos una cultura de tolerancia que respete irrestrictamente la diversidad y luchamos contra la discriminación en todos los planos.

19. La democracia es el sistema político que mejor asegura la representatividad, el pluralismo y la participación de los ciudadanos en la construcción de la sociedad presente y futura, la sujeción de las autoridades a la ley, el control de su desempeño y la renovación periódica de los mandatos mediante elecciones. La democracia provee, asimismo, el mejor marco institucional para el respeto de los derechos civiles y políticos, para el ejercicio de las libertades individuales y para la convivencia social. El PPD es partidario de una democracia abierta y vigorosa, que entregue amplios espacios de participación a la ciudadanía.

El PPD aspira a la existencia de un Estado Democrático y Social de Derecho, que asegure la permanente extensión de garantías públicas y de los derechos a todos los ciudadanos. El PPD buscará siempre, y en todos los ámbitos, la expresión de las demandas ciudadanas y promover el cambio social a través de la democracia y la cooperación.

20. El PPD aspira a profundizar la democracia a través de la descentralización y regionalización efectiva del Estado y la sociedad, dotando de creciente autonomía a sus órganos regionales y municipales, y abriendo múltiples cauces para la participación ciudadana en la esfera de la vida comunitaria de todos los días.

El Estado debe garantizar un desarrollo regional armónico, que conlleve el fortalecimiento de una variedad de polos culturales, económicos y sociales, asumiendo la heterogeneidad del país.

21. Para el PPD el poder local y el desarrollo equitativo de los territorios forman parte esencial del régimen político. En consecuencia, el PPD aspira a una moderna y eficiente descentralización del país, que apunte a entregar un poder real a las regiones y a los municipios, transformándolos de meras administraciones a verdaderos gobiernos locales, con mayores atribuciones, financiamiento y presupuesto acordes con dichas potestades; y una toma de decisiones propia y autónoma de la mano de sus comunidades locales.

22. El PPD promueve la cooperación, que da un sentido compartido a la vida democrática y crea la base afectiva para el sustento de la igualdad y la libertad.

La expresión de los conflictos sociales a través de movilizaciones ciudadanas pacificas es inherente al avance de cualquier sociedad. En democracia, el cambio social se sustenta en la solución de las contradicciones, en base a criterios de justicia y la búsqueda del bien común.

23. El PPD reconoce que las formas avanzadas de democracia se sustentan en la diversidad y el pluralismo. La sociedad debe permitir la más amplia y tolerante libertad de credos, filosofías y actitudes ante la vida, reconociendo como único límite los derechos humanos.
La expresión y respeto de la diferencia es un componente esencial de la democracia y un factor de enriquecimiento cultural y, por tanto, de progreso espiritual, social y económico. El Estado debe asegurar estos derechos y libertades de manera irrestricta para alcanzar el progreso espiritual, social y económico de todas las personas.

VI. DEMOCRACIA, CIUDADANIA, PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES

24. Para el PPD la democracia se basa en el robustecimiento y extensión de la acción ciudadana. El ciudadano, en su dimensión individual y en la social organizada, es el verdadero protagonista de la democracia. Los ciudadanos y sus organizaciones son quienes construyen y viven la democracia, quienes están llamados a preservarla y perfeccionarla, y también defenderla.

25. En democracia el ciudadano es el titular de los derechos humanos, y tiene un rol activo y responsable en tanto habitante, trabajador y consumidor. Ciudadano responsable, porque es consciente de sus propios derechos y los ejerce, porque defiende esos derechos cuando poderes públicos o privados los limitan o conculcan, y exige del Estado la búsqueda del bien común, justicia y reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se hace cargo, en su familia y en los diversos ámbitos en que actúa, de educar a los otros respecto de la protección de estos derechos. Se interesa también por la vigencia de los derechos fundamentales fuera de Chile y contribuye al movimiento internacional en la promoción de la libertad y dignidad de todo ser humano.

26. Propugnamos una sociedad civil más densa y vigorosa, cuyos miembros asumen en plenitud deberes ciudadanos, como contrapartida indispensable a la igualdad de derechos.

27. La familia constituye un grupo humano fundamental para la sociedad, donde sus miembros conforman un espacio de formación y aprendizaje cuando se dan en ella relaciones de afecto, responsables, equitativas y solidarias.

La sociedad y el Estado deben reconocer todas las modalidades de familia y ofrecerles las mejores condiciones culturales, legales, económicas y sociales para su fortalecimiento y bienestar.

Una atención preferente debe dirigirse a las familias que viven en condiciones de pobreza o indigencia. Su situación hace muy precaria la vida familiar y los roles afectivos y formativos de la familia se ven afectados negativamente.

El Partido por la Democracia es respetuoso de la diversidad sexual y partidario de la plena igualdad en el respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, incluyendo el matrimonio igualitario.

28. Propugnamos una sociedad que prioriza el desarrollo personal y social, el fortalecimiento de las familias -cualquiera sea su modalidad- y asegure una vida en paz, sin violencia y abusos, que provea una educación de la misma calidad para todos, como un derecho básico.

El derecho a una educación de calidad para todos es la base para formar personas capaces de construir y ampliar una sociedad democrática, participar activamente en las decisiones y crear bienestar personal y colectivo. El PPD promueve una educación fundada en los valores solidarios, libertarios, igualitarios, de innovación y responsabilidad, desde los primeros años. Ella debe inculcar los valores de solidaridad y respeto, despertar el interés por los asuntos públicos y la protección del medio ambiente.

El Estado debe proveer los recursos para garantizar la calidad para todos y, en consecuencia, privilegiar su acción a favor de los más débiles. El PPD impulsará una educación gratuita y de calidad, desde los primeros años hasta la educación superior, así como una formación durante toda la vida activa. Así también, el PPD promoverá el acceso a la educación de personas con discapacidades o que son víctimas de discriminación social.

El Estado tiene la obligación de desarrollar un sistema de educación pública vigoroso en todos los niveles educativos. Sus objetivos deben ser la integración social entre los distintos grupos socioeconómicos, la promoción de los valores democráticos, de la cultura y la entrega una enseñanza de calidad atiengente a las diversas necesidades del país y a las identidades que conviven en su seno.

29. El PPD considera el derecho a la salud integral, resultado de variables sociales biológicas, ambientales y relacionales, como uno de los bienes sustantivos que la sociedad debe procurar. Declara su compromiso de asegurar una salud de calidad para todos sus habitantes, tanto en los niveles de promoción, prevención, cuidados paliativos y curativos, independiente de sus niveles socio-económicos, edad, territorialidad o tipo de enfermedad. El PPD impulsa una concepción de salud pública, donde hombres y mujeres tienen libertades, deberes y derechos universales.

30. El PPD apoya y trabaja por extender y mejorar la participación ciudadana.

La participación ciudadana en las organizaciones sociales es tan importante como en la política. Los sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales, centros de padres y apoderados, asociaciones gremiales, de consumidores, federaciones de estudiantes, clubes deportivos, entre otros, son instancias privilegiadas para hacer frente a problemas comunes, ante el Estado o instituciones privadas, para crear y difundir una conciencia comunitaria y participativa, en búsqueda de una sociedad más fraterna e igualitaria.

31. La existencia de una Constitución Política plenamente democrática es un deber ineludible y permanente del PPD y de todos sus militantes.

VII. DESARROLLO ARMÓNICO Y SOCIEDAD SUSTENTABLE

32. Para el PPD la preocupación por la sociedad humana es inseparable del cuidado de la naturaleza; somos parte de un mismo todo, del ecosistema global. Debemos velar para que las relaciones que se establezcan garanticen la sustentabilidad de los procesos sociales y económicos y su armonía con el ambiente.

El PPD recoge el paradigma del pensamiento complejo y de una mirada holística del desarrollo, donde la relación sociedad-naturaleza-tecnología son inseparables en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, sociales y ambientales del país.

33. Un nuevo modelo sustentable requiere de una armonización de las políticas económicas con las sociales y las ambientales, de modo que no se alteren los equilibrios ecológicos y no disminuya la calidad de vida de las comunidades.

El PPD valora y cultiva la riqueza interior de los fenómenos naturales, la belleza, el amor y prioriza lo cualitativo por sobre lo cuantitativo, como una forma de defender el ambiente y de este modo defender la calidad de la vida humana.

El PPD propicia una cultura ambiental que cambie los actuales patrones de producción y consumo, hacia uno ambientalmente responsable, cuidando que el trabajo y la producción, junto con dignificar a los trabajadores, sean amables y respetuosos con el medio ambiente.

Los militantes, dirigentes y toda la institucionalidad del PPD deben promover la defensa de la Tierra, en función de no continuar su irracional explotación con criterios de mercado.

34. El PPD hace suyos los principios de la Cumbre de la Tierra sobre medio ambiente y desarrollo.

El Estado debe asegurar un desarrollo sostenible que contemple la protección del medio ambiente. El Estado deberá nacionalizar aquellos recursos naturales -como el agua- y podrá concesionar temporalmente su administración, con el fin de proteger la sostenibilidad futura del medio ambiente y del desarrollo nacional.
35. El PPD promoverá la educación y conciencia ecológica de la ciudadanía, una participación creciente de la comunidad organizada y un Estado más calificado técnicamente para ejercer su rol de regulador ambiental, con políticas globales y sistémicas orientadas a preservar los equilibrios ecológicos.

 

VIII. PUEBLOS INDÍGENAS

36. El PPD reconoce en los pueblos indígenas de Chile una de las raíces fundamentales de nuestra cultura e historia y se compromete a restituirle sus derechos y a abrir los canales para su plena participación en la vida nacional. Estamos por superar el racismo, la discriminación y el maltrato histórico sufrido por los pueblos indígenas.

37. Reconocemos que la sociedad chilena es pluricultural, plurietnica y plurinacional, por lo que su relación con los pueblos indígenas deberá estar basada en el reconocimiento de sus derechos y en el respeto de su especificidad, autonomía y diversidad. Hacemos nuestra la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

38. El PPD defenderá la diversidad de expresiones de identidad de los pueblos indígenas, en sus distintos ámbitos: idiomas, prácticas medicinales, economías propias, formas de organización, pluralismo de sistemas jurídicos, filosofía y valores.

Sólo a partir del reconocimiento, difusión y valoración de su identidad étnica pueden formularse políticas que, preservando su autonomía cultural, promuevan su participación y desarrollo.

IX. POR UNA CULTURA LIBERTARIA

39. El PPD promueve una cultura solidaria y transformadora, que movilice un profundo fenómeno que exprese los valores sociales que son constituyentes de una ciudadanía democrática y progresista.

40. El PPD promueve una cultura que valorice a las personas por lo que son y no por lo que poseen; en que hombres y mujeres desplieguen sus capacidades en todos los ámbitos.

Queremos una cultura de la libertad, en que las personas puedan tomar sus opciones guiadas por sus propias convicciones e intereses. Somos defensores de la libertad de creación, opinión e información y contrarios a todo tipo de censura.

El PPD favorece la diversidad, la interculturalidad y la defensa y promoción de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, evitando su indiscriminado uso comercial.

41. El PPD estimularà la descentralización cultural, a partir de las identidades culturales de cada localidad. Fomentamos una cultura plural, que valore lo que es y ha sido Chile en toda su diversidad.

Queremos una cultura nacional abierta al mundo, capaz de recoger las contribuciones externas y dispuestas permanentemente a dar a conocer sus propios aportes más allá de nuestras fronteras.

42. Aspiramos a una activa participación de la sociedad en la creación artístico-cultural, pero el Estado debe ejercer en este ámbito una labor de fomento y difusión, a través de una institucionalidad pública que, resguardando la libertad de creación artística y la colaboración, favorezca la equidad y transparencia en las oportunidades para desarrollar y renovar el arte.

43. El PPD considera que el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación es un requisito fundamental de una democracia sana. Como parte de ello, promueve un acceso equilibrado y justo de los privados, el Estado y la sociedad civil a la posibilidad de abrir y mantener medios de comunicación. Así mismo, el PPD promueve la consagración de derechos ciudadanos para participar plenamente y en igualdad de condiciones en las nuevas oportunidades de comunicación e interacción que abre la era digital.

X. UNA SOCIEDAD PARITARIA

44. El PPD propicia una acción positiva orientada a una participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los planos de la vida en sociedad. La democracia será incompleta mientras una parte de la sociedad se vea limitada en sus derechos y oportunidades. Esto obliga a una gestión activa del Estado y de todas las instancias de poder en la sociedad, para incrementar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

El PPD aspira a consagrar constitucionalmente el principio de la igualdad entre hombres y mujeres; promover la comprensión de la maternidad y de la paternidad como una función social y de la crianza, cuidado y educación de los hijos como responsabilidad común de mujeres y hombres; garantizar a mujeres y hombres el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo de los nacimientos y el acceso a la información y a los medios que permitan el ejercicio de este derecho. Exige, por último, asegurar la igualdad en el acceso y las condiciones de trabajo.

El PPD quiere terminar con la discriminación de sexos, de tal modo que mujeres y hombres sean libres de elegir cómo desean desarrollarse personalmente y en relación a los demás. En consecuencia, promueve una responsabilidad compartida de hombres y mujeres en las tareas que tradicionalmente se consideraron sólo femeninas, como son las responsabilidades domésticas y el cuidado de los miembros de la familia que no son autovalentes (enfermos, ancianos y niños). El PPD es partidario de una organización del trabajo para hombres y mujeres que les permita asumir cooperativamente estas responsabilidades en el hogar, a través de horarios, condiciones de trabajo y tiempos de descanso adecuados para hacer compatible la vida laboral con la familiar.

45. El PPD promueve la participación paritaria de mujeres y hombres en los espacios de poder de la sociedad y es partidario de promover medidas activas para asegurar el logro de dicha meta.

46. El PPD rechaza también otras discriminaciones de que son objeto las personas en función de su edad, limitaciones físicas y/o mentales, su orientación sexual, sus opciones religiosas, políticas o culturales y se compromete a trabajar por su desaparición, pues son actitudes incompatibles con una cultura democrática.

XII. SEGURIDAD HUMANA

47. El orden público democrático es la base fundamental de la seguridad de todas las personas, pues reconoce los derechos que las protegen jurídicamente y permite su cuestionamiento a través de procedimientos participativos y legítimos.

Para el PPD, el orden público es el conjunto de principios, valores e instituciones básicas que sustentan la organización de la sociedad y, en consecuencia, su ordenamiento jurídico. De esta manera, la existencia de un orden público democrático y legítimo es la mayor garantía de su propio respeto, minimizando las violaciones al mismo y disminuyendo, a su vez, la necesidad de control y represión.

48. El PPD apunta a desterrar las causas de la delincuencia, la violencia y la inseguridad, que se sustentan en la desintegración social, la transformación de los derechos en mercancías y el cultivo de la desconfianza y el individualismo.

La seguridad ciudadana debe enmarcarse en una política democrática, que abarque todas las dimensiones necesarias para dar seguridad: seguridad personal, seguridad social, seguridad familiar, seguridad laboral, seguridad previsional, seguridad sanitaria, entre otras. La seguridad está así destinada a eliminar o disminuir los miedos y las razones de los miedos, que hay presentes en nuestra sociedad. No concebimos a las políticas sociales como un medio para la prevención del delito, sino como la decisión de la sociedad para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos.

49. Propiciamos la paz interna, nos oponemos a toda forma de violencia. El Estado es un actor irremplazable en la promoción de la paz y la justicia social, a través de la inversión social, la labor eficaz de la Justicia y las Policías y una ciudadanía activa y empoderada, dispuesta a colaborar con la autoridad en la mantención de la paz social y a denunciar sus abusos, si éstos tuvieran lugar.

50. El PPD impulsará políticas públicas que impidan la estigmatización a los sectores más vulnerados y más desposeídos, que promuevan la reparación y protección de la víctima, en todas las dimensiones en que esta haya sido violentada, y que aborden las causas y las consecuencias de la delincuencia y la drogadicción. Por tanto, se deben privilegiar las medidas preventivas, la rehabilitación de los consumidores problemáticos y evitar su estigmatización.

XI. POR UN CHILE INTEGRADO A LATINOAMÉRICA Y AL MUNDO

51. Un proyecto de izquierda debe fundarse en una conciencia planetaria. El PPD hace propios los conceptos de un mundo común y de la unidad de la humanidad en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y la responsabilidad compartida en la conservación de la naturaleza.

52. El PPD comparte el desafío de las fuerzas progresistas de gobernar democráticamente la globalización y establecer un orden internacional más justo y cooperativo, fundado en la preservación de la paz mundial y el desarme, en la solución pacífica de las controversias, el respeto a los tratados y convenios internacionales libremente pactados y la protección del planeta.

Somos partidarios de la readecuación de los organismos multilaterales a las nuevas realidades contemporáneas, en particular, al creciente potencial de los países en desarrollo para contribuir a la paz mundial, a una economía internacional justa, estable y dinámica y al resguardo del medio ambiente.

53. Favorecemos la gestación de un orden comercial más justo, abierto y transparente. Insistimos en la necesidad de contar con un sistema financiero internacional que se ponga al servicio del desarrollo, superando sus actuales asimetrías en contra de los países más pobres.

54. América Latina es la comunidad natural de Chile y nada puede hacernos perder de vista que nuestro futuro y posibilidades de inserción exitosa en el mundo pasan por la interrelación con las demás naciones que forman nuestro entorno histórico y cultural.
Propiciamos que América Latina reencuentre su vocación político-cultural, asiente las bases de su propia unidad y edifique los medios para intervenir creativamente en la política internacional.

Apoyamos todas las instancias de coordinación política y económica entre países, que permitan una inserción más ventajosa en la economía mundial y fortalezcan el poder negociador de América Latina. Favorecemos la convergencia de políticas económicas en la región, buscando conciliar la remoción de trabas administrativas al desplazamiento de personas, bienes, servicios y factores productivos, con la construcción paulatina de capacidad tecnológica regional, apoyada en inversiones conjuntas.

Somos partidarios de avanzar en un proceso gradual de desarme, para que podamos destinar el máximo de recursos al desarrollo y promoveremos formas de encuentro, intercambio e integración cultural permanente entre los países del Continente.

¿Por qué una nueva declaración de principios?

El Consejo Nacional de enero 2010, pocos días después que la Concertación perdiera las elecciones presidenciales y se cerrara un ciclo de dos décadas en el gobierno, tomó la decisión de convocar a un III Consejo Ideológico, con la tarea de elaborar una nueva Declaración de Principios. El sentido común compartido fue que debíamos realizar una reflexión colectiva sobre nuestra concepción, valores y prioridades y proyectar una nueva era de cambios para el país.

El Consejo Nacional de Ideas, Organización y Programa del año 1993 delineó la identidad del PPD en los ’90. El Consejo Nacional de Ideas Ciudadanas del año 2003 planteó una reformulación de las políticas progresistas que impulsábamos cuando éramos parte del gobierno con el Presidente Lagos, que luego se reforzaría con el Plan Nacional de Diálogos Ciudadanos del año 2007 y al Consejo Nacional de Aportes Programáticos del año 2008, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet. Todo ese proceso decanta ahora e incorpora una nueva mirada sobre nuestros desafíos futuros.

Nos hacemos cargo de los grandes cambios ocurridos en Chile y el mundo, porque conceptos centrales de nuestra identidad requerían una reformulación y porque, al mismo tiempo, hay nuevas fuentes de pensamiento y concepciones de mundo que hacemos nuestra, porque nutren y son parte de un pensamiento de izquierda y progresista del que somos parte.

Si en los ’90 aspirábamos a recuperar los valores de una democracia representativa, nuestro desafío de hoy es expandir una democracia ciudadana; si antes suscribíamos la igualdad de oportunidades, como un enfoque de justicia y libertad que se alejaba del igualitarismo autoritario que dominó a gran parte de la izquierda, hoy colocamos el acento en una igualdad de resultados, que recupera un rol activo de la acción política democrática; si al comienzo instalamos la agenda de género, hoy sentimos la necesidad de dar un salto hacia una política de paridad; si partimos hablando en Chile del respeto a la diversidad y la tolerancia, ahora acentuamos esa concepción en base al pluralismo de valores, que representa una mayor apertura a un mundo multi-cultural; si el eje de nuestro pensamiento era el humanismo, tanto el de origen racionalista, laico y cristiano, ahora también integramos una visión del vínculo entre el ser humano y nuestro entorno ecológico que se aleja del mero antropocentrismo; y, entre otros, si en un principio levantábamos los derechos de los pueblos indígenas, hoy reconocemos que Chile es una sociedad pluricultural, pluriétnica y plurinacional.

Hay una nueva síntesis conceptual, que también es parte de otro ciclo histórico. Somos conscientes de que asistimos a una era de profundos cambios. Ese juicio de realidad es un mar de fondo de nuestras conversaciones, debates y reflexiones.

El PPD se definió como “La Fuerza del Cambio” y anticipó con sus intuiciones, definiciones programáticas y acciones políticas el nuevo contexto que emergía en los años ‘90. Fue capaz de posicionar y dar visibilidad a diversos temas de la agenda ciudadana, en el ámbito de género, medioambiente, democratización, tolerancia y diversidad, derechos de los consumidores y usuarios y los nuevos y clásicos derechos de las personas. A la vez, el PPD sostuvo posiciones progresistas y de izquierda en importantes materias económicas: dijimos no a la privatización de las empresas estratégicas, fuimos partidarios de políticas de equilibrio fiscal y control de la inflación, de un rol fiscalizador del Estado e impulsamos mercados competitivos y regulados y, asimismo, propiciamos un crecimiento estable con políticas sociales activas. Todo ello le confirió originalidad y sentido de Estado al PPD.

Al mismo tiempo, sin embargo, no logramos realizar reformas estructurales que eran esenciales para nosotros. La lógica de la transición y los límites institucionales que dejó la dictadura, el espíritu liberal que predominó en amplios sectores de la izquierda y la desarticulación de los movimientos sociales, limitaron muchas de las transformaciones que los chilenos esperaban. Los sentimientos de desazón, desesperanza y frustración, y también de rabia, que existe en importantes sectores de la ciudadanía se fundan en esos límites.

Lo que ha cambiado es “el espíritu de los tiempos”.

La lógica del miedo se ha superado, la ciudadanía empieza a romper las rigideces de nuestra Constitución, la expansión de las clases medias instalan con fuerza los valores de la igualdad, la meritocracia, la transparencia y el deber de una acción legítima de las autoridades, y los movimientos ciudadanos se expanden en una cada vez más densa y atractiva red de organizaciones de distinto tipo y propósitos. Una nueva generación ya tiene su expresión propia.

Este proceso se apoya en la idea que se abre un “nuevo ciclo histórico”, que se caracterizará por la revisión del modelo de desarrollo, la demanda social por transformaciones y el protagonismo que asumen los actores ciudadanos para provocar los cambios que se requieren. La sociedad demanda más humanidad, respeto, participación e inclusión social, igualdad y calidad de vida.
Las revueltas democráticas en distintos lugares del mundo demuestran que la historia no se detiene. Si en los albores del nacimiento del PPD caía el Muro de Berlín y se abría una nueva era de apertura democrática, 20 años después otros regímenes monárquicos y dictatoriales están siendo desplazados por levantamientos ciudadanos. Asimismo, nuevas luchas por la igualdad y la justicia social se extienden por el mundo, en contra de los abusos del poder financiero, que generó una nueva crisis mundial, y la exigencia de un nuevo orden global, que resguarde equilibrios económicos, sociales y ambientales.

La crisis económica global del 2008 dejó una estela muy peligrosa para las democracias, porque la política y los estados afectaron gravemente su legitimidad al revelarse incapaces de contener y regular al poder financiero global. Y, en consecuencia, si las democracias no recuperan su credibilidad, abrirán espacio –como en otros ciclos históricos- a peligrosas corrientes populistas o autoritarias.

La crisis financiera es una crisis de la ideología neoliberal, que impuso un tipo de capitalismo desregulado y privatizador, redujo irresponsablemente el rol del Estado, minimizando la función de las políticas públicas, manipuló los mercados laborales, expandiendo el empleo informal y precario. Aumentaron las desigualdades y la brecha nacional y mundial entre ricos y pobres, trasladada ahora también al escenario de las naciones y de los pueblos.

Está en curso la más profunda y acelerada transformación tecnológica de la historia humana, a través de una expansiva revolución de la información y las comunicaciones. Ello aceleró el surgimiento de un mundo nuevo, global, interdependiente, más complejo y conectado en redes sociales cada vez más influyentes y participativas, con nuevas oportunidades para los países y para los seres humanos, lo que -sin embargo- coexiste con nuevas y viejas formas de dominación, exclusión, discriminación y pobreza.

Se internacionalizan y crean nuevas formas de producción, surgen nuevas modalidades de cooperación e integración de economías y mercados, se modifica el rol clásico del Estado-Nación y se abren los espacios cerrados que lo caracterizaron. Cambia la velocidad y el sentido del espacio y del tiempo y la globalización crecientemente determina todas las esferas de la vida pública y privada de las sociedades. Hay cambios profundos en los roles de los países y regiones en la economía mundial. Emerge un mundo multipolar, sin las hegemonías de antaño, que exige más participación y cooperación internacional.

Los fenómenos derivados de la globalización también colocan en crisis las formas de representación política, social y ciudadana típicas de la primera modernidad y que dieron origen a los estados de derecho. La crisis de la política, de los partidos, parlamentos e instituciones en general, descansa en una erosión de los paradigmas clásicos y de sus formas de concebir la sociedad política.

Surge una ciudadanía conectada en red cada vez más masiva, opinante e influyente. Las redes sociales están cambiando no sólo la forma de comunicar, sino de interrelacionarse entre los seres humanos y de estos con el poder institucional; han generado espacios de expresión crítica y de participación que van más allá de los canales tradicionales de la política.

Aparece con fuerza la ciudadanía informada y exigente, que reclama de los partidos políticos espacios de participación y transparencia en la gestión pública y nuevas formas de control ciudadano.

En medio de este cambio vertiginoso, los partidos políticos muestran signos crecientes de oligarquización, centralización y burocratización de sus prácticas políticas y en la forma cómo se adoptan las decisiones. El descontento y la desconfianza hacia los grupos dirigentes de los partidos crece a partir de la percepción ciudadana de la existencia de grupos cerrados, autoreferentes, que viven y se reproducen a sí mismos, sólo preocupados de la distribución del poder y cuyas formas de funcionamiento son vistas como excluyentes de la participación ciudadana.

Al mismo tiempo, surge una orientación más fuertemente post material en las demandas y deseos, abriéndose paso la expectativa no solo de la cantidad sino de la calidad, de los objetivos materiales a las emociones, del trabajo al tiempo libre, de las pertenencias definidas por estratos a nuevos estilos de vida.

Estos son los desafíos que asume la revolución de ideas y de valores del PPD.

Primero, la construcción de una sociedad más igualitaria.

Ello supone la superación de la economía de mercado de matriz neoliberal. Sus fundamentos y paradigmas están en crisis en el mundo y, en nuestra propia experiencia de gobierno, las políticas correctivas destinadas a producir equidad y derechos dentro del modelo han tocado techo. Por ello, las políticas públicas y sociales que redujeron significativamente la pobreza y dieron mayores oportunidades a la mayoría de la población, no lograron reducir la brecha entre riqueza y pobreza sino de manera muy modesta.

Hay que asumir que los ricos son más ricos que antes, aún cuando haya menos pobres y estos hayan tenido acceso a bienes materiales e inmateriales superiores. Las utilidades de las grandes multinacionales y de los sectores financieros se multiplicaron exponencialmente en la misma medida en que aumentó la diferencia de ingresos en la sociedad.

Ello nos habla de un límite estructural que ya no es posible abordar sino con un cambio profundo del modelo de desarrollo de nuestro país y con una nueva política redistributiva, en sus distintos ámbitos.
Repensar el modelo implica ir a la esencia de los objetivos del crecimiento económico que han servido de parámetro durante los decenios de los gobiernos de la Concertación y darse cuenta que ellos llevan ineluctablemente, más allá de las políticas correctivas de índole socialdemócrata aplicadas y de las políticas públicas destinadas a producir integración social, a una sociedad profundamente inequitativa, a un agotamiento de los recursos naturales del país, a una destrucción creciente del medio ambiente y de la calidad de vida de los chilenos y a una enorme concentración monopólica de la riqueza, que va acompañada –también- de la concentración del poder.

Segundo, estrechamente ligado al anterior, es la imperiosa necesidad de conciliar los objetivos económicos con los sociales y ambientales, que hasta hoy se han visto supeditados a una visión neoliberal, economicista, que reduce el desarrollo solo al crecimiento sin importar los costos sociales y ambientales, los que son externalizados por dicho modelo.

Necesitamos desarrollar y promover un nuevo modelo económico propio del progresismo, una economía sustentable, cuyas metas de desarrollo no estén ligadas a la explotación irracional de los recursos naturales y del hombre, sino a un tipo de crecimiento que coloca en su centro a la vida, no al dinero, a la sobrevivencia del planeta y no al lucro y a la acumulación.

La defensa del medio ambiente y una economía al servicio del ser humano, es hoy una necesidad imperiosa de un nuevo modelo de desarrollo en todos los planos y especialmente en los límites que hay que establecer a la desenfrenada inversión extranjera en recursos naturales, que desnacionaliza la economía y al crecimiento irracional de las necesidades energéticas del país, que permiten que toda forma de generación de energía sea lícita más allá de las verdaderas catástrofes naturales que ello produce.

Tercero, una nueva democracia y con la participación horizontal de la ciudadanía en los asuntos políticos y públicos del país.

Lo urgente es terminar con todo vestigio de la herencia institucional de la dictadura, sin aceptar los condicionamientos impuestos por la derecha en todos estos años. Pese a los avances en la democratización del país, quedan pendientes aspectos que limitan fuertemente el ejercicio de la democracia, del pluralismo, de la representatividad y de la legitimidad de las instituciones.

Ello pasa por la construcción de una nueva hegemonía cultural, que coloque los temas emergentes de la feminización de la política, de la mayor autonomía de las personas, de la diversidad de las formas de vida, de una educación y de una salud pública de calidad como responsabilidad del aparato público, de un acceso expansivo de la población a los mecanismos de la revolución digital.

Entregar más poder a los ciudadanos comporta desprenderse de una parte del poder de las élites, ampliar la concepción de la democracia.
La democracia no se agota en las elecciones, sino que debe incorporar formas de participación y vínculo de la ciudadanía cada vez más directas en las decisiones que se adoptan y que determinan la vida del conjunto de la población.

El PPD debe asumir con decisión que vivimos una época de incertidumbre y que en ella una fuerza de izquierda democrática y progresista debe ser capaz de ofrecer seguridad, no solo pública, sino también seguridad frente al riesgo, al abuso propio de la sociedad basada en relaciones económicas de mercado; seguridad y derechos de los usuarios, de los consumidores y derecho de una educación de mejor calidad y de mejores salarios, que están en la base de una mejor distribución del ingreso; seguridad de acceso a las nuevas tecnologías de la sociedad de las comunicaciones y de la información, a la innovación y a la creatividad; seguridad de paz y de integración con nuestros países vecinos; seguridad de un crecimiento sustentable que proteja la salud de las personas y la preservación del planeta; seguridad de un mayor bienestar.

Estamos convencidos que hoy es posible plantear la superación de la concepción fundamentalista neoliberal de la economía. Existe la posibilidad de plantear otra conducción y otra filosofía de la globalización, mucho más simétrica, que atenúe significativamente sus efectos perversos y redistribuya sus frutos de manera global, que descanse en una nueva arquitectura financiera y laboral internacional. Y de una participación activa, en la fraternidad latinoamericana, para crear instancias de gobernanza global en un mundo multipolar, basadas en la democracia y respeto a los ciudadanos.

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