Por Jaime Rubio Palma

Este factor ha sido, sin duda, tomado en consideración para la designación del mencionado Consejo, particularmente cuando la deslegitimación del Congreso Nacional alcanza altos niveles.

La creación de este Consejo no pretende invadir las atribuciones del Parlamento, sin embargo, es una constatación de que las normativas a discutir para limitar la influencia del dinero en la esfera política obliga establecer el máximo de transparencia, incorporando a otros actores en la elaboración de las propuestas con el fin de otorgarle mayor credibilidad y eficiencia a las mismas. El hecho que parlamentarios estén implicados en el financiamiento ilegal de sus campañas, le resta a una parte de los incumbentes  la potestad exclusiva y la solvencia política necesaria para generar un marco regulatorio más estricto y una institucionalidad más eficaz respecto de las materias encargadas al Consejo.

La evidencia muestra, además, que los parlamentarios, con excepciones por cierto, han sido reproductores del modelo actual – funcional al mercado y inhibidor de la soberanía popular – lo que explica, en parte, la falta de diligencia de ese poder del Estado para regenerarse y adoptar las medidas correctivas que directamente les afectan. Tampoco, los parlamentarios, se han destacado en jugar un rol pro activo en revertir las deficiencias de nuestra institucionalidad que desequilibra la representación democrática.

La creación del Consejo no debería ralentizar la tramitación de los proyectos ya enviados sobre el financiamiento de la política y los partidos políticos por parte del Ejecutivo, particularmente cuando los insumos están. Lo que se espera del Gobierno y el Congreso es intensificar su trabajo para impulsar las medidas requeridas, las cuales deben ser equivalentes al sismo político causado.

El sistema político no sólo pierde credibilidad y legitimidad al salir a la luz pública actividades contrapuestas al ethos ético de una sociedad democrática, sino también cuando los problemas de abusos y privilegios, tanto en el sector público como en los negocios, no se les pone coto con la suficiente voluntad política y no se hace cargo de acometer las reformas estructurales tendientes a cambiar sustantivamente el modelo económico y social que ha disparado a niveles críticos la desigualdad y segregación en Chile.

El insistir y abusar de la cuña “que las instituciones funcionen”, es contradictorio con el momento político que estamos enfrentando: una institucionalidad que está en crisis, hecho  reconocido por académicos, dirigentes políticos y parlamentarios, incluso de derecha. Es notorio que la credibilidad y legitimidad de la institucionalidad vigente no es garantía de fortaleza, lo que implica confrontarla con coordenadas éticas y políticas de envergadura, como también explicitando las medidas, tiempos y procedimientos para arribar a una solución.

El Ejecutivo tiene un importante rol al respecto, poniendo suma urgencia a los proyectos sobre corrupción, probidad y tráfico de influencias radicados actualmente en el Congreso. Adicionalmente enviando los proyectos que perfeccionen las normativas en materias de mayor transparencia, modernización del Estado, regulación remuneraciones sector público con reajustes diferenciados –menor para los altos sueldos y mayor para los más bajos- rendición de cuentas de las autoridades, libre competencia, mercado de valores y reforzar aún más las medidas contra la evasión y elusión tributaria.

Es necesario, sin embargo, ser un poco cauto sobre la efectividad de las propuestas a que arriben los miembros de ese Consejo, teniendo en cuenta que existen discrepancias entre ellos de cómo financiar las campañas electorales y los partidos políticos. Algunos de ellos van a insistir el mantener el financiamiento reservado de las empresas y se oponen al financiamiento fiscal de la actividad política. Al parecer sólo existiría consenso sobre el fortalecimiento del Servicio Electoral y en, ciertos casos, elevar las multas y penas a los infractores de las nuevas normas. Por otro lado, respecto a la pérdida del escaño del parlamentario (u otro cargo de elección popular) por prácticas irregulares de financiamiento, existen “matices”.

El proyecto del gobierno establece multas en caso de financiamiento irregular y sólo incluye la pérdida del escaño en forma indirecta, puesto que propone establecer penas de presidio en su grado mínimo a medio, por lo que, eventualmente, se podría provocar la pérdida del cargo. El problema es que el gobierno propone esa sanción sólo para quienes reciban financiamiento irregular por sobre UF 4.100 (más de $ 100 millones), lo que lo hace prácticamente inaplicable. En esta materia no se está escuchando la opinión ciudadana. En una encuesta reciente se reveló que un 86% de los chilenos considera que los parlamentarios que han financiado ilegalmente sus campañas tienen que dejar o renunciar a sus cargos de representación.

El Consejo, en su recomendaciones, debería, además, considerar propuestas para mejorar y reforzar la institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y la FNE  para darle mayor credibilidad y transparencia al mercado de capitales, elevar las exigencias de información de transacciones y operaciones, acordando elevar las penas y las multas a  los controladores y ejecutivos de empresas con montos superiores a lo defraudado por los ilícitos incurridos. Para tal efecto, es fundamental gradualizar las penas en forma estricta, tanto en lo penal como en lo pecuniario, para que estas cumplan un efecto disuasivo.

Es tiempo de cerrar resquicios para prever y evitar episodios donde el interés privado se impone sobre el interés general y el bien común, conteniendo de esta manera al capitalismo de su propio desbocado galope antiético y el entramado entre la política y los negocios.  Solo con mayores grados de transparencia se evita construir un prontuario de país corrupto, lo que implica que las transgresiones éticas y legales no queden impunes.