Por Jaime Rubio Palma
Asimismo, admitir que estas reformas implican cambios cuyos beneficios para la gente no son inmediatos sino de mediano y largo plazo. Ese desfase temporal debe ser transmitido para que tenga un anclaje en la subjetividad de los individuos.
Es crucial, entonces, contrastar argumentos y propuestas con todos los actores –con la NM, la oposición y los movimientos sociales- con el propósito de vislumbrar la posibilidad de ofrecer un futuro más colectivo y compartido. Este aspecto es esencial para disminuir las tensiones que todo cambio de tipo estructural involucra. Es por ello que es necesario ser más escrupuloso en el diseño de los proyectos, de lo contrario se erosiona la legitimación social de las reformas.
La derecha y los grandes empresarios piden que el Ejecutivo renuncie al Programa de Gobierno, puesto que para ellos nunca es tiempo adecuado para efectuar reformas, ni cuando el ciclo económico va al alza y tampoco en momentos de bajo crecimiento económico. Es natural, entonces, escucharlos pedir al Ejecutivo una redefinición de los contenidos del programa o subsumir algunos elementos del mismo.
Mientras, la NM todavía no muestra criterios comunes en torno a la gradualidad de las reformas y no exhibe una conducta que se pueda asimilar a la temperancia para zanjar las diferencias internas y, algunos de sus personeros o factótum, tienden acentuar las diferencias en forma artificial. Otros, siguen operando en una modalidad o estilo que reproduce la vieja antinomia de revolución/reformas, sin entender que los cambios siempre deben ser vistos como un devenir histórico, en permanente transformación y no como algo de gestación instantánea.
Es esencial, por tanto, desmarcar el debate de visiones maniqueas para evitar miradas diametralmente divergentes, en la perspectiva de concordar una hoja de ruta que se adecue al complejo escenario político y económico del país, asumiendo que tanto la priorización y la gradualidad es consustancial en el ordenamiento y la implementación de las reformas comprometidas. Y eso implica, captar y examinar las nuevas condiciones que presenta la realidad social, la que en esencia es dinámica. Solo así se podrán equilibrar virtuosamente las reformas con la gobernanza y ello no significa renunciar o morigerar un programa que es pertinente para el desarrollo inclusivo del país.
Reconocer que la ralentización económica es un hecho grave, lo que obliga instituir vectores en materia de inversión pública y privada para construir una matriz productiva más diversificada que haga viable un crecimiento sostenible en el largo plazo, tampoco puede ser interpretado como una abdicación programática.
Asimismo, ese cambio de ritmo no puede ser esgrimido para congelar el proceso constituyente tendiente a concordar las normas de convivencia cívica básica, es decir una nueva Constitución. Es urgente, por ende, delinear los hitos y componentes de dicho proceso, particularmente los atingentes al periodo presidencial presente. La misma prioridad requiere la agenda de probidad y transparencia, la reforma educacional y la reforma laboral, acompañada con mayores recursos para la salud pública, transporte público y seguridad ciudadana. Canalizar urgentemente estas medidas es un prerrequisito para acortar la brecha de credibilidad entre la política y la ciudadanía.
Lo que está ahora en el debate y debería orientar a la NM, con una mirada de largo plazo, es como materializar la universalidad y sustentabilidad de las reformas, dando curso a un nuevo paradigma de derechos universales en forma progresiva, subrayando que los cambios son un objetivo realizable y justifica su proyección estratégica como coalición política más allá de este gobierno.