El ex ministro de Obras Públicas de Michelle Bachelet Sergio Bitar está de vacaciones en el sur. Aun así, ha seguido la polémica que se generó luego que se revelara que Sebastián Dávalos, hijo de la Mandataria Bachelet y actual director sociocultural de la Presidencia, participó de una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, durante el proceso en que Caval -empresa donde su señora, Natalia Compagnon, es socia- pidió un crédito a la institución, por $6.500 millones.

Los ministros de La Moneda han defendido que habrá transparencia y han planteado que será él quien dará explicaciones después de varios días de silencio.

El caso comenzó a tener notoriedad internacional y llegó a una de las publicaciones más importantes de Estados Unidos: The New York Times. Para Bitar, que dedica gran parte de su tiempo a participar de seminarios y encuentros internacionales, la controversia tiene repercusiones claras.

-¿Qué le parece que el caso haya aparecido en medios internacionales?
-Este caso de Caval, sin duda, tiene impacto internacional. En la lógica de quienes siguen estos temas, podría vincularse al de la esposa del Presidente de México, que adquiere una casa y un bien por vínculos que se puede deducir que provienen de la influencia política.

-¿Afecta a la imagen de Chile?
-Es una materia que se suma al daño interno para el Gobierno y para la Nueva Mayoría, respecto de su transparencia y claridad en materia de lucha contra la desigualdad, de manera que debe ser zanjada, a mi juicio, muy rápido. Espero que Sebastián Dávalos perciba el daño al Gobierno y a la Nueva Mayoría, y renuncie. Y además, debemos extraer otras conclusiones respecto de temas como este que, no siendo ilegales, los hacen otros chilenos, que son operaciones de carácter especulativo y que debiéramos también regular mejor.

-¿Qué se debería modificar?
-Por ejemplo: en todos los países existen medidas, normas que permiten al Estado retener parte de las plusvalías generadas por decisiones del Estado. Si se decide un cambio de uso del suelo, los dueños de los suelos van a ser beneficiados sin haber trabajado. En muchos países, ese efecto de mayor valor es captado por el Estado, vía tributos para invertir en cuestiones sociales.

-¿Debería revisarse eso también?
-Sí, porque no es solamente de una empresa, Caval, sino que es una tarea que hacen muchas veces muchos especuladores inmobiliarios. Lo mismo respecto de los procedimientos de cambio de uso del suelo. También en esto conviene que revisemos, de manera que sea extremadamente transparente, y en cada paso que se dé exista la obligación de hacerlo en conocimiento público. Hay una materia inmediata, que dice relación con la imagen del Gobierno, que obviamente está siendo afectada, y hay una decisión más larga, de perfeccionar los mecanismos para evitar que de algo que resulta de una decisión del Estado, solo sea beneficiado el propietario.

-¿Cómo evalúa el manejo de la situación por parte del Gobierno?
-Es un tema muy complicado, difícil, y creo que el ministro del Interior lo ha hecho con mucha claridad, exigiendo transparencia y trasladando la responsabilidad adonde debe recaer. Confío en que Sebastián Dávalos se percatará del efecto que tiene el caso en que está involucrado, aun cuando no sea ilegal.

-Si no se percata, ¿corresponde que el Gobierno le pida la renuncia?
-No me pongo en el caso de que no se percate. Creo que es tan obvio, que no me quiero poner en la otra situación.