"Se requiere un cambio de paradigma que ni la Coalición ni la Concertación han adoptado"

La mañana del jueves, el senador por La Araucanía y presidente del PPD, Jaime Quintana, envió un documento de dos páginas al ministro del Interior, Andrés Chadwick. El texto, titulado “Agenda por un nuevo pacto”, resumía los nueve puntos que había planteado en la reunión celebrada la noche anterior en Cerro Castillo, donde además del secretario de Estado asistió un grupo de parlamentarios de la zona, el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado.

El objetivo del encuentro, que se sumó a una serie de conversaciones entre el Gobierno y líderes de la oposición en los últimos días, y que se replicará mañana en Temuco, era avanzar en un acuerdo que permita frenar el recrudecimiento de la violencia en la zona tras el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, en Vilcún.

“Se han producido acercamientos que nunca habían existido”, reconoce. Y agrega que, si bien es crítico de algunas actitudes que han tenido representantes del oficialismo, “aquí hay conciencia de que esto no es para sacar provecho político desde ningún sector”.

 Usted es senador por la zona y su señora es alcaldesa de Vilcún, ¿qué opina de los acontecimientos de la última semana?

-Creo que son de los más graves que nos ha tocado vivir porque han fallecido personas. Esto es sólo comparable con lo que fue el asesinato de Lemún, de Jaime Mendoza Collio, de Matías Catrileo… son hechos graves que nos sitúan en un contexto en donde tenemos un serio déficit: falta de entendimiento, falta de diálogo, desencuentros profundos e históricos, y eso se traduce finalmente en violencia. Esto no puede continuar. Me resisto a que la imagen de carabineros fuertemente armados, por un lado, y encapuchados, por otro, sea la imagen de la región.

-¿Cómo explica esta situación?

-El problema es que los gobiernos, en general, se han limitado a mirar esto como un tema de pobreza. Los mapuches están dentro del segmento más vulnerable del país, pero no es con medidas policiales ni con programas de superación de la pobreza como se va a resolver.

-¿Cómo evalúa el manejo del conflicto por parte del Gobierno?

-El Gobierno ha sido persistente en mostrar solamente la línea de la mano dura, y ahí es donde se ha equivocado. Aquí no sirve la política de sheriff ni autoridades policiales provocadoras. La mano dura existe ahora y ha existido antes. Los gobiernos de la Concertación no tuvieron menos mano dura, y eso es parte de la autocrítica que yo me hago. La política de sheriff no le queda bien ni al fiscal regional ni al general de Carabineros ni al intendente ni al ministro del Interior ni a nosotros.

“Eso no significa que no haya que buscar responsables. Al revés, no hay ningún ciudadano de la región, ningún habitante ni comunero, salvo quienes perpetraron este hecho, que no haya sido categórico en condenarlo. Todos condenamos la violencia, pero hoy necesitamos inteligencia policial, efectividad. Los recursos que se han entregado en este último año a las policías han sido cuantiosos. Sin embargo, la sensación de inseguridad nunca ha sido tan grande como hoy”.

“El principal error de la Concertación fue propiciar que nos quedáramos sin movimiento social indígena”

-¿Hace alguna otra autocrítica por el desempeño de la Concertación en esta materia?

-El principal error que cometió la Concertación fue propiciar que nos quedáramos sin movimiento social indígena. ¿Qué pasó con los firmantes del acuerdo de Nueva Imperial, con la dirigencia social? A gran parte de ellos los fuimos incorporando al Estado, los transformamos en funcionarios públicos y muchos se fueron defraudando por nuestras políticas públicas. Probablemente otros se fijaron expectativas de un reconocimiento más profundo, que íbamos a hacer más por ellos, no solo desde el punto de vista de la pobreza.

-¿Cree que fue efectiva la política de entrega de tierras?

-La tierra no puede estar fuera de cualquier intento de pacto o de un nuevo trato. Sin embargo, la forma cómo se entregaron las tierras es motivo de cuestionamientos, porque fue un sistema completamente desreglado y finalmente terminó favoreciendo a poca gente. ¿Cómo se explica sino que de las aproximadamente 500 comunidades, de cerca de dos mil, que pueden exhibir hoy documentos y títulos de merced, con el nivel de avance durante todos los gobiernos de la Concertación, y también con el actual, no alcance ni siquiera a cubrir el 25% de esa demanda?

-¿Por qué no se hizo?

-Nos acostumbramos a un mal sistema. Pero era difícil hacer algo distinto, porque mientras la Concertación entregaba tierras, la Alianza decía “de nada sirve que se entreguen esas tierras porque quedan botadas si se entregan sin apoyo técnico”. Esa frase refleja un desconocimiento de la cultura del pueblo, porque ellos verán para qué quieren esas trece o catorce hectáreas que se les entregaron. No podemos imponerles un molde de agricultor…

-Parte de las críticas de la Alianza apuntan a la entrega de predios “a discreción” durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet…

-Siempre se han entregado tierras a discreción. Este gobierno también lo ha hecho. Hay que limitar ese sistema lo más posible, ojalá no existiera porque los mapuches también esperan reglas del juego claras, sino el que está con sus papeles al día, va quedando al final de la lista.

-¿La aplicación de la Ley Antiterrorista podría obstaculizar el acuerdo con el Gobierno?

-El Gobierno sabe lo que yo pienso del uso de la Ley Antiterrorista y de los estados de excepción, pero ahí nosotros sólo podemos dar recomendaciones. El Estado es el que invoca la ley. Nuestra opinión como oposición es que la Ley Antiterrorista no ha sido eficaz en este gobierno como no lo fue en los anteriores. Es más bien una señal comunicacional que probablemente en algún momento sirvió, pero que para los autores de estos hechos tan graves, no es un mecanismo disuasivo.

-¿Por eso la rechazan?

 

-Desde el punto de vista procesal es discutible también. Por ejemplo, el caso del incendio que terminó con las vidas de estos dos agricultores en Vilcún, por ley común, podría contemplar una pena alta, prácticamente igual que con Ley Antiterrorista. Pero si ésta se invoca y finalmente el magistrado no logra calificar el hecho como terrorista, el imputado solicitará la nulidad del juicio, porque no cuadra la sentencia con la forma como se llevó el caso, y se la van a otorgar.

“Llegó el momento de un nuevo pacto entre el Estado y las comunidades indígenas”

-Al ser parlamentario por la zona, usted se ha convertido en uno de los interlocutores con el Gobierno. ¿Está coordinado con los otros presidentes de partidos de la oposición?

-Les informé de esta conversación que se había iniciado y que va a continuar, y siento que hay respaldo de los demás partidos.

-¿Qué espera de este acuerdo?

-Esto requiere reconocer que hay muchos vacíos en distintas legislaciones que no dan cuenta de un Estado que considere los derechos indígenas. Llegó el momento de un nuevo pacto entre el Estado chileno y las comunidades indígenas en general, no sólo en La Araucanía.

-En concreto, ¿qué es este nuevo pacto que usted plantea?

-Asumir que la manera como hemos abordado el tema indígena fracasó. Lo que se requiere es un cambio de paradigma, que ni la Coalición ni la Concertación han adoptado por el miedo a perder poder. Hoy debemos establecer con ellos una convivencia y compromisos distintos, cambios institucionales, legislativos, culturales… Representación política en todos los niveles. Ahora, no sé si el nuevo pacto va a ser durante esta administración o de la próxima, no depende sólo del gobierno, de la oposición ni de los parlamentarios; depende también de si los verdaderos actores, que son los mapuches, se sientan a conversar.

-¿Cómo propone que se materialice esa conversación?

-Eso es un tema muy delicado, vamos a tener que partir conversando con los actores institucionales indígenas: los consejeros nacionales elegidos por las comunidades, y los alcaldes y concejales mapuches. Ellos son los primeros actores que hay que sentar a la mesa, y luego trabajar para que la mesa vaya creciendo con otros dirigentes, hasta llegar a instancias mucho más amplias con presidentes de comunidades y con líderes tradicionales.

“Además, hace unos días le planteé al ministro Cristián Larroulet incorporar un porcentaje de dirigentes mapuches a la elección de Cores. También hemos propuesto reflotar el proyecto que presentó la ex Presidenta Michelle Bachelet -que podrá ser objeto de algunas modificaciones-, que es la creación de la Asamblea Nacional Indígena o del Consejo Nacional de Pueblos. Eso es fundamental porque nos legitima y nos devuelve la interlocución”.

-¿Espera lograr estos objetivos en el diálogo con el Gobierno?

-Tenemos acuerdo en algunas áreas globales: en el tema de reconocimiento, representación política e institucionalidad. En el tema tierras aún hay diferencias, aunque francamente no creo que sean insalvables.

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