En la capital hace más de 10 años se realiza la Marcha “Cultiva tus Derechos”, que en su última versión convocó a más de 400.000 personas en Santiago. Asimismo, desde hace varios años en todas las grandes ciudades de Chile se realizan también multitudinarias manifestaciones.

En todas aquellas se observa un profundo respeto cívico, así como una enorme diversidad de actores permitiendo que se manifiesten jóvenes, adultos, ancianos, hijos, madres, padres, colegas de trabajo, profesores, políticos y tantos otros, en un clima de admirable paciencia y respetuosa alegría, porque sienten una profunda carencia.

Dicha carencia, sin embargo, no es de plantas, ni de risas, ni de aceites, ni de cremas, ni de drogas, sino una carencia de libertad personal. Estos miles de ciudadanos no se movilizan por simples antojos ni por moda, sino por un profundo deseo de recuperar la autonomía y libertad que el ser humano merece, en el momento de ejercer su soberanía individual, a la hora escoger que consumir en su hogar, en su vida y en su cuerpo.

En su idea original, el proyecto de ley emanado desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados proponía un máximo de 10 gramos para porte y 6 plantas para autocultivo, cantidades que si bien son mezquinas para la realidad de muchos usuarios medicinales promueven sin duda un avance sustancial descriminalizando a quienes consuman o cultiven.

Lamentablemente luego de una reunión, entre representantes de la Comisión de Salud y el Ejecutivo, trascendió a través de diversos medios que este último propone rebajar el porte a un máximo de 4 gr y limitar el autocultivo a solamente 1 planta, lo cual es vergonzoso y preocupante. Con una planta como máximo es casi imposible lograr un abastecimiento que desvincule al usuario del  narcotráfico.

La vida vegetal, así como la agricultura, presenta complejidades asociadas a múltiples variables, por lo que jamás sería posible asegurar que una planta se desarrolle sin ningún tipo de inconvenientes durante 4 o 5 meses hasta la época de su cosecha. Por eso es que la idea de tener una sola planta no sólo es impracticable, sino además denota una ignorancia aberrante. Con esas condiciones sería una ley hecha para no cumplirla. Además implicaría poner más fuerzas policiales a fiscalizar y más personas aún serían criminalizadas, cuando lo que se pretendía con el original proyecto es justamente lo contrario.

La denominada Ley Autocultivo, aun cuando no propone un cambio radical respecto a nuestra política de drogas, significa un tremendo aporte a la vida de cientos de miles de usuarios medicinales, sacramentales y/o recreativos de la planta. Avanzar en esto permitiría por fin descriminalizar a los consumidores y cultivadores.

En lenguaje simple, permitiría que un jefe, cliente, pariente o pareja no considere un delincuente criminal a quien fume o plante.  Además, esta iniciativa legal promueve un avance estratégico para modificar en el largo plazo y gradualmente nuestro paradigma desde el “Prohibicionismo” hacia la “Reducción de Daños”.

Son este tipo de posiciones limitadas, ignorantes y prohibicionistas imperantes las que han impulsado a los usuarios a vincularse con redes de narcotráfico. El “prohibicionismo” y sus adherentes, por más de 50 años, ha promovido una “guerra contra las drogas”, que según un enorme consenso político en Latinoamérica ha sido un total fracaso si se considera que los índices de narcotráfico, consumo y conductas problemáticas aumentan de manera proporcional al gasto que los estados realizan en combatir el problema. En cambio la segunda visión, enfocada en la “Reducción de daños”, no propone que las personas dejen de consumir una u otra sustancia,  más bien busca minimizar el impacto de las externalidades negativas que dicho consumo provoca en la sociedad a nivel colectivo.

En este contexto, resulta preocupante que el único de los 3 poderes del Estado que continúe defendiendo este paradigma prohibicionista sea el Ejecutivo, a diferencia del Legislativo y el Judicial, que a través de un clarificador fallo de la Corte Suprema reconoce a un matrimonio su derecho a cultivar y consumir cannabis, aclarando que la Ley 20.000 tipifica un delito solamente cuando hay ánimo de comercialización y reconoce una interpretación errada cuando en el pasado se condenó a quienes cultivaban o portaban sin dicha intención comercial.

¿No es acaso esquizofrénica la tendencia de algunas autoridades? Eso de mostrarse preocupados por la salud de los jóvenes y adolescentes oponiéndose al cannabis, pero guardando silencio frente a los preocupantes aumentos en las tasas de alcoholismo adolescente, o frente al aumento del consumo de ansiolíticos o antidepresivos.

En Chile, un 21% de la población adulta declara haber recibido como diagnóstico médico la depresión. Por otra parte, el consumo de antidepresivos ha aumentado 470% en las últimas dos décadas. ¿No amerita aquella realidad una mayor preocupación y sentido de urgencia que esta antojadiza oposición a una planta que lleva más de 7.000 años documentados en el mundo y una centenaria tradición cañamera en Chile?

El Estado, las autoridades y la institucionalidad poseen con la juventud una enorme deuda en la consideración de sus orientaciones valóricas y conductuales. Un sondeo del Instituto Nacional de la Juventud, publicado en noviembre del año recién pasado, señaló que el 82%  considera que el consumo de drogas es opción propia de cada persona. La misma encuesta señala que un 63% está muy de acuerdo con la despenalización del cannabis, mientras que respecto a la mejor forma para controlar el consumo de cannabis un 44% considera el autocultivo como la mejor opción y un 33% cree que el camino más eficiente sería la legalización sin restricción.

Podrían algunos creer que la juventud, en su inexperiencia e impetuosa jovialidad, se encuentre equivocada o posea una opinión superficial frente al tema. Sin embargo, llama la atención que un 97% sostuvo que la pasta base es una de las sustancias mas dañinas para la salud. Es decir, los jóvenes tienen claro lo mismo que señala Pepe Mujica, pero que lamentablemente muchos en Chile aún ignoran: es la pasta base, su consumo, el tráfico y el comportamiento problemático asociado a la adicción lo que desemboca en altos niveles de delincuencia, ese es el abominable “cáncer social”, el verdadero antagonista del bien común. No la marihuana.

La JPPD, como juventud tolerante, diversa, progresista, democrática y con fuerza transformadora, repudiamos toda acción intolerante y conservadora por parte de parlamentarios PPD, que sin argumentos de fondo y con total ignorancia respecto al cannabis y a la dinámica social de las poblaciones más vulnerables de Chile se oponen a depositar la confianza en el ser humano. En cambio, buscan perpetuar la ya perdida “batalla contra las drogas”, asumiendo erróneamente que el problema radica en la sustancia.

No aceptamos que la única droga recreacional que ampare el Estado sea el alcohol. Menos aún cuando el monopolio de esa industria lo posee una empresa transnacional como la C.C.U, que pertenece al Grupo Luksic. La juventud chilena ya no acepta que los mismos dueños de los banca, de los medios de comunicación, del transporte marítimo y de las telecomunicaciones sean también los dueños de nuestra diversión y salud. La juventud chilena pide a gritos Libertad. Pide a gritos Autocultivo.