Esta es nuestra respuesta al planteamiento de los actores sociales de la educación. Nos comprometemos a que el debate en torno a este tema que vendrá, y que tendrá lugar a nivel legislativo, sea de cara y no de espaldas a los actores sociales, contando con una activa participación de éstos. Este es un borrador abierto al diálogo de la sociedad chilena.

Esta movilización ciudadana, una de las más grandes y extensas que recuerda nuestra historia, ha puesto en el centro del debate nacional la preocupación por asegurar una educación de calidad y equidad para todos y reponer la educación pública en todos los niveles, para que ella cumpla los propósitos de inclusión y movilidad social, desarrollo integral de las personas, formación de ciudadanos responsables y solidarios, cultivo de las ciencias, las artes y las humanidades. Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son pilares de un solo edificio cuya columna vertebral es el concepto de educación como bien público. Más aun, este movimiento le ha recordado al país que respecto del conjunto de la educación, corresponden al Estado deberes imperiosos para reforzar, extender y garantizar el derecho a la educación como un derecho social y humano universal.

Para ello es necesario comprender que este clamor no es por un par de ajustes o unos beneficios aquí o allá, sino que es una demanda social por un cambio en los principios que organizan y dinamizan al sistema educativo, por un cambio estructural del modelo que hoy tenemos. Debe avanzarse hacia un sistema de financiamiento y una institucionalidad que garanticen, en forma efectiva, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

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Imagen: universitarios.cl