Por Jaime Rubio Palma
Por tanto, se hace imperioso que el gobierno y las elites políticas pongan el acelerador en la definición de normativas claras –sin resquicios y artilugios de “hecha la ley, hecha la trampa” – que garanticen resolver el tema de la probidad y la transparencia en el ámbito público y en los negocios para mirar el futuro, sin que ello desmonte la acción de la justicia.
Es indispensable salir del hoyo toxico en que nos encontramos. El rol del gobierno en esta tarea es vital, iniciando una nueva etapa que, en forma paralela, desinfecte la política de los negocios, enviando para tal efecto al congreso un paquete de proyectos con urgencia máxima que hagan inviables la ocurrencia de fraudes y comportamientos ilícitos. Simultáneamente, que se centre en reactivar la agenda de reformas sustantivas que son parte de la estructura y del ADN de la Nueva Mayoría, sustentándolas con argumentos sólidos y mejor gestión política, evitando los impactos negativos que todo intento de reformas conlleva.
Las causales de la crisis exigen pasar de la reacción indignada a una reacción proactiva para lograr la esterilización del sistema. Con decisión se tiene que crear un nuevo contexto político, con los anticuerpos suficientemente fuertes para generar la confianza pública imprescindible para proyectarnos a un futuro sin las sombras del presente, lo que implica también continuar resolviendo los problemas que son permanentes, incluyendo las medidas para disminuir las enormes brechas de desigualdad. La legitimidad de este gobierno dependerá, en gran medida, de cómo resuelve –en ambas dimensiones- el tema de la probidad y de la implementación exitosa de su proyecto transformador.
Para viabilizar, a todo nivel, un comportamiento acorde con las normativas legales y la ética, se requiere también una profunda reevaluación de los valores morales que están primando en nuestra sociedad, particularmente la preeminencia del tener sobre el deber ser, lo que motiva conductas en las personas, en su accionar cotidiano, que subvaloran las consideraciones éticas para obtener dinero, poder y prestigio. Por consiguiente, es fundamental poner en el debate público esta realidad para socializar nuevos estándares éticos.
Es imperioso, adicionalmente, establecer diálogos más fluidos entre el gobierno y la Nueva Mayoría, que no sólo abarquen la coyuntura y la implementación participativa de las reformas sino, también, la proyección estratégica de la coalición. Juega en contra de este objetivo efectuar ahora un cambio de gabinete – lo cual no resulta sensato y sería contraproducente porque amplificaría la crisis y retardaría las medidas rectificatorias sobre los problemas que requieren una pronta solución – con el agravante de generar una pugna intra coalición en la carrera por los reemplazos, lo que tensionaría la relación entre los partidos de la NM en momentos cuando se necesita evitar ruidos innecesarios y enfocarse en superar las turbulencias.
Es fundamental, entonces, aprovechar el “momentum” psicológico-político no sólo para regular el financiamiento de la política, sino también para responder en una perspectiva sistémica el tema constitucional para que la sociedad chilena se reconozca en un nuevo contrato social a través del cual la ciudadanía se incorpora como sujeto político y le proporciona legitimidad a la acción del Estado. Solo generando una institucionalidad inclusiva se le podrá dar un marco ético a nuestro desarrollo económico, como también a los modos de representación política para afianzar las confianzas y la participación de los votantes. Un nuevo pacto constitucional facilitaría, a la vez, emprender desafíos comunes y modelar conductas para alcanzar objetivos colectivos, por tanto, el tema constitucional no puede posponerse para el próximo gobierno.