En primer lugar, incrementar la carga tributaria, a fin de contar con los recursos suficientes para la provisión de bienes públicos como educación, salud, infraestructura, entre otros. Y en segundo término, avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. En esa ocasión consensuamos que en la medida que fuéramos capaces de hacernos cargo de estos desafíos, avanzaríamos hacia un desarrollo más inclusivo.
Creo que Chile tiene la madurez necesaria en lo político, económico-institucional y social para enfrentar una reforma tributaria de esta envergadura, que busca recaudar tres puntos del PIB. Por eso es que se ha actuado con mucha transparencia y hace más de un año que se vienen anunciando los cambios en materia tributaria que se quieren realizar para que los mercados puedan adaptarse a las nuevas condiciones que enfrentará la economía, que buscan mejorar la productividad y la competitividad. Es por eso que los capitales son inteligentes -como dijo un dirigente empresarial- y por lo mismo, sabemos que hay otras variables como los altos costos de la energía y la situación externa que también influyen en las decisiones de dónde invertir.
De ahí que respaldaremos con fuerza la propuesta de reforma tributaria que formule la Presidenta Bachelet, la que se hará cargo de los principales problemas de nuestro sistema impositivo. Así, aumentará la carga tributaria de 20% a 25%, a fin de financiar con ingresos permanentes los gastos derivados de los importantes desafíos que tenemos en materia educacional y otras políticas sociales, garantizando la sustentabilidad de dicho gasto en el tiempo.
En paralelo, avanzaremos en equidad tributaria. Esto implica que los que ganan más deben aportar más, avanzando en un tratamiento similar respecto de los ingresos del trabajo y los del capital. En este sentido, se acabará el tratamiento preferente del que actualmente gozan las rentas del capital, terminando gradualmente con el FUT, y que permitirá contar con un sistema de impuesto a la renta sobre la base de utilidades devengadas a partir del cuarto año de implementación de la reforma.
Adicionalmente, la reforma buscará introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivo al ahorro y la inversión, como por ejemplo, la depreciación instantánea, y el potenciamiento y ampliación del sistema simplificado bajo el cual tributan las pymes.
Por último, se avanzará en la implementación de medidas que disminuyan la evasión y la elusión, mejorando la capacidad fiscalizadora de las instituciones y eliminando una serie de exenciones que favorecen principalmente a las personas de mayores ingresos.
El desafío está planteado y creemos que nadie debiera restarse, ya que en la medida en que con esta reforma avancemos en mayor equidad y cohesión social, seremos capaces de generar las condiciones para aumentar nuestra competitividad, cautelando la inversión y el emprendimiento, que nos permitan retomar la senda del crecimiento que se ha visto frenada en los últimos años.
Ricardo Lagos Weber
Senador partido por la Democracia