El Partido Por la Democracia y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, manifiestan su repudio por la nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de Justicia, juntamente con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cabe señalar que la Corte Suprema actualmente está estudiando el caso “Norin Catriman y otros” en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado la nulidad de la condena impuesta, en el año 2014. La sentencia es inapelable, por lo cual el Estado chileno debe adoptar las medidas correspondientes para reparar el daño provocado.
En el comunicado sobre la misiva enviada al CIDH se argumenta que existen “inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”
Igualmente, se consigna que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos”, y que “dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano.”
Se agrega además “la necesidad de que las formas de reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados”
Lo anteriormente expuesto, demuestra un retroceso en materia de Derechos Humanos, toda vez que el sistema interamericano ha estado y está presente para evitar los excesos y abusos de los ordenamientos jurídicos internos en desmedro de las garantías fundamentales y derechos humanos de los habitantes de cada uno de los países suscritos.
Es deber de los Estados miembros la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Cuando esta finalidad falla y se han agotado los recursos procesales internos, existe la instancia superior en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos. La existencia de una instancia superior está para evitar las violaciones a los derechos humanos en concordancia a la incapacidad en tiempos pasados de los Estados de asumir eficiente y eficazmente la protección.
Esperamos que el Gobierno de Chile actúe conforme a una política de Estado en democracia en materia de Derechos Humanos de reconocer el sistema interamericano de DDHH y retroceda de su actuar porque cuestionar su autonomía significa restringir las garantías de los ciudadanos