Escrito por: Pablo Silva Cornú.

Una de las promesas más grandes del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue reinstaurar en democracia la Constitución chilena. Ya siendo mediados del 2018, habiendo asumido un nuevo gobierno, aun seguimos manteniendo la Constitución entregada por la dictadura militar.

Es cierto que desde el retorno a la democracia se han logrado cambios importantes a la constitución, sobre todo durante el mandato de Ricardo lagos; pero hoy en día los ajustes que se le hagan no son los suficientes. La esperanza de avanzar a una nueva Constitución se desvaneció al asumir un gobierno de derecha que en cierta medida promueve, profundiza y defiende la Constitución actual.

El proceso constituyente que inició el mandato anterior fue un proceso esperanzador para muchos de los que luchamos y defendemos la idea de la nueva Constitución. Pero todo eso quedó postergado en absoluto, ya que no está dentro de los intereses del gobierno de Sebastián Piñera.

Cuando los movimientos sociales luchan contra los abusos, la discriminación, la desigualdad, la falta de equidad, una sociedad y estructura patriarcal, falta de oportunidades, entre otras problemáticas; cabe proponer una visión mucho más amplia y mucho más ambiciosa. No tan solo generar cambios particulares en algunas instituciones, sino que, además, las aspiraciones y las luchas sociales deben enfocarse a ejercer presión para una nueva Constitución.

Dicho esto, sabemos que los cambios particulares de cada institución son importantes para mejorar condiciones en cada una de ellas. Pero desde ya hace tiempo el foco siempre tuvo que mantenerse en transformar la carta fundamental que ordena nuestra estructura y sistema público. Si hablamos de las problemáticas anteriores, éstas indiscutiblemente emanan desde la Constitución heredada de la dictadura.

El proceso constituyente en sí mismo proponía una alternativa vinculante y deliberativa para que la sociedad se hiciera parte de la constitución que nos rigiera, es decir: una Constitución hecha en democracia. La presidenta Michele Bachelet acusa de “injusta invisibilización” del proyecto de reforma a la Constitución. Es claro que el gobierno de Sebastián Piñera no continuará con la reforma a la Constitución, por tanto, no cumplirá con la promesa y el sueño de muchos desde ya hace 31 años.

Aquí llegamos a un punto clave para la agenda de la oposición: enfocar los esfuerzos para lograr conseguir el sueño de una Constitución hecha en democracia y para la democracia. Los esfuerzos tanto de los partidos políticos, de la oposición parlamentaria, de los movimientos sociales, entre otras fuerzas.

Todas las fuerzas de izquierda y progresistas deben preocuparse en seguir construyendo una alternativa de sociedad más justa pero que no nos sigue rigiendo la misma constitución hecha por Augusto Pinochet en 1980. Es contradictorio pensar una sociedad mucho más equitativa, justa, igualitaria, sin discriminación, etc. Sin preocuparse por transformar nuestra Constitución.

También la oposición debe abrirse a pensar en mecanismos que validen el propio proceso en si mismo. Es claro que el proceso iniciado en el 2017: La formación cívico/ciudadana (2015/2016); la consulta individual a través de responder una encuesta digital; los encuentros auto convocados (ELA) de carácter consultivo/deliberativo; los encuentros provinciales y regionales de carácter deliberativo organizados por el mismo gobierno, fueron el medio suficiente para la entrega del documento titulado “Bases ciudadanas para la Nueva Constitución”, pero es clave pensar en ¿Cómo podemos validar el proceso ya realizado y generar nuevamente un espacio deliberativo democrático que nos permita avanzar en la tarea para una nueva Constitución?.

La alternativa del plebiscito para una nueva Constitución:

Los plebiscitos, pocas veces practicados en Chile, puede ser una alternativa que levante nuevamente la fuerza social que busca más y mejor democracia.  Sabemos que ya tenemos camino recorrido: las bases ciudadanas para una nueva Constitución deben ser efectivamente la fuente para la formación de la nueva Carta Fundamental. Cuando proponemos la convocatoria a un plebiscito, lo hacemos en función de validar la necesidad de una nueva Constitución en base a la fuente de elementos entregados por la propia ciudadanía.

Una sociedad con una nueva Carta Magna a base del documento entregado por la presidenta Bachelet y el Consejo Ciudadano de Observadores, validado democráticamente a través de un proceso plebiscitario sientan las bases necesarias para mejorar las condiciones de cambios en cada una de las instituciones.

Habermas en 1973 dijo que “los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan libremente. Sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión” (Citado por Van Treek, 2014). Es en este sentido que el plebiscito cobra mayor razón en función de los derechos civiles de las personas, sobre todo al momento de definir la Carta Fundamental de una nación. Dentro de los argumentos a favor del plebiscito, se señala que fortalece la democracia representativa y la deliberación publica, que incentiva la participación ciudadana, que vigoriza las libertades públicas, que acelera las decisiones públicas, que le entrega más poder al pueblo y que permite superar las deficiencias de la representación actual (Verdugo, 2012 citado por Mlynarz, 2014) en este sentido, los plebiscitos no tan solo validan lo previamente mencionado, sino que además vigoriza y fortalece el estatus de lo público, ya que el ciudadano tiene poder deliberativo sobre su mismo contexto social e institucional.

Es conocida la cifra cercana a las 10 mil personas que participaron en el proceso constituyente iniciado desde el 2015 hasta el 2017. Para muchas personas fue una cifra baja de participación para otras fue un proceso que obtuvo una considerable concurrencia. El proceso en si mismo fue significativo ya que por primera vez en la historia de Chile participan más de 10 mil personas en la toma de decisiones sobre los elementos a considerar dentro de la Constitución.

Vivimos tiempos democráticos, buscamos soluciones democráticas y vinculantes, estamos entrados al siglo XXI y el futuro que veíamos lejano ya lo estamos experimentando, discursamos en defensa de la democracia, pero seguimos estando regidos por la Constitución hecha por la Junta Militar Dictadora.

Si queremos romper el yugo de la desigualdad estructural, del patriarcado institucional, de las inequidades e injusticias, sofocar las impunidad y el abuso, desnudar la corrupción y erradicarla, entre otras problemáticas, debemos poner alerta sobre la Constitución Sesgada y desequilibrante y movilizarnos en favor de consolidar alternativas (plebiscito) que nos den el camino para validar las decisiones colectivas de la sociedad (bases ciudadanas) en búsqueda de realizar el sueño postergado desde ya hace mucho tiempo después del retorno a la democracia.

Estamos en democracia, por tanto, nuestra constitución para los años venideros debe estar hecha en democracia y para la misma democracia y vigorizar el estatus esencial de la vida publica y fortalecer al ciudadano deliberante.

El estado tiene los recursos y medios suficientes para realizar lo anteriormente mencionado, solo falta la voluntad política y que la voz ciudadana ejerza la presión necesaria para que el gobierno de turno cumpla con el sueño de muchos chilenos. No más invisibilizar injustamente la voz del pueblo, acatar y validar las decisiones que los propios ciudadanos tomaron para nuestro país.

Urgente cabe pensar en la nueva Constitución y una alternativa para validar dicha bandera de justicia y democracia es un plebiscito.