Según los antecedentes de los que hoy disponemos , no medió ningún ataque a Carabineros antes que uno de estos decidiera usar su arma de fuego causando la muerte de un menor de edad. La reacción inicial de las autoridades fue subestimar la versión de los testigos del hecho , particularmente del hermano de la víctima, quien señaló desde un principio que el disparo había provenido de un funcionario de carabineros.
La baja del carabinero que disparó y del oficial que descartó la participación de funcionarios de la institución, además de investigación judicial que deberá desarrollarse, no son suficientes para despejar este tema. Junto con ello, el gobierno debe dar una explicación al país respecto de su comportamiento inicial en relación a este incidente, pues no se escuchó una posición clara exigiendo a Carabineros una investigación exhaustiva de los hechos y, por el contrario, el Subsecretario del Interior avaló la versión según la cual la muerte se había producido en el contexto de un enfrentamiento. La autoridad que está a cargo de la seguridad pública no puede ser vacilante cuando está de por medio la vida de un chlleno. Su deber es exigir la clarificación de los hechos y no validar las versiones de los principales sospechosos de los disparos.
Este caso y otros que hemos conocido a propósito del uso de armas de fuego en el contexto de movilizaciones y protestas indican que esta es una práctica más extendida de lo que se reconoce y que merece un mayor control y regulación.
No es posible que en Chile los funcionarios policiales puedan utilizar sus armas particulares en lugar del arma de servicio. Tampoco es comprensible que los uniformados en retiro e incluso los ex funcionarios civiles de las fuerzas armadas puedan portar armas. Aún menos tolerable es que se detecte el uso de ametralladoras contra la población civil, como en este caso, o la práctica habitual de disparar con armas de fuego en los operativos policiales desarrollados en el contexto del conflicto mapuche.
Dados estos antecedentes, el Partido por la Democracia solicitará al Instituto de Derecho Humanos la realización de un informe minucioso sobre la acción policial en el contexto de movilizaciones y protestas, el cual contenga recomendaciones sobre regulaciones y sistemas de control para evitar la repetición de estas situaciones. Así también, solicitaremos que dicho informe proponga protocolos claros para el comportamiento de la autoridad policial y de gobierno ante casos similares, salvaguardando que el ejercicio de la autoridad siempre privilegie la investigación de los hechos y la protección de las víctimas por sobre la reproducción de las versiones generadas desde los funcionarios de carabineros implicados en los hechos.