El Partido Por la Democracia (PPD) divulgó en la jornada de hoy un documento titulado “Un nuevo pacto fiscal. Asumir con seriedad el desafío”, que pretende aportar al debate sobre la necesidad de una reforma tributaria que permita hacer frente al actual escenario económico y generar los recursos para paliar el déficit fiscal derivado de la crisis social producto de la pandemia.
“La pandemia del COVID ha dejado aún más de manifiesto las grandes precariedades del Estado chileno que ya eran objeto de reclamos por parte de la población. El país ha podido endeudarse para atender parcialmente dichas necesidades, pero es claro que esto no puede seguir por mucho tiempo. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria implicará una fuerte caída de los ingresos fiscales lo que, junto al nuevo gasto que ha implicado esta pandemia, nos llevará a déficits fiscales de una enorme magnitud”, dice el documento elaborado por expertos y economistas ligados al PPD.
El mismo escrito señala que “no es posible seguir aumentando el gasto fiscal sin atender cómo se disminuirá el déficit y se pagará la deuda que se está creando. Se necesita un plan claro de contención de gastos y de mayores ingresos para los desafíos sociales del futuro. La propuesta de un impuesto por una vez al patrimonio de los más ricos es adecuada, pero debemos advertir que la experiencia comparada muestra que su recaudación puede resultar dificultosa, inferior a las expectativas y muy insuficiente frente al desbalance fiscal que enfrentaremos. Con todo, reconocemos que este impuesto establece un criterio que se debe sostener: la mayor recaudación tributaria debe provenir de los grupos de más altos ingresos”.
Por lo mismo, ante la necesidad de pensar a mediano plazo, “para asumir este complejo y crucial desafío, proponemos que los Poderes Ejecutivo y Legislativo convoquen a un grupo de expertos que estudie alternativas y convenga una reforma estructural de nuestro sistema tributario. Específicamente, debería proponer un plan que permita un avance gradual pero efectivo para elevar la carga tributaria en el equivalente, al menos, a cinco puntos del PIB”.
“Si bien la gradualidad es deseable para permitir la reactivación post pandemia, la trayectoria previsible de endeudamiento a corto y mediano plazo aconsejan que la totalidad de la nueva recaudación debiera alcanzarse en un plazo que no exceda de 6 años; esto teniendo como horizonte que la recaudación fiscal en Chile alcance a no menos de 26 puntos del PIB, aún por debajo, del actual promedio de la OCDE”, agrega el documento.
Del mismo modo, los expertos sugieren seis medidas concretas de corto y mediano plazo para favorecer una mayor recaudación fiscal, y que deben ser parte del debate que haga este comité de expertos, pues “una reforma estructural del sistema tributario debe abordar un análisis integral de todas aquellas materias relevantes y pendientes de definición”.
La primera de estas acciones es “Avanzar hacia una recaudación tributaria más justa: mientras más gana, más paga”, lo que se traduce, por ejemplo, en mejorar fiscalización de Aduanas y SII para evitar la evasión. “Con el mismo objetivo de incrementar la recaudación del impuesto a la renta, debieran revisarse las franquicias y enfoque general de los impuestos sobre las ganancias de capital, así como el tratamiento tributario de las herencias y el régimen de renta presunta. En este contexto puede discutirse la eventual conveniencia de impuestos que graven el patrimonio”, formulan los especialistas, entre otras medidas.
En segundo término, “Impuestos que fortalezcan la sostenibilidad ambiental”, aumentando las regalías por la explotación de recursos naturales; por ejemplo, recursos marítimos y mineros, alinear los “impuestos verdes” al estándar OCDE y aumentar el impuesto al diésel hasta igualarlo al impuesto a las gasolinas, por ejemplo. La tercera medida son “Impuestos que fortalezcan la salud de las personas”; es decir, seguir incrementando impuestos saludables (tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, por ejemplo) que protegen la salud de las personas y alivianan la carga pública en programas de salud. “Dichos impuestos debieran ser impuestos específicos que graven, por ejemplo, la cantidad de tabaco, la graduación alcohólica y la cantidad de azúcares añadidos”, sugieren, así como “gravar con impuestos específicos la cantidad de sodio y grasas saturadas en alimentos que ya indican dosis no saludables de dichos nutrientes”.
En cuarto lugar “Fortalecer la innovación productiva”, que es avanzar hacia un mejor tratamiento de gastos en capital humano y en investigación y desarrollo, traducido en un impuesto tipo Romer, que puede ser recuperado por empresas que inviertan en innovación, y que de no hacerlo queda disponible para que otras empresas lo hagan con esos recursos. En el lugar cinco se propone “Avanzar hacia una mayor equidad territorial”, donde una fracción de los nuevos tributos (regalías a recursos naturales, impuestos verdes y para la innovación) queden en la localidad y/o región donde se localiza la actividad productiva que los paga. Finalmente, la sexta propuesta “Asegurar eficiencia y efectividad en el gasto público”, mediante la conformación de un Comité Transversal de Expertos, o aumentar el ámbito de acción del Consejo Fiscal Autónomo, que emita informes anuales sobre el gasto público y recomendaciones para la mejoría constante de su eficiencia.
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