PPD ingresa requerimiento ante Contraloría de Valparaíso por incumplimientos en Quintero y Puchuncaví

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegó esta mañana el presidente del PPD Heraldo Muñoz , junto a los diputados Rodrigo González y Carolina Marzán, y los concejales Luis Gatica y Erika Galarce, con el objeto de ingresar un requerimiento para que el ente contralor se pronuncie sobre el incumplimiento y responsabilidad del Estado para la ejecución del Plan de Descontaminación en Quintero y Puchuncaví, tras la seguidilla de crisis ambientales que afectan al litoral norte de la región.

“Queremos expresar nuestra extrema preocupación por esta zona que ha sufrido los embates de la contaminación, la enfermedad, de una crisis ambiental, y por eso hemos venido a la Contraloría Regional a hacer una presentación para que el contralor informe y pida a todos los órganos del Estado que den cuenta de todas las acciones que han emprendido en seguimiento de la sentencia de la Corte Suprema, que pide estudios en un plazo máximo de un año para remediar el problema”, explicó Muñoz.

El ex canciller valoró las disculpas que dio Sebastián Piñera en Naciones Unidas hace unas semanas, a propósito de lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví, pero acotó que “de las buenas palabras debemos pasar a la acción, y por eso le pido al Presidente que esas buenas palabras sean acompañadas de hechos concretos”. Consultado sobre un eventual cierre de Ventanas, el timonel PPD indicó que “hay que salvaguardar los puestos de trabajo pero a la vez eliminar la contaminación. Las dos cosas son posibles”.

A su vez, la diputada por el distrito 6 -que incluye Puchuncaví y Quintero-, Carolina Marzán, señaló que “sabemos que las vulneraciones sistemáticas que han vivido ambas comunas no es un tema de ahora, pero creo que es momento de que el Gobierno ya comience a ponerle punto final con soluciones concretas. Los titulares suenan muy bonito, pero a veces hieren cuando estás palabras no van acompañadas de acciones que vayan en beneficio de manera concretas hacia las personas, de estas mal llamadas zonas de sacrificio, para que la comunidad vuelva a creer en el Estado que hoy día está vulnerando sus derechos, partiendo con que las normativas medioambientales que hay en nuestro país no se ajustan a las normas de la OMS”.

Asimismo, comentó que “también debemos informar que actualmente la Superintendencia de Medioambiente tiene 182 fiscalizaciones en curso, para ver si las empresas efectivamente cumplen con la normativa ambiental. De estas fiscalizaciones, 25 corresponden a una empresa llamada AES GENER. Es importante que como parlamentarios y concejales unidos como partido, sigamos dando estas voces de alerta y de alarma porque la comunidad sigue siendo vulnerada por el tema medioambiental que sigue siendo critico hasta el día de hoy”.

Por su parte, el diputado Rodrigo González recalcó que “el plan de descontaminación no ha funcionado y la zona de sacrificio sigue sufriendo embates y nuevos episodios de contaminación, y por tanto los órganos del Estado no han cumplido con su misión y el fallo de la Corte Suprema no se está respetando. Por esta razón hemos venido a Contraloría para que fiscalice a que el Estado cumpla su responsabilidad de no seguir contaminando, tome la medidas, y especialmente sancione a las empresas públicas y privadas por sus incumplimientos de forma enérgica y decidida”.

Respecto al cierre de las empresas, según el diputado González, lo que corresponde por parte del Estado es invertir para que estas no contaminen el medio ambiente, y no su clausura. “No hay que cerrar empresas que dan trabajo, lo que hay que hacer es invertir en las empresas públicas, el Estado ha dejado de cumplir la función de inversión que debió haber hecho por años. No se puede re castigar la zona de sacrificio quitándole fuentes de trabajo afectando a la comunidad con medidas efectistas, lo que hay que hacer es terminar con la contaminación, eso es lo que pide la gente”, recalcó.

Por último, los concejales Luis Gatica (Quintero) y Erika Galarce (Puchuncaví) también criticaron el hecho que se pretenda cerrar Ventanas como solución. “Podrían quedar más de 5 mil familias sin sustento”, alegó Gatica, recalcando que “lo que estamos pidiendo son mejoras, no que se supriman fuentes de trabajo”. Agregó además que el plan de descontaminación solo considera la polución en el aire y no en tierra y mar, sobre todo en este último, donde se producen derrames frecuentes de hidrocarburos, por ejemplo. Asimismo, su colega Galarce sostuvo que “hay un tema social, pues no queremos que pase lo que ocurrió en Tocopilla, donde se cerró la termoeléctrica y el alcalde se vio enfrentado a un problema de cesantía. Hay que hacer planes de reconversión y también una inversión mayor para terminar con la contaminación”.

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