Sin embargo, hoy debemos constatar que la promesa inicial hecha a la ciudadanía cuando se aceptó derogar la Ley del Cobre se ve incumplida en el proyecto que ha presentado el gobierno. Éste contempla un artículo 101 que establece que el presupuesto de las Fuerzas Armadas no será discutido soberanamente en el Parlamento sino que estará amarrado a un piso mínimo equivalente al 70% de lo que ha sido el promedio de los fondos entregados a la defensa a través de la ley reservada del cobre durante los últimos diez años. Esto equivale a burlar el espíritu con que fue presentada esta iniciativa, pues se derogará la actual vinculación de los presupuestos de la defensa a la recaudación que el Estado tiene de las ventas del cobre pero se generará un amarre respecto a las recaudaciones de la ultima década, lo cual es igualmente injustificado y anti democrático. Los presupuestos para la defensa deben vincularse a las prioridades de seguridad del país, a los proyectos de inversión aprobados por el parlamento y a las contingencias de conflicto que deban enfrentarse. Nada de ello dice relación con la recaudación del cobre y menos aún con los precios específicos que éste alcanzo durante la ultima década. La única explicación que el gobierno ha dado para justificar esta norma es la de “asegurar” un piso para el gasto militar. Ello equivale a desconfiar del Congreso y a establecer una restricción a la soberanía popular que no tiene ninguna justificación en una sociedad democrática.

Por estos motivos la comisión politica del PPD ha llamado a rechazar este artículo y pediremos a los demás actores políticos con representación en el parlamento sumarse a esta postura e impedir que este proyecto de ley que frustra el objetivo ampliamente compartido de tener un sistema de discusión para los recursos de la defensa nacional que se ajuste a los estándares de una sociedad democrática y a las mejores prácticas que tienen todas las naciones del planeta que suscriben estos principios.

Fotografía: igualdad.cl