Por María Eugenia Hirmas

Esto se debe corregir. En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de agosto de 2013, se manifestó preocupación por estas elevadas tasas de mortalidad materna en la región y se afirmó que hay“experiencias que muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad materna y no disminuye el número de abortos”.

Por ello recomendaron prevenir los embarazos no deseados a través de la educación en salud sexual y reproductiva, tanto a hombres como mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a anticoncepción oral de emergencia, y también asesoramiento y atención integral frente a este embarazo.

En América Latina coexisten distintas situaciones. Hay países que prohíben todo tipo de aborto, otros que lo permiten ante ciertas causales (peligro de vida para la madre, y/o feto inviable, y/o violación) y otros que no tienen restricciones.

Chile es uno de los 7 países de la región que no ha despenalizado el aborto terapéutico, junto a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En estos países, se encuentra un alto porcentaje de mortalidad materna derivado de los abortos clandestinos.

Se calcula que en Chile se practican entre 60 y 80 mil abortos al año, todos ilegales y en condiciones de riesgo, no solo de salud de la madre, sino también con peligro de prisión tanto para la mujer que aborta, como para la persona que la ayuda en este proceso.

¿Cómo encarar este problema? Este es un claro asunto de salud pública del cual debe hacerse cargo el Estado.

En nuestro país, se está discutiendo la despenalización del aborto terapéutico, para situaciones específicas, como cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto es inviable o tiene malformaciones extremas o en casos de violación.

A pesar de que el aborto terapéutico estuvo normado desde 1931 hasta 1989, fecha en que se prohibió sin excepciones, y que durante esos 58 años nadie puso objeciones, hoy se escandalizan ante la posibilidad de permitirlo.

Hay mujeres que no quieren tener hijos o tener más hijos, mujeres y niñas violadas por padres, padrastros u otro familiar, mujeres con alguna enfermedad que se agravaría por un embarazo, fetos que vienen con daños que no le permitirán vivir fuera del útero, y sin embargo se obliga a las mujeres o niñas a seguir con su embarazo. No se puede prohibir y penalizar el aborto en estas circunstancias.

Persiste la vulneración de las libertades individuales, amparados en la legislación.Se afecta el derecho a la vida de la mujer, a la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva.Por temor a las penas, se acaba con la confidencialidad que debería haber entre médico y paciente y se estimula la delación.

Aquí también impera la desigualdad, pues las mujeres con mayores recursos pueden viajar y pagar por resolver su situación, en condiciones adecuadas para su salud, mientras que las más vulnerables recurren a métodos que ponen en riesgo su vida, en circunstancias que las mujeres de todas las clases sociales tienen derecho a cuidados asequibles y seguros de salud.

Se debería poner bastante más énfasis en la prevención, (educación sexual y reproductiva en los colegios, planificación familiar, acceso a la píldora del día después, continuidad de estudios de las adolescentes embarazadas y ampliación del servicio de cuidado infantil),que en el castigo.

Ninguna mujer quiere un aborto, pero hay circunstancias que lo hacen inevitable y las mujeres arriesgan su vida para hacerlo.

Este es un tema que debemos debatir en Chile. No se trata de imponer ninguna posición, sino de permitir la libre decisión de las mujeres.