Una nueva constitución establecerá la salud como derecho, recogiendo lo que la amplia mayoría valora como elemento mínimo que hace posible la convivencia civil y reconociendo este como ámbito estratégico donde el estado tendrá un rol garante. Las desigualdades y abusos se harán aún más inaceptables, respaldado ahora por la carta fundamental y cabrá preguntarse cuál sistema hará posible dichas garantías.

En las propuestas circulantes, tanto de derecha como de izquierda hay acuerdo transversal que el financiamiento debe ser solidario, por lo que la siguiente decisión es definir si el financiamiento se administra por múltiples instituciones tipo Isapre, o por un solo ente que recauda y paga los servicios.

Hace pocos días Renovación Nacional, liderado por su ex ministro de salud propuso un Plan Universal de Salud, que es otra forma de decir que se mantendrían Isapre y Fonasa (quizás con otros nombres), compitiendo por los recursos de un fondo común para entregar prestaciones definidas en un Plan mínimo igual para todos. Dicha propuesta es un engaño. Se engaña a la población, se engaña a las Isapre o se auto-engañan sus impulsores.

Es imposible en Chile avanzar hacia un Plan Universal que logre estructurarse de manera que la competencia entre seguros sea justo y transparente. Dicho “Plan” contendrá una letra chica que replique y cristalice los abusos, similar a la propuesta de reforma que conocimos del Dr. Santelices (periodos de carencia, discriminación por grupos de riesgo con tarifas diferenciales, coberturas mínimas, redes acotadas), o de lo contrario, sus reglas del juego harán que las Isapres desaparezcan cuando se concentre en ellas las personas de más alto riesgo subiendo sus tarifas y ahuyentando personas jóvenes y sanas. Es una ecuación sin solución.

Además, se fundamenta en un paradigma que entrega al mercado la resolución de las necesidades sociales, estando ampliamente demostrado lo falente que esto resulta en el ámbito de la salud. Lo honesto de cara a la ciudadanía que hoy reclama más justicia será dar el paso de recaudar los recursos del 7% y aportes fiscales en una institución pública única encargada de financiar los servicios.

Dicha institución deberá reformarse de manera tal que no sea la misma que define lo que se financie, las coberturas, ni como se organizan los prestadores, estando estas funciones distribuidas en otros organismos para resguardar una adecuada separación de poderes y “checks and balances”.

La gente está cansada de políticas y políticos mañosos, que se escuden en la tecnocracia, y que relativiza el cumplimiento de sus derechos. Para resolver la violencia, la reconciliación requiere honestidad y ofrecer soluciones reales a las necesidades urgentes.

Bernardo Martorell

Médico Universidad de Chile; Magíster Salud Pública Universidad de Harvard

Coordinador Salud Partido por la Democracia