Por Eduardo Vergara B. Director de Asuntos del Sur y co autor del libro: “De la Represión a la Regulación: Propuestas para reformar las políticas anti drogas”.
Una ley basada en la prohibición y represión como receta para disminuir el consumo y el trafico, se ha transformado en no solo en una de las políticas más fracasadas de nuestra historia moderna, sino que también en uno de los principales obstáculos para vivir en un Chile más justo. Nuestra ley 20,000 afecta principalmente a los más jóvenes, a las mujeres y a quienes menos tienen, propiciando en todos los frentes, una profunda desigualdad. Pero Chile despertó, tanto los debates en torno a la ley de drogas, las propuestas, pero por sobre todo los consensos sobre la necesidad de lograr reformas, han puesto finalmente al país a la vanguardia de un movimiento global que clama por políticas de drogas más sensatas y humanas.
América Latina sufre de mayor manera los efectos de estas políticas. Miles de muertos y desaparecidos, de perseguidos y estigmatizados, de otros miles que llenan las cárceles, millones de dólares mal gastados, años de guerra y persecución, son algunos de los síntomas que se repiten de norte a sur en una región que ha pagado de manera desigual los altos costos de una obsesión por prohibir. Los resultados son similares a los que vemos en Chile, el consumo de drogas ha aumentado y de la mano, también los recursos que generan narcotraficantes para financiar el terror y la violencia.
Los resultados de la encuesta del portal PPD, por su metodología, no son representativos de la población general. Sin embargo, al comparar estos resultados con otros estudios encontramos resultados similares . Por ejemplo, mientras el 43% está de acuerdo con legalizar el consumo de marihuana, el 28% está de acuerdo con despenalizar el auto cultivo y el 19% el uso terapéutico. En otras palabras el 90% de los encuestados está a favor de reformar las políticas actuales, y de menor o mayor manera, avanzar en marcos regulatorios. Comparativamente, la última encuesta presencial, cara a cara (700 casos) del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública de Asuntos del Sur, concluyó que el 79% de los encuestados (entre 18 y 35 años) estaba de acuerdo con la legalización, el 55% evaluaba negativamente las políticas de drogas nacionales y el 52% avaluó negativamente las campañas de prevención del Gobierno. Tanto esta encuesta electrónica, como la de ADS, nos hablan de nuevas generaciones de chilenos que son altamente críticos de las políticas actuales, que piden cambios pero que por sobre todo apoyan reformas regulatorias.
El debate prendió, y este 2013 es un año clave para instalar un debate serio y participativo, para que avancemos en una política de drogas con identidad nacional. Chile requiere una política de drogas que sea fiscalmente responsable, fundamentada en la evidencia y basada en los Derechos Humanos.