Entremos de inmediato en el nudo de lo que el Senado deberá resolver el próximo miércoles 22 de julio: ¿Si tú fueras miembro de la cámara, tu voto sería a favor del retiro del 10% de fondos acumulados en AFPs? ¿Sería en contra? ¿Pondrías condiciones? ¿Por qué?
Sería a favor, porque las alternativas que ha dispuesto el gobierno son lentas y carecen de universalidad. Hasta hace poco habría insistido en mejorar las alternativas, que las hay y creo mejores, pero ya ha pasado demasiada agua debajo del puente y la necesidad de miles de compatriotas no puede seguir esperando.
A lo largo de varios años el tema de las AFPs se ha desarrollado críticamente en la ciudadanía y a partir de la gran movilización del 2017, el rechazo a esta industria creció de manera muy extendida y explosionó masivamente a partir del estallido social del 2019. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha generado este proceso de cuestionamiento tan profundo a este sistema?
Las razones son múltiples. La primera es que es un modelo que le fue impuesto en dictadura a la mayoría de los cotizantes, por lo que adolece de ilegitimidad de origen. Se dirá que han pasado tres décadas en democracia y no se ha cambiado. Aquello es una verdad a medias. Se han introducido cambios, siendo el pilar solidario implementado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet el más importante. También se ha logrado legislar para introducir competencia y bajar las comisiones, así como para mejorar la rentabilidad de las inversiones. Los cambios más de fondo, esto es, aquellos que buscan un modelo mixto donde aporten el Estado, los empleadores y los trabajadores, con elementos de solidaridad en aportes y beneficios, así como en rasgos estructurales del modelo de administración de cuentas y saldos, se han intentado infructuosamente, habida cuenta del alto quórum que tiene la ley de seguridad social para ser modificada.
La segunda razón es que las pensiones son realmente miserables contrariamente a lo que prometieron los autores de este sistema. Si bien concurren a la explicación de esa realidad factores paramétricos como la baja tasa de cotización, la mayor expectativa de vida, los bajos sueldos y salarios y las lagunas previsionales, factores todos que golpean con particular fuerza a las mujeres trabajadoras, resulta particularmente urticante e incomprensible que, en medio de esta rampante carencia, las utilidades de las administradoras hayan sido extraordinariamente elevadas desde su creación. Aunque cobros moderados por la administración de cuentas y saldos no bastarían para mejorar significativamente las pensiones, en ausencia de cambios a los elementos paramétricos aludidos, simbólicamente el desmesurado lucro de unos pocos sobre la miseria de muchos es completamente inaceptable.
Por último, el diseño de un esquema de ahorro enteramente individual de carácter forzoso, sin elementos de solidaridad propios de la seguridad social, saldos de ahorro que, además, son usados desproporcionadamente en suplementar las necesidades de fondos de los mayores grupos económicos del país, confieren una tensión adicional al sistema. Si el ahorro es de estricta propiedad individual, la gente se pregunta por qué esta “acorralado” con rindes sólo moderados, mientras las familias deben contraer deudas para su subsistencia a costos financieros bastante superiores.
Desde el estallido social del 18 de octubre a esta fecha millones de familias enfrentan un cuadro de crisis en muchos aspectos: salud, empleo, alimentación, incertidumbres crecientes. Lo más sensible es la falta de dinero para enfrentar las urgencias. El gobierno ha sido lento para brindar respuestas y es claro que el goteo de ciertas medidas no es suficiente porque lo que se requiere en un hogar es contar con algo de liquidez en dinero constante. El retiro del 10% de fondos acumulados en las AFPs aparece como una medida rápida, sin burocracia aparente, con un depósito en cuentas rut u otras y, por tanto, con la capacidad de contar con dinero de los ahorros propios, al menos por unos meses. ¿Esto es así? ¿Se prevén los efectos que esto puede tener en las pensiones futuras?
Esto es exactamente así, como señalé en mi primera respuesta. No obstante, no cabe duda que esto tendrá un efecto, y permanente, en las pensiones futuras, que es lo que la convierte en una alternativa, si bien expedita, de inferior diseño y apoyo neto que otras que pudieron haberse implementado. Es posible que el efecto sobre las pensiones más bajas, aquellas que hoy reciben el complemento del aporte previsional solidario del estado, sea relativamente moderado, pero los pensionados futuros con pensiones autofinanciadas superiores a la PMAS (unos 410 mil pesos), debieran ver disminuidas sus pensiones hasta en un 10%.
Voces desde el gobierno y de la derecha, del empresariado y otros sectores se empeñan en alertar que el retiro de este 10% tendrá efectos entre “demoledores” y “dramáticos” en el mercado, en el sistema financiero y en el modelo previsional. ¿Cuánto de cierto hay en estas preocupaciones y por qué? Tienen una apariencia técnica pero también cuentan las implicancias políticas.
La cantidad efectiva de retiros es aún una incógnita, porque depende en alguna medida del diseño, cobertura, automaticidad y monto de las otras iniciativas que ha propuesto el gobierno. Si se llegara al máximo potencial, esto es el 10% de los fondos totales o unos veinte mil millones de dólares, el efecto sobre precios de acciones, tasas de interés y el dólar americano podría ser de alguna envergadura. Pero aquello es un máximo absoluto. Si pensamos en solo fracciones de ese monto, y las administradoras, a efectos de mitigar el efecto sobre el precio de los activos menos líquidos -concentrados en los de origen nacional- liquidan, al menos inicialmente, predominantemente activos internacionales de alta liquidez, el efecto debiera ser mucho más contenido.
Un afiliado ya a punto de jubilar: ¿Qué efectos debe esperar en su pensión próxima al retirar el 10%, en sus distintos niveles de acumulación. Se supone que los afiliados ABC1 con un fondo acumulado por sobre M$120 millones de pesos, este retiro es apenas un rayado de pintura. Pero son muy pocos. Los más, son millones de afiliados con fondos muy reducidos. ¿Tendrán efectos de mayor envergadura y de qué manera el Estado debería prever esa situación?
Aritméticamente un retiro del 10% de los fondos del contribuyente a punto de jubilar debiera traducirse en una caída de pensión- esquema renta vitalicia- de ese orden. Como señalé, en cotizantes de bajos fondos acumulados y, consiguientemente, beneficiarios del APS, el efecto podría ser bastante menor. En el otro extremo, cotizantes con abundante APV – a menos que también lo retiren- también sufrirían un impacto bastante menor. El problema es más acuciante en los grupos medios. Se ha sugerido la restitución solidaria de esos fondos. Como dicha restitución no puede ser proporcional a los montos retirados, pues sería regresivo e incentivaría el retiro, creo que una alternativa es buscar esquemas expeditos de transferencias corrientes a los grupos medios, tal de mitigar tanto el monto del retiro como el consiguiente daño previsional. Aunque parezca un poco técnico, suplir fondos en la forma de un bono de reconocimiento futuro de cargo estatal, esto es, endeudarse con el afiliado, carece de sentido hoy, pues el Estado conserva amplias oportunidades de financiamiento en el mercado nacional e internacional, a tasas históricamente bajas.
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