Análisis coyuntura política y económica del país. Comisión Política PPD del |13 de julio de 2015 

1.- Crisis económica vs Crisis política

Luego de analizar datos e indicadores económicos actuales y realizar una serie de encuentros entre miembros del partido, algunos de ellos ex ministros de economía de gobiernos de la Concertación, la comisión política del PPD advierte que estamos en un escenario financiero adverso, pero se distancia de los sectores conservadores, los cuales han intentado instalar en la opinión pública que el país está sumido en una catástrofe económica provocada, principalmente, por diagnósticos y decisiones políticas irresponsables.

En suma, y como  muchos economistas vinculados a la centro izquierda chilena advirtieron, la baja del precio  en el ciclo de los los comodities a nivel mundial, la desaceleración de China, y el carácter de nuestra matriz productiva dependiente del cobre y materias primas con escaso valor agregado producirían una baja en el crecimiento.  Por otra parte, una menor recaudación fiscal asociado al aumento del gasto corriente han contribuido en nuestro déficit estructural.  Sin embargo, debemos ser enfáticos en destacar que pese al diagnóstico anterior las proyecciones en términos de crecimiento nos sitúan en mejor posición que el promedio de los países latinoamericanos, por lo tanto debemos ser claros comunicacionalmente y plantear que estamos más bien frente a una desaceleración económica.

Adicionalmente, en materia de desempleo el escenario dista mucho de ser alarmante como lo han querido instalar desde la oposición. De hecho en ese ítem Chile registra una tasa de 6,2%, menor al 7% del promedio de los países Ocde.

Probablemente, tal como lo expresó la presidente Bachelet hace unos días, generamos demasiadas expectativas sociales sin prever el contexto económico venidero. Ante esto valoramos enérgicamente las señales que han emergido desde el ministerio de Hacienda que encabeza el compañero PPD, Rodrigo Valdés, pues se requería de un manejo más proactivo para revertir un largo período de desconfianza.

El Partido Por la Democracia, coincide con sus socios de coalición, en que Chile requiere retomar la senda del crecimiento, pero, a nuestro juicio, esto no debe ser renunciando al espíritu del programa que triunfó en las últimas elecciones presidenciales. Más bien, la mejora de esos índices debe ir asociada a incentivar la inversión a través de políticas fiscales responsables y a través de una participación más efectiva del Estado en temas tan relevantes como son las áreas de infraestructura, productividad e innovación. Asimismo, se hace necesario que algunas iniciativas legales que son verdaderos pilares del gobierno sean tramitadas y aprobadas en la actual gestión. Nos referimos especialmente a los proyectos de ley que indudablemente tienen características pro crecimiento, tales son los casos de los mensajes presidenciales contenidos en la reforma educacional y la agenda laboral.

Antes de mencionar las características del crecimiento que esperamos para Chile, la comisión política refuerza su posición ante la coyuntura política y económica. De hecho, para esta instancia partidaria, y más allá de la intrínseca relación entre ambas disciplinas, la crisis actual que padece el país es más bien política que económica.

Es por lo anterior que valoramos el liderazgo presidencial al definir este período como realismo sin renuncia. 

2.- Desconfianza e incertidumbre

Empujados por una severa desconfianza hacia el sistema político, (profundizada tras el conocimiento de una serie de hechos eventualmente ilegales y éticamente reprochables) el quehacer gubernamental fue marginado de la agenda pública. Y es en ese contexto cuando se observa un déficit en la gestión política que la propia presidenta Bachelet ha reconocido durante el último consejo de gabinete.

A nuestro juicio, parte relevante de esta incertidumbre se ha configurado desde el propio ejecutivo. Por ejemplo, desde hace varios meses se viene analizando cambios en los gobiernos regionales y en otras reparticiones de carácter político – administrativo, sin embargo esas modificaciones aún no se materializan.

Creemos que dilatar ese tipo de decisiones han contribuido, de alguna medida, en la postergación de proyectos de inversiones, los cuales sólo en su etapa de diseño han caído cerca del 47% durante los últimos dos años. Adicionalmente, la postergación de algunos debates parlamentarios ajenos a las grandes reformas ha ido generando incertidumbre no sólo en el mundo más conservador, sino en la propia ciudadanía que nos endosó su confianza.

Junto a lo anterior, hemos detectado una cierta debilidad en la construcción de proyectos de ley relevantes, hecho, que a nuestro juicio, también ha colaborado en generar una sensación de incertidumbre política que, sin bien se ha ido revirtiendo durante las últimas semanas, debe evaluarse en este denominado segundo tiempo.

Por otra parte, la ausencia de un relato comunicacional que involucre en un sentido colectivo al gobierno y a la Nueva Mayoría, le ha dejado la cancha libre a la derecha política y económica quienes sin mucho esfuerzo se han apropiado de la agenda pública.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la irrupción de actores sociopolíticos extra institucionales, quienes de manera coordinada han contribuido con un discurso temerario a la generación de un clima adverso con el objetivo de detener o cambiar el sentido de las reformas.

El Partido Por la Democracia fue un actor relevante en la construcción del programa de gobierno, por lo tanto  es nuestro rol que los compromisos adquiridos se cumplan. Estos es avanzar hacia una sociedad más equitativa e integrada, profundizar nuestra democracia ampliando las fronteras de la participación efectiva, construir las bases para un desarrollo sustentable y garantizar derechos esenciales como lo son la educación, la salud y vivienda.

Alterar lo comprometido sería un duro golpe que podría afectar no sólo  nuestra relación con el mundo progresista que representamos sino la proyección de la Nueva Mayoría, una coalición que justamente se creó con el objetivo de transformar Chile y disminuir las brechas sociales.

Junto a nuestro espíritu transformador somos un partido responsable, por lo tanto comprendemos que el escenario actual no es el idóneo para mantener el ritmo y la velocidad con el que se inició este gobierno. Asimismo, coincidimos en la necesidad de realizar ajustes en las carteras, jerarquizar proyectos y reasignar partidas y prioridades  hacia políticas y programas de alto impacto social y otorgarle gradualidad a los compromisos que son los pilares de nuestro manifiesto.

Este sinceramiento sin renuncias es lo que, a nuestro juicio nos ayudará a entregar certidumbre y a recuperar la confianza no sólo de los inversionistas sino de la ciudadanía que creyó y apoyó el proyecto político liderado por la Nueva Mayoría.

3.-  Tiempos y velocidades de las transformaciones:

Tal como lo mencionamos anteriormente y como lo advirtió la presidenta Bachelet, más igualdad, más cohesión social, más democracia, más transparencia y probidad no significa en ningún caso dejar las cosas como están. Las reformas planteadas son para preparar a Chile de cara a los desafíos económicos, sociales y culturales del siglo XXI.

Así, sincerar el momento económico, no es incompatible con mantener el compromiso con la reforma educacional de gratuidad y calidad, la agenda laboral cautelando la titularidad sindical, la huelga efectiva y la negociación colectiva, e iniciar el trabajo con miras a un proceso constituyente. Estas definiciones, son un ejemplo evidente que hay un interés por disminuir progresivamente la incertidumbre y la desconfianza hacia el gobierno y sus autoridades.

Junto con la necesidad de jerarquizar los compromisos programáticos, valoramos decididamente la creación de un fondo de inversión en infraestructura y la creación de una comisión asesora presidencial en materias de productividad. A nuestro juicio, ambas iniciativas son muy acertadas, pero insuficientes si queremos generar un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Un activo rol de la CORFO en el desarrollo de políticas enfocada en las PYMES, estrategias regionales de desarrollo productivo con altos niveles de autonomía e integración público privado son indispensables para que los polos de crecimientos se diversifiquen.

No son sólo medidas paliativas de corto plazo lo que se requiere, es el momento de incorporar nuevos actores. No sólo es la SOFOFA, son las PYMES, lo gobiernos regionales, la universidades, los trabajadores y otros actores los que se requieren para avanzar hacia una Nuevo Plan de Desarrollo Económico Nacional.

Adicionalmente es fundamental que este periodo de inflexión política contribuya enormemente en la construcción de un crecimiento económico chileno que no ejerza presión sobre el medio ambiente, que provea una distribución  equitativa y que sea sostenido en el tiempo.

Lo impostergable: la reforma educacional.

En el ámbito escolar, creemos que un proceso de Nueva Educación Pública Desmunicipalizada, con estándares de calidad y de implementación progresiva, no son un problema de costos sino más bien de diseño institucional y de redistribución de recursos. Esto más una Política Nacional Docente concordada y financiada en el breve plazo dan futuro a la educación pública.

En educación superior es indispensable mantener el objetivo de gratuidad universal y calidad garantizada, la gradualidad propuesta 70% al 2018 son posibles si se reconoce a esta como la inversión prioritaria y no se introducen nuevas demandas al presupuesto. De todos modos, es clave definir cuanto ante los requisitos de calidad y cobertura universitaria (Acreditación, aranceles, matricula, número de alumnos por curso, repitencia financiable, entre otros).

Las otras medidas.

En el área de la salud, si bien son necesarios los hospitales comprometidos, pensamos que se debe ajustar su temporalidad y reasignar recursos para las demandas más sentidas. Creación de programa nacional de listas de espera, cobertura de medicamentos especialmente a los adultos mayores, médicos especialistas en APS, construcción de consultorios más que Servicios de Urgencia, son las medidas que consideramos como las más relevantes.

De igual manera, compartimos la prioridad de la agenda de probidad planteada por la presidenta Bachelet y la valoramos como una de las reformas estructurales de mayor relevancia en el período. Resolver la crisis de confianza en la política, los partidos, el parlamento y las empresas es tarea urgente.

El debate constitucional constituye para la democracia del siglo XXI una tarea ineludible. La crisis de la política, la falta de credibilidad en la democracia como mecanismo para resolver los conflictos y las demandad ciudadanas, la centralización excesiva que impiden el desarrollo de las regiones, el desprestigio del parlamento, el rol del estado en el desarrollo económico, son entre muchas otras, razones suficientes para entender que el Chile que viene no es posible de construir sin un debate constitucional amplio, participativo y democrático. Es por ello que valoramos la decisión presidencial de mandatar al equipo político de comenzar las conversaciones con los partidos para elaborar una propuesta de mecanismo y animar un debate de contenido.

Nosotros debemos avanzar en el, se han discutido propuestas como aprobar la disminución de los quórums para cambios constitucionales y la apertura de llamados a plebiscito pero para ser ejercidos en la próxima legislatura. Esto permitiría que los candidatos presidenciales explicitaran su visión, los parlamentarios, elegidos con la nueva ley electoral, tuvieran explícitamente opinión y la ciudadanía se incorporara al debate y a la decisión.

Si bien la postergación de iniciativas legales que tienen como propósito enfrentar problemas estructurales en materia de salud pública y previsión social no estaba en nuestros planes originales, como partido creemos que, debido a los inconvenientes anteriormente mencionados y a la incapacidad de nuestro Estado de procesar reformas simultáneamente, bajar la velocidad de su discusión y ejecución es lo más  razonable.

En otras áreas sociales como vivienda, seguridad pública, desarrollo social, deporte y cultura requerimos eficiente y efectiva ejecución de lo comprometido. Es necesario, por lo tanto, reasignar recursos con el propósito de impactar territorialmente. Es aquí donde el Ejecutivo debiese concentrar su esfuerzo, debido a la ausencia de un relato que sitúe al gobierno como generador de bienestar social.