· Los senadores señalaron que además hay un tema de Responsabilidad Fiscal con el cual el gobierno debe comprometerse.
· Lagos Weber indicó “si alguien dice que esto es obstruccionismo que me digan cuál de los nueve puntos son obstruccionismo,” aseveró.
El senador Ricardo Lagos Weber junto a la comisión de mixta de presupuesto anunciaron las 9 prioridades que tiene la oposición para la discusión presupuestaria, entre las que se encuentran, indicó el legislador, “queremos que le den el mismo tratamiento a los deudores Corfo que a los del CAE,” puntualizó el parlamentario.
El legislador resaltó: “Estamos siendo muy transparentes y en materia de responsabilidad fiscal le ponemos un párele al gobierno ya que no es correcto lo que está diciendo,” afirmó.
Lagos Weber enfatizó que “hay 9 prioridades dentro del presupuesto con algunas más importantes que otras y la ciudadanía deberá juzgar cuál es el problema, la dificultad o diferencia con el gobierno,” señaló.
El parlamentario insistió “considero que es legítimo que el 100% de los recursos de la reforma tributaria vayan a educación, yo aprobé, entendiendo de buena fe, que todo el dinero recaudado irían a educación,” sostuvo el senador.
Por último, indicó Lagos Weber, “si alguien dice que esto es obstruccionismo que me diga cuál de los nueve puntos son obstruccionismo,” finalizó.
Nueve prioridades Presupuesto 2013
1. El Gobierno integre el 100% de los recursos del ajuste tributario al presupuesto de Educación, así como los recursos derivados del crecimiento promedio del presupuesto, ya que no resulta creíble pensar que de no haber mediado ajuste tributario el presupuesto de educación creciera cero.
2. Se asuma un real y efectivo compromiso con la Educación Pública, impulsando un Plan de Revitalización de la Educación Pública que apunte integralmente a mejorar la gestión y la calidad de la educación pública, que ponga coto a la pérdida de matrícula que ha experimentado, mediante la inyección de recursos y los apoyos pedagógicos de parte de la autoridad.
Todo ello complementado con la creación de un comité de seguimiento de carácter transversal y plural -que integre a los distintos actores educativos- que garantice la adecuada implementación de este plan. Estamos disponibles para que en el marco de este esfuerzo identifiquemos aquellas líneas o programas vigentes que claramente pueden reorientarse de manera total o prioritaria al sector municipal.
3. En Educación Superior que no se siga deteriorando la oferta pública a fin de que efectivamente contemos con un sistema público universitario moderno y de calidad; que se actualicen los montos de las becas de alimentación y de manutención que otorga la JUNAEB, las que inexplicablemente se mantienen congeladas hace ya muchos años impidiendo que los alumnos puedan una alimentación adecuada y una manutención digna. Igualmente, buscaremos avanzar en que, mientras no exista una adecuada regulación de aranceles de referencia, se acoten las brechas entre las ayudas estudiantiles y los aranceles efectivos.
4. Se equipare el tratamiento dado a los deudores CAE a los más de 100.00 deudores CORFO. De lo contrario, mantendremos el rechazo del presupuesto de CORFO como ocurrió ayer en la subcomisión.
5. Reformar al sistema de licitaciones y compras públicas a fin de garantizar la debida transparencia y competencia, que eviten se repitan los lamentables casos de la Subsecretaría de Interior, CONAF, INDAP, entre otros. Esto supone también, el rechazo del Plan Frontera Norte, hasta que no se aclaren todas las irregularidades que se han detectado.
6. Poner coto a las asignaciones discrecionales a fin de evitar que en un año electoral se exacerbe el intervencionismo electoral del que fuimos testigos con ocasión de las recientes elecciones municipales. En la misma línea, abogaremos por restringir al máximo el gasto de publicidad del gobierno y limitar los crecimientos excesivos en materia de honorarios.
7. Evitar el deterioro que ha experimentado la inversión pública, especialmente en áreas tan sensibles como vivienda y salud.
8. Dar un giro en la fracasada política anti delincuencia que ha impulsado el Gobierno, fortaleciendo los programas que han dado resultado, re orientando los que han tenido resultados efectivos y, por sobre todo, no seguir en una mirada exclusivamente represiva incentivando recuperación de espacios públicos, más participación comunitaria, entre otros.
9. Condicionar la aplicación de la nueva encuesta CASEN a que esté operativa la nueva institucionalidad autónoma y altamente tecnificada que de plenas garantías de las estadísticas sociales.