Como Vicepresidencia Indígena del PPD manifestamos nuestro más absoluto rechazo y preocupación ante la acción de Carabineros de Chile que, en el marco de un allanamiento en el sector de Temucuicui, Comuna de Ercilla, realizó tal operativo utilizando bombas lacrimógenas, las que llegaron hasta la Escuela G-816, existiendo niñas y niños en su interior quienes sufrieron los efectos de tales gases.
En este contexto, debemos recordar que Chile está suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 1° señala que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.”
Es por esto que llamamos al Gobierno, representado en este caso por el Ministerio del Interior, y como superior jerárquico de Carabineros, institución esencialmente obediente, no deliberante, que instruya una investigación y verifique si hubo exceso en el actuar de la policía, si se cumplieron los protocolos existentes y rechace de manera categórica cualquier acción que atente directa y especialmente a menores de edad.
En este sentido, destacamos que los tribunales de justicia han acogido diversos recursos de protección a favor de comunidades mapuche, indicando textualmente que “la detonación de bombas lacrimógenas en los hogares de los miembros de la Comunidad Indígena atenta y se contradice con los postulados de la Constitución Política del Estado, de la Convención sobre Derechos del Niño y el Convenio n.°169 sobre pueblos indígenas” (Corte de Apelaciones de Temuco, fallo diciembre 2011).
Solicitamos además que otras intuiciones públicas, como SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se haga parte en estos hechos para velar por los derechos de las niñas y niños mapuche quienes se han visto afectados en su salud física y psíquica, y se adopten las medidas necesarias para resguardar su debida protección.
Una vez más rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia contra las comunidades, familias y personas indígenas, provenga de una persona, organización o institución pública.
14 de junio de 2017