La UDI, fraudes y mentiras

Por Jaime Rubio Palma

La investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público echa por tierra el mantra repetido por el ex senador Novoa: “No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI”.

Según consta en la carpeta investigativa, Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, declaró el 12 de septiembre de 2014: “Jovino Novoa conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en las que se colaboró (…). Esas facturas son para candidatos de la UDI, que recolectaba Jovino Novoa”. También lo corroboró Bernardita Chamarro, secretaria del estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, quien declaró que recibía instrucciones verbales del ex senador para emitir las boletas por gastos que no se prestaron en las sociedades Penta S.A, Penta III e Inversiones Ban Penta II Ltda, lo que significó disminuir la base imponible de esas empresas, declarando un impuesto menor al que legalmente correspondía. En esa misma carpeta de la Fiscalía aparecen declaraciones de la contadora general de Penta S.A y del contador del grupo Penta, señalando que este procedimiento era “una práctica habitual” en estas sociedades, incorporar boletas de honorarios y facturas falsas en la contabilidad, para luego declarar gastos inexistentes con el fin de “disminuir ilegítimamente la carga tributaria que por ley les correspondía soportar”.

La desazón que deja la denuncia criminal por parte del SII, en la investigación denominada como “fraude al FUT”, es la existencia de un montaje entre un partido político y un grupo financiero para defraudar al Fisco, emitiendo boletas y facturas ideológicamente falsas para obtener un crédito fiscal, generando un enorme perjuicio fiscal. Las penas para el que confeccione, venda o facilite facturas falsas, de acuerdo a la legislación vigente, será sancionado con 541 días a 5 años de cárcel y una multa acorde a lo defraudado.

Hugo Bravo, al principio desdeñado y ahora temido, ha hecho tambalear la mística y las lealtades internas de la UDI, debido a la complicada situación que atraviesa esa colectividad, la cual se puede asimilar a la que le ocurre al Partido Popular de España -comparten el conservadurismo y el neoliberalismo económico- con el “caso Gürtel”, investigación sobre la corrupción política vinculada al PP que actualmente tiene 187 imputados y se les acusa de blanqueo de dinero, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

En el caso especifico del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en la querella criminal interpuesta en su contra, se señala que los hechos invocados en la denuncia corresponden a los delitos de cohecho y soborno. Al parecer las conductas irregularidades se repiten entre los conservadores de la península ibérica y los de este largo y angosto país, junto con el acervo cultural y lingüístico.
Es sorprendente e indignante para el ciudadano común seguir viendo en la televisión al presidente de la UDI, Ernesto Silva, con una cara de póquer, insistir que los hechos investigados son solamente errores, negándose a reconocer los ilícitos cometidos por los miembros de su partido, incluso los relacionados a las sociedades vinculadas a su familia. En el listado de Marcos Castro -contador de Penta- vinculado a la red de corrupción del SII para estafar al fisco y abultar las devoluciones de impuestos, reconoce, ante el fiscal Carlos Gajardo, ser también contador de la familia de Ernesto Silva Méndez y que les “hacia su declaración de impuestos y les llevaba la contabilidad desde 1993″. Es de público conocimiento, además, la intimidad existente entre la familia del presidente de la UDI con Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del grupo Penta.

La era de la hegemonía política de la UDI, mitificada por las antiguas y nuevas generaciones, y apuntalada por la Constitución de Pinochet, se ha topado con el SII y el Ministerio Público. Sólo resta esperar que los tribunales de justicia cumplan con su misión de “El que la hace, la paga”, sancionando a todos aquellos que han tejido una red incestuosa entre dinero y política, tanto para defraudar al Fisco y para incidir, a través de parlamentarios agradecidos y acríticos, en el proceso legislativo a favor de los grandes grupos económicos en desmedro del interés general (eventual soborno y cohecho), para que posteriormente, una parte de las utilidades gigantescas obtenidas por estas empresas (Isapres, AFP, Bancos, etcétera), vayan a financiar las campañas electorales millonarias e ilícitas de la UDI.

La credibilidad del sistema político está en un crítico nivel. Este escándalo de fraude al FUT y la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas para evadir impuestos, abre una puerta para poder regular y avanzar hacia una legislación de financiamiento de la política en concordancia a una democracia moderna, terminando con la opacidad con que se distribuyen los dineros en las campañas y el secuestro de la política por parte de las grandes empresas. Para tal efecto se requiere una nueva institucionalidad para el Servel, con mayores recursos financieros y humanos, con potestades de fiscalización y de sancionar, única manera que la regulación tenga efectos disuasivos.

Finalmente, sólo existe una alternativa para terminar con esta simbiosis entre partidos políticos y empresas: la nueva legislación en esta materia debe prohibir el aporte a las campañas electorales y a la política, por parte de las personas jurídicas (empresas), puesto que en la actualidad el peso de los conglomerados económicos en el financiamiento de los candidatos de los partidos de derecha es excesivamente desproporcionado, lo que genera ventajas y un poder sobredimensionado a un sector social minoritario, en desmedro de la gran mayoría de los chilenos, lo que va a contrapelo de los fundamentos democráticos de que todos los ciudadanos son iguales en el momento de determinar y elegir a sus representantes en el parlamento.

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