Adriana Muñoz preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Alta, en la cual se resolverá el debate sobre la Reforma Laboral. El mismo que, en las últimas semanas, se ha visto opacado por la renuncia de la ministra de Salud y la vertiginosa evolución del caso Penta. Aunque a ella le interesan ambos tópicos, elegimos iniciar esta conversación desde un tema que hace años busca instalar en la agenda pública y que estima imprescindible para proteger un recurso que, tras una década de sequía en la región que representa, escasea a niveles que califica de dramáticos: “Coquimbo es una zona alguna vez conocida como el norte verde. La sequía, posiblemente asociada al cambio climático, partió afectándonos, y hoy se deja sentir hasta la Región de Valparaíso. Por el sur, avanza hacia el Maule con episodios en Chiloé y la VIII Región. Es decir, invisibilizadas por las urgencias contingentes, hay regiones afectadas por un tema que tarde o temprano impactará la vida cotidiana y la economía nacional”.

La sequía, dice, evidenció la forma desequilibrada en que se accede al agua en Chile. Señala que la Constitución de 1980 entrega gratuitamente a los privados en propiedad y a perpetuidad el uso de los derechos de aguas asociados a terrenos destinados a la realización de proyectos productivos agrícolas, mineros o hidroeléctricos.

-Parece que la intención del legislador fue incentivar la actividad productiva…

-En efecto. Y el agua se convirtió en un instrumento financiero comercial a través del cual el Estado capitalizó a privados. Como el 90% de la propiedad la concentran transnacionales propietarias de grandes extensiones, en la práctica, el Estado perdió soberanía sobre un recurso nacional escaso e imprescindible para la vida humana. Y hoy, en una región asolada por la sequía, carece de instrumentos legales para proteger los derechos de productores locales propietarios de pequeñas superficies que son las grandes víctimas de la falta de lluvias en el Norte Chico.

Contaminación y salud pública

Muñoz sostiene que en la región que representa, el 85% del agua se usa en la agricultura, industria que, una vez utilizada, la devuelve a los acuíferos a través de napas subterráneas o de los grandes caudales, a diferencia de lo que ocurre en la segunda actividad productiva regional: la minería. “El agua que las faenas mineras requieren en abundancia no es recuperable, pues se contamina, y cuando vuelve a las napas subterráneas o los caudales, los contamina también, atendidas las condiciones de producción que hoy implementa esa industria en el país, abaratando costos con cargo al medio ambiente. Así, cuando se agotan las vetas en explotación, el país queda sin los recursos extraídos y sin el agua que hizo posible su extracción”.

-¿La legislación regula o controla de algún modo el proceso?

-Tramitamos ahora un proyecto de larga data, que regula el cierre de faenas mineras contaminantes. Entre tanto, tenemos una cantidad de pasivos mineros abandonados al finiquitar la labor extractiva. Coquimbo concentra el 56% de pasivos mineros del país.

-¿Qué son los pasivos mineros?

-Una “torta” de desechos minerales que el viento traslada, contaminando el aire que se respira y la tierra en que finalmente se depositan. Por esa vía, las napas subterráneas, que son una red de vasos comunicantes vinculados entre sí, extienden la contaminación mucho más allá de los derechos concedidos al usuario original. El agua que bebe la gente de Coquimbo está contaminada de manganeso y otros minerales dañinos para la salud humana.

-¿Qué hace el Estado para resolver esa situación?

-Muy poco. Llevamos más de 6 años debatiendo normas regulatorias para proteger el interés público, pese a que en la región hay un incremento de casos de enfermos de cáncer, que investigaciones no publicadas de universidades locales relacionan con la contaminación mencionada.

-Ud. describe un problema de salud pública. ¿Por qué no hay una acción multisectorial?

-Porque los temas se han metido bajo la alfombra, al punto que agota denunciar, mostrar, buscar y proponer con las comunidades científicas, académicas, políticas y organizaciones locales diversas vías de solución. Esto es independiente de la tendencia política de los gobiernos. Hay una mirada casi cultural que dice: “La minería y la agricultura de exportación generan recursos y empleo. Tomar medidas drásticas entra en conflicto con el desarrollo”. Mi pregunta es: ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Hay desarrollo descartando el bienestar de las personas?

Reformas y prudencia

 

-El tema que expone nos devuelve al compromiso de cambio constitucional establecido por la Presidenta y aún pendiente. ¿Es prudente abordarlo, dado el clima de tensión política y social?

-Desde la recuperación de la democracia se plantea la necesidad de cambios de fondo. Alguna vez no fue prudente, por la necesidad de estabilizar al país, luego era necesario estabilizar la economía, luego consolidar lo avanzado. En 24 años, incluidos los 4 del gobierno del Presidente Piñera, nunca fue prudente, y lo que hemos logrado entre todos es consolidar un modelo que -pienso- como país nos ha hecho más mal que bien. Vea las tensiones que recorren nuestra convivencia.

-¿No expondrá la estabilidad económica y política insistir en este ímpetu transformador?

-El Gobierno fue elegido por la mayoría de los chilenos; es decir, no es antojo de la Presidenta o de sus ministros impulsar los cambios. Respecto a evitar el conflicto: llegamos al punto en que sólo podemos elegir el tipo de conflicto que queremos afrontar como país. Si los cambios prometidos no se hacen, se incrementará el desencanto y la desconfianza ciudadana respecto de la política. Por cierto, podemos no hacer nada más, aceptar que el 10% del país concentre la riqueza generada entre todos y luego ver cuánto dura la tranquilidad que mantener este estado de cosas garantiza.

-Respecto de la reforma laboral, muchos señalan que en tanto la Dirección del Trabajo carezca de recursos y atribuciones para hacer cumplir la normativa laboral, no habrá grandes cambios.

-La agenda laboral incluye una cirugía mayor a la DT. Es cierto que no se puede avanzar en derechos laborales con una institucionalidad raquítica que, por señalar un indicador, cuenta con algo así como 800 fiscalizadores a lo largo del país. Robustecer la institucionalidad laboral es imprescindible para lograr las metas de la reforma. Viene una propuesta de ley en ese sentido.

-¿Ve el caso Penta como una circunstancia olvidable o un hecho sustantivo de la política?

-Es sustantivo. Transparentar las formas de financiamiento de la política es condición para recuperar la participación ciudadana en la democracia. Si la mayoría cree que al poder legislativo sólo llegan quienes logran financiamiento para pagar su sillón en el Parlamento, y desde allí, financiados por unos pocos, tomar decisiones que afectan al país, nuestra democracia se hará cada vez más frágil.

-Hasta el 2003 ni siquiera existía la legislación que actualmente regula el financiamiento de la política. ¿Pudo la necesidad de acceder a financistas privados afectar la voluntad de concretar cambios prometidos por la Concertación?

-Por cierto. Creo que la mayoría del país ya no está interesada en el sector sobre el cual recaen hoy las culpas. Constata que sus legisladores defraudaron al fisco y los ve ligados a intereses privados en una situación que no admite discusiones. Somos presa de las mismas trampas que dejamos pasar a lo largo de años. La pregunta que hoy debemos responder colectivamente es ¿cómo devolvemos dignidad a la política?