La pacificación de Chile

Por Domingo Namuncura

Esas fueron mis palabras. “De pronto, da la impresión que el Palacio Presidencial, que debería ser centro y sujeto de construcción política, se convierte solo en un centro de Bandos y órdenes”. 

Estamos a Enero del 2014, exactamente un año después. ¿Y qué observamos? Masivo despliegue policial; viajes del ministro del Interior y reuniones oficiales con agricultores (más, con ninguna comunidad indígena); declaraciones belicosas; imputaciones abiertas de “terrorismo indígena”; declaraciones notables o sorprendentes de una vocera haciendo alusión al rescate de la “Pacificación de la Araucanía”… ¿Son distintas estas observaciones de aquellas de las cuales dimos cuenta en enero del 2013? No. 

Y al contrario, personeros del mundo empresarial han sido más relativos en sus juicios. Sin renunciar a exponer su preocupación por la gravedad de determinados hechos, en su mayoría coinciden que la Región de la Araucanía sigue produciendo y que algunos actos de violencia no afectan mayormente los indicadores de producción. 

Desde la cárcel, Héctor Llaitul, vocero de la CAM sale al paso de algunas personas que haciendo uso y abuso de la causa mapuche confunden su accionar con la identidad indígena o la emplean con una finalidad propagandística. 

El Gobierno dice, “encontramos panfletos que hacen alusión a la causa mapuche”. Y cuando eso se dice, me acuerdo de aquellos años de dictadura cuando en determinados (y muy sospechosos actos de “violencia extremista”) proliferaban también “panfletos y volantes subversivos”. 

¿Qué está sucediendo en realidad en La Araucanía? Nada nuevo que no se conozca desde hace más de 40 años, sólo para establecer una mirada corta (desde el punto de vista histórico).

 

Entre 1973 y 1989 el Pueblo Mapuche, en particular y en el sur principalmente, sufrió una profunda represión. Lo que quedaba de sus tierras fue usurpado por particulares y por el Estado militar. Las leyes que se alcanzaron con esfuerzo y el trabajo de muchos años para proteger una parte de los derechos de tierras, fueron borradas sin contemplaciones. 

La dictadura dictó Decretos Presidenciales mediante los cuales se subdividió la tierra indígena y se obligó a muchas comunidades y familias a dejar sus tierras. Sobre estos mecanismos institucionales se levantó el poder de las empresas forestales y se fortaleció la hegemonía de familias de terratenientes. 

Esa es la verdad. Y los indígenas fueron reducidos a la mínima expresión. Cualquier lucha social y pacífica que se levantase para exigir derechos indígenas en el sur, fue violentamente reprimida. 

¿Qué cambió con la transición democrática? En 1989 los indígenas firmaron el Pacto de Nueva Imperial con Patricio Aylwin. El Presidente cumplió: creó la CEPI, Comisión especial de pueblos indígenas. Le encomendó enmendar la ley y crear una Ley Indígena. Pasaron tres años y finalmente la Ley 19.253 nació el 5 de octubre de 1993, generando grandes esperanzas de cambio. 

En 1994 se crea la CONADI y se inicia una nueva relación entre Pueblos Indígenas y Estado. ¿En qué fallamos? 

Se destinaron recursos limitados para resolver complejos problemas de demandas de tierras ancestrales. La naciente institucionalidad democrática chilena no estaba preparada para impulsar grandes cambios en la política indígena. Las autoridades del Estado, en general, sentían que el tema indígena era fundamentalmente un problema de pobreza y falta de oportunidades. 

En suma, lo indígena nunca alcanzó a ser un tema relevante en el Estado. Con la crisis de Ralco y su impacto en la Ley Indígena, la Conadi perdió fuerza y la Ley Indígena quedó debilitada. 

El Presidente Lagos comprendió que estábamos ante un problema y convocó a una comisión que durante dos años y medio arribó a conclusiones muy importantes: el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato reconoció las injusticias que el Estado cometió en contra de los Pueblos Indígenas; se auto-impuso el deber de establecer una Deuda Histórica y formuló 120 medidas de todo tipo para iniciar un proceso de reparación. 

El Informe está cumplido sólo en una mínima parte. La Presidenta Bachelet, en su primer Gobierno hizo un giro conceptual importante el 2008. Habló de Derechos integrales (políticos, sociales, económicos y culturales) y enfatizó la aprobación del Convenio 169. Las políticas públicas indígenas, mientras tanto mantuvieron su ritmo, sin muchos nuevos recursos y, en suma, se avanzó en la medida de lo posible. 

Por cierto, se cometieron errores que afectan la confianza del mundo indígena en las leyes, las instituciones y el gobierno. Sus demandas comenzaron a ser criminalizadas. La Ley anti-terrorista hizo su aparición y surgieron las primeras víctimas mapuche. La distancia ha crecido. 

Resolver la situación de la Araucanía requiere una suma de procesos. El Estado democrático debe cumplir sus compromisos. Ahí está el Informe de Verdad y Nuevo Trato, hay que llevarlo a la práctica. 

El Gobierno debe hacer cumplir las Leyes. Ahí está el Convenio 169 que obliga a una completa revisión y ajuste de la legislación y normativa nacional aplicable a los Pueblos Indígenas. 

Chile debe cumplir sus compromisos internacionales. Ahí está la Declaración Universal de Derechos Indígena en el mundo, de Naciones Unidas 2007 (que Chile firmó de puño y letra). 

El Congreso deberá legislar para incluir a los indígenas en el Parlamento y aprobar los reconocimientos jurídicos pendientes en el corto plazo. 

El Poder judicial debe revisar todo proceso judicial contrario a los derechos indígenas. Chile debe invertir más recursos financieros para comenzar a saldar la Deuda Histórica reconocida el 2004. 

Esto solo para comenzar a conversar. 

¿Cuánto vale la Paz de Chile? ¿Qué valor le ponemos a la Paz en la Araucanía? Si Chile actúa con mezquindad, la paz se hace relativa. Con la plata de todos los chilenos el Estado ha salvado la crisis de medios de prensa, de bancos, de empresas. 

¿Cuánto le cuestan al país los subsidios a las empresas mineras, forestales, salmoneras, eléctricas y las variadas y extensas “condiciones ventajosas”? Seamos claros, son miles de millones de dólares. 

¿Cuánto se ha invertido en 14 años en buscar resolver la Deuda Histórica con los Pueblos Indígenas? menos de un décimo de lo que se ha invertido (y se sigue invirtiendo) en grandes complejos industriales. 

¿Quién debe ser pacificado entonces? El país, cuando la discriminación estructural y la ausencia de reconocimiento de Derechos son fuente de la violencia primera. 

Entonces, llamo a los chilenos a ponerse una mano en el corazón, para entender que es la diversidad cultural la que da sentido y solidez a nuestra plurinacionalidad y que los indígenas son sujetos de derecho, y meter la otra mano en el bolsillo, aunque sea para decir: “mire, y para que por lo menos sea una vez en la Historia de Chile, ¡lo que cueste!, los chilenos pagaremos nuestra Deuda Histórica con los Pueblos Indígenas”. 

Entonces podremos hablar de una Paz duradera.

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