JPPD y juventudes de oposición rechazan “Aula Segura”

La Juventud del Partido por la Democracia (JPPD), además de sus pares de otras colectividades políticas de oposición, expresaron hoy su rechazo al proyecto del Gobierno denominado “Aula Segura”, que pretende aplicar medidas más drásticas a quienes protagonicen hechos de violencia en colegios del país.

Los dirigentes juveniles estuvieron en el frontis del Ministerio de Educación, donde entregaron  una carta dirigida a la ministra Marcela Cubillos, donde rechazan los actos violentos conocidos en los últimos días, pero argumentan que la iniciativa legislativa no resuelve el problema de fondo, sino que, a juicio de ellos, podría agravarlo.

Acá la carta entregada a la titular del MINEDUC:

Santiago, 25 de septiembre de 2018

Sra. Marcela Cubillos

Ministra de Educación

PRESENTE 

Las organizaciones políticas que suscribimos esta carta, atendiendo al valor democrático que nos inspira, y teniendo en cuenta que el diálogo es un principio rector del quehacer político, manifestamos un rotundo rechazo a la violencia en los establecimientos educacionales. No obstante, creemos que criminalizando a los estudiantes, como pretende el Ejecutivo, con el proyecto de ley “Aula Segura”, no se logrará disminuir este fenómeno, sino que, por el contrario, puede fomentar hechos aún más violentos.

Desde las juventudes de nuestros partidos, nuestro compromiso se inspira en construir instancias de discusión que posibiliten el debate con altura de miras. Por lo anterior, nuestro marcado interés por expresar la necesidad de abordar el problema de fondo, en sus causas y alcances, como también por atender de manera sistémica la complejidad social que subyace a estos episodios violentos, que, como hemos señalado, condenamos categóricamente.

En este sentido, el proyecto de ley “Aula Segura”, enviado al Congreso vía mensaje, resulta del todo cuestionable, pues no se hace cargo del problema original, soslayando las condiciones sociales, económicas y culturales que hacen posible estos hechos, centrándose solamente en la punición, segregación y exclusión de los estudiantes.

Con base en lo recién expuesto, cuestionamos cualquier intento de abordar tan compleja situación mediante atajos efectistas y reduccionistas, que solo limitan la posibilidad real de construir, diseñar e implementar procesos que nos permitan, como sociedad, superar de manera definitiva este problema; que, es menester señalar, no es la realidad de la mayoría de los establecimientos educacionales del país.

En consecuencia, reiteramos nuestro rechazo al limitado y errado debate que pretende instalar el Gobierno a través del proyecto de ley en comento, principalmente por las siguientes razones:

 

  • Se establece la expulsión de estudiantes como objetivo central de los esfuerzos a realizar para superar la violencia, lo que no sólo significará el traslado de la violencia entre establecimientos, sino que también la inhibición del rol formativo y transformador de las instituciones educativas, fin último y principal de su existencia.

 

  • No aporta herramientas a las comunidades escolares para enfrentar la violencia. Actualmente las expulsiones, ante faltas de gravedad, están contempladas en los manuales de convivencia vigentes en los establecimientos y se encuentran reguladas por la Superintendencia de Educación mediante su “Circular N°1”, la que establece mecanismos de debido proceso a fin de garantizar un resultado justo. Además, el presente proyecto tampoco se hace cargo de la deficiente inversión en infraestructura que afecta a muchos establecimientos públicos a lo largo del país, que impide entregar medios materiales a las comunidades para resguardar la seguridad de sus escuelas y liceos.

 

  • Representa una amenaza al debido proceso, resguardado por el estado de derecho y sus instituciones ante procedimientos sancionatorios. Los tiempos actualmente estipulados por la normativa no son excesivos y ha sido el incumplimiento del debido proceso el factor que mayormente ha motivado la anulación de medidas de expulsión por parte de la Superintendencia de Educación. De esta forma, acotar los tiempos no aportará e incluso puede complejizar aún más la labor de los equipos directivos.

De esta forma, hacemos un llamado al Gobierno, con especial énfasis al ministerio que usted lidera, a centrar el debate en los temas de fondo, en la condiciones estructurales, con mirada de largo plazo que permita prospectivamente delinear soluciones que vayan en pos del fortalecimiento de la educación pública, sus equipos psicosociales, de convivencia escolar. Esto, a nuestro juicio, con el propósito de lograr el empoderamiento de las comunidades escolares y el rol de éstas en la formación en valores democráticos.

Se despiden atentamente,

 

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