La trayectoria tanto profesional como personal de José Zalaquett ha estado marcada por su vinculación a los derechos humanos. Estuvo detenido y luego exiliado. Y desde entonces, enfocó su labor como abogado en la defensa de los DDHH. De regreso en Chile, participó en la Comisión Rettig y ha recibido múltiples premios  por su trabajo.

Hoy, desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Zalaquett, un referente en la materia, aborda los últimos acontecimientos de una agenda que volvió a estar en el centro de la discusión en los últimos días.

¿Existen los pactos de silencio entre uniformados para encubrir casos de violación a derechos humanos?

Era un orden superior para que los subalternos se ajustaran a la versión que se había preparado oficialmente. Esta orden lleva aparejado un sistema de premios, ascensos y otros beneficios. Los pactos de silencio sí existen, pero no son acuerdos entre iguales, porque hay una verticalidad del mando dirigiendo el encubrimiento.

¿Están vigentes?

No conozco la política interna del Ejército, pero creo que todavía, salvo la conciencia de algunas personas como los conscriptos, a quienes les remuerde la conciencia y hablan, los pactos y el encubrimiento establecido en tiempo de dictadura siguen vigentes.

¿El pacto es sólo militar o hay participación de civiles?

Hay muchos civiles que se beneficiaron del régimen militar y que ahora se lavan las manos con pretendido horror o asco por las cosas que los beneficiaron. Se enriquecieron a costa de que los militares les guardaron el jardín y ahora toman distancia y repudian aquello.

¿Qué valor tienen los cables de la CIA que mostraron que Pinochet encubrió información en el Caso Quemados? 

Hoy existe hambre por saber y ha habido muchos casos de revelación masiva de información “clasificada”. Eso tiene valor circunstancial en el sentido de reafirmar otra información que se entregue. Pero no tiene valor probatorio por sí solo, sirve para confirmar otras informaciones que permitían llegar a una conclusión.

El Ejército dio de baja a los uniformados procesados en el Caso Quemados. ¿Tiene sentido dictar una ley que permita la degradación de militares?

La degradación de los militares sólo se puede aplicar como pena, y por tanto, una ley en ese sentido puede ser tachada por inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque se establece una penalidad aplicada por autoridades en circunstancias en que sólo al tribunal le corresponde aplicar.

¿Corresponde levantar el secreto del Informe Valech a pesar de que la entrega de información se hizo bajo la promesa de reserva por 50 años?

Si se les prometió la confidencialidad, el Estado debe cumplir esa reserva. Hay una errónea concepción: ese secreto se estableció para beneficio de las víctimas, no de los victimarios. Y al mismo tiempo toda esa información ya está en poder de los tribunales, donde se han abierto más de mil juicios sobre el tema. El Informe Valech no es una suerte de tesoro de información,  son narraciones individuales. No hay puntualización sobre los hechores o información que permita llegar a antecedentes nuevos.

Las personas involucradas que entregaron esta información en confidencialidad son libres para declararlo, porque ellas pueden entregar información cuando quieran a los tribunales.

¿Debe el Ejército pedir perdón a Carmen Gloria Quintana?

Sería muy útil. Si bien el año 2003 el general Juan Emilio Cheyre, que entonces era comandante en jefe del Ejército, emitió un documento llamado “Nunca más” -que en el campo de los derechos humanos son palabras sagradas- todas las gestiones en esa dirección son bienvenidas.

¿Cómo evalúa el trabajo que ha realizado la justicia chilena en materia de violaciones a los DDHH?

Hay muchos más casos de los que se cree. Hay más de 180 personas que están cumpliendo condena. Ha habido avances sustanciales, pero a través de muchísimo tiempo y ahora la gente se está muriendo: se están muriendo los perpetradores, los familiares, se murió Pinochet, se murió el general (Humberto) Gordon, el general (Manuel) Contreras no va a vivir mucho tiempo más. El tiempo no perdona.

Para haber roto ese candado de silencio se requería una medida determinante como la que propuso el Presidente Lagos el año 2003, y que encontró oposición en el Parlamento. Consistía en entregar inmunidad a los conscriptos a cambio de revelar la verdad, pero exigiendo que declararan lo que sabían bajo pena si no lo hacían. Estos conscriptos pueden haber cometido un acto ilícito y haber encubierto crímenes, pero bajo presión y no han cometido probablemente crímenes contra la humanidad. Ellos no son los arquitectos, son los ejecutores la política de exterminio de determinado grupo. Con personas como el general Contreras no proceden medidas de clemencia ni morales ni legales.

¿Puede el mando civil obligar al Ejército a entregar información?

Desde luego. Esto se puede esclarecer, pero no creo que haya un cajón que tenga un archivo secreto con información que diga “no entregar, información confidencial”. El comandante en jefe no tiene un cajón con archivos secretos, esa información la tienen personas como el general Contreras y sus congéneres. Pero es información que no van a entregar porque son contumaces y muy porfiados.

¿Pudo haber hecho más la Concertación para avanzar en el esclarecimiento de los casos? Una de las iniciativas más aplaudidas corrió por cuenta del ex Presidente Piñera al cerrar el Penal Cordillera.

Ha habido un progreso en Chile a lo largo de 25 años, pero la cosa avanza, se estanca, y se moviliza de nuevo. Pero no ha habido grandes retrocesos. En su momento se pudo haber hecho más. Lo que más se puede haber hecho va en la dirección de tener una medida audaz, pero efectiva, como la de inmunidad a cambio de la verdad. La naturaleza humana es tal que responde a incentivos, a un sistema de premios y castigos.

Se han reflotado divergencias sobre el régimen militar y su  “contexto”¿La transición continúa?

Depende de qué entendamos por transición. Una de las deudas pendientes es la responsabilidad de los civiles, y hay que hacer todo lo humanamente posible por saber la verdad y buscar justicia.

¿Existe el riesgo de que el Gobierno haga uso indebido del tema?

Me cuesta pensar que La Moneda pueda hacer un uso instrumentalizado de este tema. El Ejecutivo está escuchando. Se le puede reprochar a esta administración y las pasadas que no han tomado todas las medidas necesarias para avanzar hacia la verdad completa, pero se ha progresado. No estamos en una situación ideal, pero se ha progresado.

Fuente: pulso.cl