Impacto de los Recortes en la Ley Ricarte Soto: Un Ahorro que Sale Caro
Recortar la Ley Ricarte Soto no ahorra: el gasto se va a tribunales, donde el Estado paga más caro. En 2024 los fallos judiciales por tratamientos de alto costo costaron $81 mil millones a FONASA. Lee la columna completa en el link que dejamos en nuestras historias.
La Ley Ricarte Soto, diseñada para proporcionar acceso a tratamientos de alto costo, se enfrenta a recortes presupuestarios que han generado un efecto dominó de gastos en el sistema judicial. En un intento por ahorrar, el Estado chileno podría estar incurriendo en mayores costos debido a la masiva judicialización de casos. Según las cifras más recientes, en 2024 el Fondo Nacional de Salud (FONASA) destinó $81 mil millones a fallos judiciales derivados de la falta de cobertura de tratamientos bajo esta ley.
La justificación tras estos recortes ha sido cuestionada por diversos actores, incluidos pacientes, familiares y organizaciones de salud. Argumentan que el acceso restringido a tratamientos incrementa la carga de juicios que terminan costando más al erario público. Esta situación no solo prolonga el sufrimiento de los afectados que aguardan una resolución positiva, sino que también genera embotellamientos en los tribunales, aumentando el tiempo de espera para todos los involucrados.
Expertos en política de salud sugieren que una revisión completa de la estrategia financiera podría optimizar recursos y evitar un gasto mayor del esperado en procesos judiciales. La eficiencia del sistema de salud se mide no solo en términos de ahorro inmediato, sino en el impacto a largo plazo que tienen las políticas sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La Ley Ricarte Soto podría beneficiarse de una evaluación más minuciosa para asegurar que su aplicación cumpla con los objetivos de equidad y accesibilidad que inspiraron su creación.