por Guido Girardi
Por las presiones de grandes corporaciones y un paradigma de desarrollo extractivista y acumulador, la ciudadanía fue perdiendo la confianza en las políticas públicas sobre sustentabilidad.
El Comité de Ministros dio una gran señal. Concretó el compromiso que la Presidenta realizara durante la campaña y, esencialmente, restituyó a su cauce institucional una tramitación viciada desde su origen. HidroAysén nunca debió ser acogido a tramitación y, más aún, nunca debió ser aprobado.
Pero todavía quedan tareas pendientes. La decisión fue un paso muy importante, pero no el único necesario para recuperar la potestad sobre los recursos naturales alojados en nuestro territorio. Digo alojados, porque aunque se ubican dentro de nuestras fronteras, no son chilenos. Ejemplo de ellos es que mientras HidroAysén y otras empresas sean poseedoras de los derechos que le confieren propiedad de uso sobre las aguas, la amenaza de represar la Patagonia permanecerá latente.
En julio de 2010 la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, y Chile votó a favor. A pesar de ello, nuestro país es el único donde su gestión es privada, gracias a la Constitución de 1980 y el código de 1981, que han permitido la especulación y el enriquecimiento de unos pocos en desmedro de muchos. El Huasco, las comunidades indígenas del altiplano, Copiapó, Alto Bío Bío y Aysén, son unos pocos ejemplos de una situación que debe terminar, y que se suman a un dato tristemente anecdótico: en Chile el agua embotellada es más cara que la bencina.
En el futuro las guerras y la geopolítica tendrán como epicentro el control de este escaso elemento natural. Y existe en la Patagonia una de las reservas de agua dulce no contaminada más importante de la Tierra -Campos de Hielo Norte y Sur- sobre la cual hemos perdido soberanía. Por ello, recuperar el agua es una causa esencial, en todas sus formas, para el bien común.
Son varias las iniciativas que en el Congreso abordan el problema de los recursos hídricos (concepto cada día menos legitimado por la componente netamente utilitarista que involucra), pero lo hacen desde ópticas y paradigmas opuestos. Con esto en mente, junto a los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Antonio Horvath y Adriana Muñoz, presentamos en abril una moción para modificar la Constitución y asegurar “a todas las personas el derecho al agua y a su acceso en cantidad y calidad suficientes, para satisfacer las necesidades individuales y colectivas”.
Nuestro proyecto aporta a la discusión entendiendo el agua como un elemento vital para la existencia humana, que no puede ser mercantilizado ni apropiado. Es ese el desafío al cual invitamos los ciudadanos: discutir sobre el futuro de Chile. Porque no da lo mismo cualquier cambio al Código de Aguas y la Constitución. Que lo que ocurrió con HidroAysén sea una oportunidad. La oportunidad de recuperar la potestad de Chile sobre sus recursos naturales, donde el agua es fundamental.