El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, se reunió este miércoles con Jeanette Vega, directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para respaldar la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de posibles prácticas de colusión de 53 centros de diálisis (62% del total de la oferta) para pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, afiliados a Fonasa.

En la presentación realizada por Fonasa se señala que 20.537 pacientes se dializan a lo largo del país y de ellos, 17.800 (87%) lo hace en centros privados los que reciben $142 mil millones de los $172 mil millones proyectados a pagar durante 2017 por las atenciones de diálisis públicas y privadas.

Al igual que ocurrió en 2008 y 2012 el proceso de licitación en curso fue impugnado ante el Tribunal de Compras Públicas por 53 centros privados pues estiman que no les corresponde “asumir responsabilidad” por complicaciones que sufra el paciente durante su tratamiento y tampoco aceptan ser multados por reclamos de los usuarios ni ser fiscalizados por el Estado.

Para Fonasa esos reclamos “atentan contra la libre competencia” y habrían indicios de colusión, pues la impugnación se hizo de manera concertada y busca “fijar condiciones de comercialización que les favorezcan y excluyan a actuales o potenciales competidores”.

PROCESO PROGRESIVO

Tras la reunión con la directora de Fonasa el senador Girardi calificó la situación de “extrema gravedad…se ha llegado a un punto que obliga revisar la política de salud, porque esto es lo que ocurre cuando un bien público se privatiza. Chile y los pacientes que necesitan diálisis no pueden ser rehenes de empresas privadas que se coluden –según lo señalado por Fonasa- no en función de beneficiar a los pacientes, sino para impedir que sean tratados con dignidad y con derechos”.

Girardi afirmó que es inaceptable “que no quieran hacerse cargo de las complicaciones de los pacientes a consecuencia de dializarse, que no asuman los reclamos, que se opongan a la fiscalización de Fonasa y a establecer indicadores clínicos para evaluar la calidad de su labor y que recurran al Tribunal de Contratación Pública para impedir que se establezcan condiciones mínimas de resguardo”.

El senador anunció que trabaja en un proyecto de ley “para terminar de una vez por todas la externalización de la salud, esta no es la privatización que queremos y hay que reversarla. Deben volver las diálisis a los hospitales y a los municipios para que sean públicas o municipales”.

Girardi agregó que así como se crearon las farmacias municipales debemos generar diálisis municipales para que sean un bien público y no un bien privado”.

El parlamentario aclaró que “debe ser un proceso progresivo, pero desde ya tenemos que ir dotando a los hospitales y municipios de oferta de diálisis para buscar un equilibrio. No puede ser que el 87% de toda la prestación de diálisis esté en empresas privadas que se comportan de mala manera. Ideal sería un 60% público y un 40% privada eso permitiría impedir el monopolio, el chantaje y la colusión”.