Transcurridas dos décadas no cabe duda de que la democracia se ha profundizado y fortalecido; y el diálogo es la forma de solucionar nuestras legítimas diferencias. La paz social es reconocida como un valor fundamental que ha permitido el desarrollo  de nuestra sociedad. Chile es reconocido internacionalmente por sus condiciones de paz y tranquilidad, elementos fundamentales al momento de analizar inversiones económicas. Junto con ser patrimonio de todos (sin distinciones), también constituye un desafío  preservarla y profundizarla por medio de la disminución de las desigualdades que muchas veces se observan como una agresión del sistema para el segmento más desposeído.

En este contexto la colocación de artefactos explosivos es preocupante y debe captar la atención de la autoridad. Desde 2005 más de 198 episodios de este tipo han afectado al país, sin, hasta la fecha, víctimas fatales que lamentar. Los resultados investigativos han sido negativos sin que se tenga claridad de los responsables ni, menos aún, sanciones asociadas, salvo casos excepcionales.

La evolución tecnológica y las nuevas formas de comunicación constituyen un desafío para el sistema de seguridad nacional. Las instituciones encargadas de la prevención, del análisis de información y de la persecución deben actualizar sus técnicas investigativas. Es fundamental que contemos con un sistema de seguridad capaz de adelantarse a las amenazas emergentes y reaccionar enérgica y eficazmente frente a la ocurrencia de un hecho que afecte la seguridad interior. Quizás es la hora de especializar a algunos persecutores y dotarlos de las herramientas  modernas para enfrentar estos delitos. Paralelamente la sociedad debe superar los traumas del pasado y dotar de un sistema de inteligencia que, respetando los derechos individuales, posea la capacidad para advertir a la autoridad de  situaciones de riesgo. De igual forma, la normativa que regula este tipo de acciones ilícitas debe actualizarse tanto en el derecho sustantivo, su penalidad y también en las facultades procesales a las instituciones persecutoras para permitir  una reacción oportuna y eficaz  frente a quienes amenazan nuestra seguridad.

La paz social es un patrimonio nacional y ninguna reivindicación, por legítima que sea, puede utilizar la violencia como forma de expresión. Es allí donde la sociedad  y sus líderes debemos aunar fuerzas para condenar hechos de violencia, para preservar y heredar a las futuras generaciones quizás el principal patrimonio nacional, la paz social.