Sin embargo, la calidad terapéutica de la interrupción del embarazo es ante todo una conversación de salud pública, que tiene como propósito establecer en qué situaciones hay serio peligro para la vida de la madre o en cuáles el feto no tiene compatibilidad alguna con la vida extrauterina. En ambos casos es la medicina, y no la ideología, la que debiera calificar tales hechos.

 

Sin embargo, como las consecuencias derivadas de un aborto generan asociaciones traumáticas para quienes han vivido dichas experiencias, personalmente o en sus entornos cercanos, la representación social de este problema no es exclusivamente cognitiva, sino principalmente actitudinal o emotiva. Es por ello que los sectores que están en contra de todo debate expresan un planteamiento que, debiendo de manera predominante estar en lo médico, es llevado a los sombríos territorios del miedo. Cuando llegamos a ese punto y el miedo se convierte en la narrativa para administrar a los sujetos, estamos de lleno en una política conservadora y autoritaria.

 

Efectivamente, los sectores autodenominados “pro vida” explicitan una posición política e ideológica, más que estar preocupados de hacer un análisis serio de lo que está en juego para la vida humana en una situación de aborto. Hoy en día se practica el aborto en Chile de manera clandestina o encubierto a través de urgencias médicas en procedimientos simulados de alto costo. Es cierto que la tasa de abortos probablemente ha disminuido con el reparto de la “píldora del día después”, sin embargo, sigue siendo una realidad dolorosa y desigual. En esa realidad, una vez más, las familias pobres son las que pagan la desinformación.

 

Eso es aun peor ahí donde no hay legislación. Las tasas de aborto en esos países -como Chile-, doblan las de naciones en que sí hay ley sobre este punto. Como se sabe, las leyes prohibicionistas no desincentivan la posibilidad de realizar las acciones que sancionan, sino que empujan a las personas a realizarlas en condiciones precarias. A propósito del debate realizado hace pocos meses en España sobre este tema, estudios sostenían que la restricción que se pretendía imponer sólo aumentaría los abortos inseguros.

 

La despenalización del aborto en determinados casos, con plazos claramente establecidos para la interrupción del embarazo, es una práctica sanitaria en la mayoría de los países del mundo. Al contrario de ello, América Latina registra la tasa más alta de abortos

inseguros. El mejoramiento de la salud reproductiva debiese ser un objetivo de toda sociedad que resguarde condiciones sanitarias iguales para sus integrantes.

 

El aborto es una situación dramática, aun más si es de forma clandestina. Eso hay que cambiarlo. Se ha propuesto un camino. Se debe abrir el debate. Se pierden muchas vidas con la situación actual. El aborto en Chile se penaliza en todos los casos. Sin embargo, hay decenas de miles, más de 40 mil se estima, todos los años. Es tiempo de cambiar aquello, sin excesos verbales, pero con claridad para reducir una cifra negra que proviene, la mayoría de las veces, de situaciones de mucho dolor como para usarlas como soporte de políticas que buscan instalar el miedo.