Por Antonio Leal, ex Presidente de la Cámara de Diputados y Director del Magíster de Ciencia Política U Mayor.

Después de innumerables intentos frustrados por parte de los gobiernos de la Concertación de reformar la constitución y la ley para terminar con el sistema electoral binominal mayoritario e incorporar formas modernas de participación institucional de la ciudadanía y la tenaz oposición de la derecha que nunca las aceptó, la ciudadanía simplemente se aleja, a través del rechazo y de la desafección, y castiga a las coaliciones políticas incapaces de concordar un cambio institucional que iguale a Chile a los estándares democráticos internacionales.

Todos debieran advertir lo preocupante de una situación donde un gobierno que ganó las elecciones presidenciales, tan solo hace poco mas de un año, con un 53% hoy gobierne con un apoyo de solo el 31% y con un rechazo del 60% de la población y que tanto la Alianza gobernante como la Concertación opositora tengan altísimos niveles de rechazo y una aprobación que disminuye crecientemente, tal como ocurre con el prestigio del parlamento y de otras instituciones.

Lo claro es que para la ciudadanía la Republica Binominal -como la ha llamado el cientista político Ernesto Águila- y todo lo que ella conlleva, ha llegado a su fin y los únicos que parecen no haberse dado cuenta son los partidos políticos, especialmente los de derecha que han defendido con tanta intransigencia un modelo electoral y político que aún es herencia del pasado de facto.

Chile representa una de las pocas transiciones políticas que en el mundo, después de 20 años de democracia, no ha logrado modificar la esencia de la Constitución heredada de la dictadura. Nadie imagina a España, Portugal o Grecia gobernada por un marco constitucional establecido por Franco, Salazar o los coroneles.

Pero es esto lo que aún ocurre en Chile. Vivimos bajo una Constitución que nació sin legitimidad, impuesta por Pinochet, los militares, y los ideólogos civiles que los acompañaron, para mantener atada la democracia a formas excluyentes y neoautoritarias que han limitado, en lo político, en lo económico y en lo social, los derechos de los ciudadanos. Ello paraliza el sistema político, otorga al mercado un peso incontrolable en la vida de la sociedad y de las personas y transforma en letra muerta muchas de las modificaciones que en estos años se lograron concretar por parte de los gobiernos democráticos.

NOMINADOS A DEDO

Los ejemplos abundan. El sistema político, basado en el sistema electoral binominal mayoritario, crea un parlamento excluyente, empatado, sin competencia y pluralismo real, donde la soberanía popular es arbitrariamente modificada por los equilibrios de poder y de estabilidad que diseñó la dictadura. A ello se agrega un sistema de reemplazo de los parlamentarios que permite que personas que nunca compitieron ante los electores y que tienen una baja representatividad, sean hoy senadores y diputados. Es decir los partidos nominan hoy, a dedo, a diputados y senadores completamente al margen de la consulta electoral.

Ello rebaja los estándares democráticos, ya extremamente dañados por el sistema electoral, a niveles que resultan insoportables para cualquier ciudadano que no puede sentirse representado por partidos y por parlamentarios que manejan arbitrariamente sus cuotas de poder y que reemplazan el voto de los ciudadanos por las decisiones de las secretarías de los partidos. El sustento mínimo de una democracia liberal que es elegir a los representantes en Chile es burlado de manera ignominiosa y, con ello, se arrebata al ciudadano, la única cuota de decisión política que una democracia mínima, electiva, debe consagrar para ser considerada como tal. Podemos decir, parafraseando a Bobbio, que en Chile no siempre se cuentan las cabezas.

Pero ello no solo ocurre en el plano político. En educación, una ley que impide el lucro en la Educación Superior es burlada de mil maneras por los empresarios que han transformado a la educación en un gigantesco negocio e incluso se presenta la paradoja que el propio Ministro de Educación del actual gobierno –y claramente no es el único caso– ha recibido cuantiosas utilidades al abandonar la Universidad que creó. La ley es letra muerta y lo que tenemos es un sistema donde la educación pública agoniza y las empresas de educación superior lucran sin control alguno.

En lo financiero, el caso de La Polar es simplemente la expresión más grotesca de un sistema económico donde un grupo empresarial se colisiona para perpetrar un enorme fraude a los ciudadanos más modestos sin que los órganos que deben fiscalizar lo hagan o dispongan efectivamente de las atribuciones para impedir y sancionar estos hechos cada vez que ocurren y ocurren mas allá de La Polar, prácticamente en todo el sistema financiero creado por las casas comerciales y que desde hace mucho han transformado el fraude, la letra chica, las repactaciones con tasas de interés abusivas, en algo mas rentable que el comercio mismo.

Detrás de todo ello, de una República Binominal de democracia incompleta, hay una sensación de enorme pérdida de ciudadanía, de desprotección, de complicidad o ineficiencia de las instituciones, una pérdida de interés por la política y de credibilidad en los políticos.

REFORMAS DE FONDO

Hacer frente a este fenómeno pasa por introducir urgentes reformas de fondo en el sistema político chileno. Hay que terminar con la ley binominal mayoritaria, que en la imaginaria de la gente está consignada como autoritaria, y reemplazarla por un sistema proporcional en alguna de sus diversas acepciones o combinaciones. Hay que crear los plebiscitos vinculantes para preguntar a la población sobre grandes reformas, como el modelo educacional o las decisiones de política energética y promover mecanismos de participación cada vez más directa de la población. Hay que legislar para dar derecho a voto a todos los chilenos en el exterior sin las indignantes condiciones que el gobierno ha querido imponer.

Hay que garantizar la inscripción automática y el voto voluntario. Legislar para disponer de una nueva ley de partidos políticos que imponga primarias para la designación de candidatos a cargos de elección popular, mecanismos de control ciudadano y revocación de mandatos, financiamiento de la política, mayor transparencia y calidad de ella. Terminar con el actual centralismo y fortalecer el poder regional. Hay que reflexionar incluso sobre un cambio de régimen político que genere una República menos presidencialista, más participativa y con un peso mayor de las instancias parlamentarias y ciudadanas.

En estos días, bajo la presión de los desastrosos resultados de las encuestas, diversos personeros de la derecha han hablado de la urgencia de estas reformas. Ha llegado la hora de concretarlas antes de que la ruptura entre sistema político y ciudadanía sea definitiva.

Lo que hay que tener presente, entre otros fenómenos, es que vivimos en un mundo donde las Nuevas Tecnologías de la Información hacen posible una comunicación horizontal de muchos a muchos y que el viejo sistema político está conectado a un sistema donde las decisiones las toman unos pocos y las trasmiten a las elites que gobiernan en diversos ámbitos. Hay un choque frontal entre esas realidades en un momento en que la política misma es cada vez más comunicación. Por ello la ciudadanía tiene un poder que antes no tenía, puede comunicar entre sí, fijar encuentros, movilizar y trasmitir ideas en segundos por la red, instalar agendas y para todo ello no necesita ni a los partidos ni a los políticos.

O la política se adecua a esta nueva realidad potencial de participación ciudadana, o se fortalecen los derechos de las personas y los mecanismos de fiscalización y regulación de la economía, o dicha política y dichas instituciones quedarán completamente obsoletas, desacreditadas, con graves riesgos para el desarrollo democrático del país. Por el momento elmovimiento estudiantil ha irrumpido con tal fuerza que ha sido capaz de congregar a la ciudadanía en general detrás de sus demandas y, lo mas importante, ha corrido el cerco, ha logrado imponer su agenda y cambiar la postura de todos. El rechazo al lucro y el colocar en el centro la preocupación del Estado por la Educación Pública s ya un triunfo de esos cuatrocientos mil que remecieron las calles de Chile.