La protesta de la población patagónica tiene raíces profundas que tienen que ver con su aislamiento y lo que ellos consideran el desinterés y falta de consideración con que son tratados por el centralismo santiaguino. Sus habitantes se enfrentan cotidianamente con una naturaleza imponente en su belleza pero implacable en su rigor. Sus recursos naturales son explotados sin que ellos obtengan beneficio alguno. La pequeña ciudad de Coyhaique es, vaya paradoja, una de las más contaminadas de Chile. Los recursos bentónicos de la región son entregados a la codicia de los grandes grupos pesqueros. Sus bellezas naturales son amenazadas por la construcción de enormes represas que generarían electricidad de bajo costo… para Santiago, mientras ellos seguirán pagando la electricidad más cara del país.

En ese contexto estalló la protesta de los pescadores artesanales que ven amenazado su futuro por la nueva ley de pesca del ministro Longueira. Con el pasar de los días, y ante la nula capacidad de reacción de las autoridades, se fueron sumando sectores sociales a la protesta reivindicando los diversos temas que están hoy sobre la mesa: el precio de los combustibles, los servicios de salud y educación, la conectividad, el derecho a ser consultados.

Los emisarios del Gobierno, primero el subsecretario Ubilla y luego el Ministro Álvarez, en vez de apaciguar los ánimos y canalizar el conflicto analizando cada demanda en su mérito y buscando soluciones pragmáticas, han terminado con su actuar prepotente radicalizando las protestas y ampliando las demandas al tratar de imponer un principio de autoridad que, en democracia, debe sostenerse sobre la capacidad de diálogo antes que sobre la acción represiva de Carabineros.

Si hace un par de semanas el puente que une Chacabuco con Puerto Aysén se encontraba bloqueado por familias que se manifestaban, hoy lo está por vehículos incendiados. El Gobierno sigue sin atinar. Carabineros desplaza cada día mayores contingentes a la región de Aysén y despliega una feroz represión que recuerda los tiempos pasados, pero el ministro del Interior no asume su responsabilidad política.

En ese contexto llega el mes de marzo, en que decenas de líderes estudiantiles se encuentran impedidos de matricularse en sus colegios, abriendo desde el primer día de clases un nuevo foco de conflicto. Los chilenos se preguntan: ¿Tiene derecho a ser tan torpe un Gobierno?