Diputados de la Concertación, PC e independientes presentaron un proyecto de ley para potenciar la participación ciudadana en los proyectos medioambientales, debido al alto impacto ciudadano que han provocado en el último tiempo.
Según el texto legal, la nueva institucionalidad ambiental no se hizo cargo de la participación de la comunidad en las decisiones ambientales. Sólo agregó una participación adicional que se limita a informar y recibir observaciones que no tienen ningún peso real sobre la definición o sobre las condiciones reales en que se aprueban los proyectos.
Por el contrario, estableció una nueva institucionalidad, la Superintendencia Ambiental, integrado por funcionarios políticos dependientes del gobierno central, que mantiene un alto perfil político que le resta imparcialidad y autonomía para calificar proyectos de gran impacto ambiental.
Esta consulta bajo condiciones especiales y que deberán ser reguladas reglamentariamente, tendrá efectos vinculantes para la ejecución del proyecto.
“Creemos que los procesos de evaluación ambiental deben contar con la más amplia participación ciudadana, de los interesados y afectados por los proyectos, con igualdad de condiciones a las que tienen los titulares de los proyectos y con amplia disponibilidad de medios de impugnación reales y eficaces”, aseguró el diputado PPD Enrique Accorsi.
De esta manera, el parlamentario explicó que en esta iniciativa se cambia radicalmente el instrumento actual de meras “observaciones” que son “ponderadas”, a oposiciones y observaciones que deberán ser “consideradas y fundamentadas”, pudiendo procederse a la reclamación administrativa en cuyo marco la autoridad podrá incluso revocar la resolución de calificación ambiental.
A ello se suma el establecimiento de las audiencias públicas que deberán llevarse a efecto inmediatamente publicado en aviso de un nuevo proyecto en evaluación. Con este mecanismo lo que se pretende es formalizar lo que hoy se hace en el mismo sentido y darle valor legal debiendo consignarse lo obrado en ellas en la resolución final.
Además, se instituyen consultas ciudadanas en materia ambiental que deberán llevarse a cabo para aquellos proyectos de mayor magnitud y efectos ambientales cuando lo requieran mayoritariamente los afectados por el proyecto, incluidos los municipios. Esta consulta bajo condiciones especiales y que deberán ser reguladas reglamentariamente, tendrá efectos vinculantes para la ejecución del proyecto.
Finalmente, el parlamentario solicitó el respaldo del gobierno a esta iniciativa que fue suscrita por los diputados Enrique Accorsi (PPD), René Alinco (PRO), Alfonso De Urresti (PS), Cristina Girardi (PPD), Miodrag Marinovic (IND), Fernando Meza (PRSD), Alejandra Sepúlveda (PRI), Gabriel Silber (DC), Guillermo Teillier (PC), y Patricio Vallespín (DC).