El Partido Por la Democracia manifiesta su firme repudio ante la sentencia emitida por la octava sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago la cual dictaminó:
1) Absolver a seis imputados, los cuales fueron agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), por su participación en los delitos de tortura, homicidio y secuestro calificado.
2) Reducir las condenas formuladas en primera instancia por el Ministro de Fuero Leopoldo Llanos, respecto a los delitos de: secuestro, tortura y desaparición forzada, sobre los once imputados restantes.
3) Conceder la libertad vigilada, la cual debilita el cumplimiento y ejecución de la pena, no siendo por tanto un efectivo castigo proporcional al daño ocasionado. Esto genera condenas irrisorias o de “papel” al no juzgarse y sancionarse en virtud de la gravedad de los delitos cometidos.
4) Utilizar la media prescripción en materia penal, para atenuar la pena respecto a los delitos de lesa humanidad, siendo incluso relativizada por la propia sala, al señalar que han transcurrido cuarenta y cuatro años de los hechos, argumentando un sentido humanitario. Esto es un atentado al deber de juzgamiento serio, toda vez que ello procede únicamente para delitos comunes. No cabe la menor duda que se vulnera la proporcionalidad e imprescriptibilidad en la sanción correspondiente. En síntesis, esta es una de las tantas formas de impunidad, que aún se siguen usando en el ordenamiento jurídico nacional.
Por lo tanto, mientras algunos jueces sigan asumiendo la equiparación entre delitos de lesa humanidad y aquellos comunes, inevitablemente se seguirá fomentando la aplicación de sentencias inauditas para un régimen democrático.
Es deber del Estado de Chile, avanzar en sancionar de manera proporcional al delito cometido, garantizar la no repetición, reparar integralmente, como también evitar utilizar disposiciones internas que contrarían el derecho internacional tales como: indultos, penas sustitutivas, media prescripción, y reducción de condenas. De lo contrario, los mantos de impunidad y aparente “justicia” serán una mancha en el verdadero respeto de la dignidad humana y la reparación integral.
Instamos a que la Excma. Corte Suprema restablezca el imperio del derecho, en conformidad a lo establecido por el Derecho Internacional, en las normas de Ius Cogens, Tratados Internacionales, Principios Generales y evidentemente en la Jurisprudencia Interamericana.
Nuestra solidaridad con cada un@ de los familiares y compañer@s de víctimas las cuales han visto la indolencia, falta de seriedad y por sobre todo, ausencia de verdad, reparación y justicia.
Por esta misma razón rechazamos categóricamente cualquier indulto y beneficio que se les pueda otorgar a quienes están condenado por crímenes de lesa humanidad. No aceptaremos medidas que busquen amparar y reducir las condenas impuestas, como tampoco, el negacionismo y búsqueda de impunidad por parte de algunos sectores de nuestra sociedad, que aún creen, en los borrones y cuenta nueva.
Santiago de Chile, 12 de abril de 2020