Recientemente se informó sobre la presentación ante el Tribunal de la Libre Competencia del llamado “Plan Nacional del Espectro Radioeléctrico” por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que busca definir la política espectral del país, que marcará el desarrollo de las telecomunicaciones de las próximas décadas y modificar la actual cantidad máxima de espectro radioeléctrico por operador, conforme al fallo de la Corte Suprema referido a la adjudicación de la banda de 700 MHz, concurso iniciado durante el primer gobierno del Presidente Piñera.
Entendemos, por tanto, de máxima relevancia el proceso de consulta abierta que se inicia ante el Tribunal de la Libre Competencia, puesto que se definirán las bases para la incorporación en nuestro país de tecnología como 5G, que promete, entre otros, mejor velocidad de acceso, mayor cantidad de dispositivos móviles y OITs conectados, menor tasa de latencia y nuevas oportunidades de implementar tecnología en áreas productivas como minería, agricultura, educación, salud, entre otras.
Sin embargo, hace unos días atrás se informó sobre la salida de dos jefaturas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la jefa de división de Política Regulatoria y Estudios (que ya había sufrido cambio hace un par de meses) y la del Jefe de Fiscalización, ambos fundamentales para la presentación, defensa ante el TDLC y ejecución del plan de espectro, como también en la definición de políticas públicas en telecomunicaciones; y la de un especialista externo contratado justamente para llevar a cabo el proceso ante el TDLC.
Estos hechos constituyen y acentúan aún más la crisis institucional en la Subtel que la Comisión Nacional de Redes Sociales y Tecnología del PPD denunciaba el día 16 de agosto pasado, la que manifestamos en una declaración pública, debido al conflicto existente entre diversas empresas de telecomunicaciones y el gobierno por las decisiones administrativas relativas a la gestión del espectro, que es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos.
Creemos que la ausencia de jefaturas técnicas y prevalencia de una autoridad política que carece de visión de mediano a largo plazo, hipoteca el desarrollo tecnológico del país. Nos encontramos ante un escenario de inversiones congeladas, con una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia debilitada por no contar con profesionales técnicos que lideren el proceso, sin una posición clara y precisa por parte del gobierno sobre todo respecto a uso de espectro y con decisiones contradictorias, y que hacen ver a Chile como un país riesgoso por falta de liderazgo de autoridades y claridad en políticas de mediano a largo plazo.
Llamamos al gobierno a otorgarle máxima prioridad a este tema, que signifique cambios en la conducción de la subsecretaría y en las políticas de desarrollo tecnológico, con definiciones claras, fundadas y con certeza jurídica, bases fundamentales para las inversiones y avances tecnológicos y de telecomunicaciones en el país.