Así está consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato (2004). La causa mapuche ha sido criminalizada, y con extrema facilidad y liviandad se ha motejado como “terroristas” a personas y comunidades indígenas, en su inmensa mayoría inocentes y víctimas.
Las movilizaciones indígenas en favor de sus demandas emergieron luego que el Estado de Chile no ha podido dar cabal cumplimiento a los compromisos contraídos desde el Pacto de Nueva Imperial (1989) y sólo se ha avanzado en algunos hitos relevantes, estando todavía pendientes respuestas fundamentales que hoy, en el marco del Convenio 169 de la OIT, Ley de la República desde el 2009, obligan al Estado a dar cumplimiento eficaz a sus deberes en materia de Derechos Indígenas. En consecuencia, si ha existido tensión en la Araucanía y en otras localidades con ascendencia indígena en el norte, centro y sur del país es porque se espera de parte del Estado el cumplimiento de sus compromisos y de sus deberes con el mundo indígena.
La demanda indígena por tierras, aguas y derechos colectivos es legítima. Su movilización política para que tales derechos sean reconocidos e incluidos en nuestro ordenamiento jurídico es válida y justa. El Estado ha respondido de manera preferencial con represión y violencia, lo que está demostrado en diversos procesos judiciales en donde los Tribunales han concluido en absoluciones de personas mapuche injustamente acusadas. Pero hoy, a la luz de lo acontecido en el Tibunal de Angol, con la confesión de un agente encubierto de Carabineros, provocador de atentados y otros delitos en diversas zonas de la Araucanía, viene a agregar un componente extraordinariamente preocupante para la paz social.
Raúl Castro Antipan, ha reconocido de manera oficial, ser “agente encubierto” de la Policía y ha confesado de manera sorprendente ante el Tribunal, haber recibido las instrucciones necesarias para infiltrarse en comunidades mapuches, figura mediante la cual cometió delitos como portar armas en forma ilegal, provocar incendios e incluso asaltar peajes y buses. Hechos, según propia confesión, de lo cual informaba periódicamente a autoridades de la inteligencia policial, incluso advirtiendo con anticipación lo que podía ocurrir, como cuando se refiere al atentado de un bus de pasajeros. El individuo fue utilizado además como “testigo protegido” de la Fiscalía en varias causas y confiesa además estar protegido con bienes y recursos del Estado. Lo descrito permite configurar la imagen de un montaje premeditado de acontecimientos que confirman la campaña de desprestigio que se ha levantado en contra de comunidades, personas y Pueblo Mapuche.
Lo ocurrido con la confesión del Señor Raúl Castro Antipan es de extrema gravedad en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico. Ni siquiera la Ley Antiterrorista –ilegítima por sus contravenciones a la doctrina de los Derechos Humanos- acepta la figura de “agentes encubiertos”, lo que ya indica que quienes organizaron, avalaron y respaldaron el “trabajo” del Señor Castro excedieron todas las normativas. Y lo que es más preocupante; ninguna autoridad policial de carácter local, provincial o regional pudo involucrarse en este montaje sin conocimiento del Alto Mando de Carabineros. En consecuencia: el país, la opinión pública y el Pueblo Mapuche en particular esperan de dicho mando una explicación transparente y la inmediata instrucción de todos los procedimientos de rigor para la investigación de estos hechos, la determinación de las responsabilidades y de los responsables de este grave montaje y las sanciones pertinentes. Es una medida urgente y necesaria que no puede esperar.
DOMINGO NAMUNCURA
Director del programa de derechos indígenas, Fundación Chile 21
Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, U. Academia de Humanismo Cristiano
Santiago, jueves 13 de febrero 2014