El momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se enfrentará esta pandemia y sus consecuencias.

Sabemos que el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda.

Sin duda, la prioridad es la salud y el bienestar de la población. Ello implica enfrentar decididamente las consecuencias de la crisis sanitaria e impedir que se agraven aún más las dificultades que el país y su gente arrastran.

Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas.

En cuanto a la salud, se deben ocupar todos los recursos económicos fiscales que sean necesarios para masificar testeos, disponer de respiradores, proteger a los/as trabajadores/as de la salud y otorgar atención gratuita para pacientes de COVID19.

Medidas económicas: En el ámbito económico, las medidas anunciadas hasta hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente, tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para evitar la fuerte caída en la actividad económica. El programa de protección presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores por cuenta propia.

La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son gasto real. O sea, un 1,5% del PIB. Estamos ante una crisis de las que ocurre una o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el sistema crediticio, funcionen.

Proponemos un programa de rentas a toda la población que se quede sin ingresos hasta finalizada la urgencia sanitaria. La prioridad debe ser las y los trabajadores de Chile y sus familias.

Las personas primero: En primer lugar, nos preocupa que todos/as los/as trabajadores/as (formales e informales) queden cubiertos con un ingreso mensual digno. Para lo anterior, proponemos las siguientes medidas:

El Estado de Chile es el único en condiciones de aportar recursos a todas las personas que han perdido sus ingresos normales. Ello podrá hacerse a través de dos vías:

1. Un seguro familiar. Este beneficiaría a todas las familias cuyos ingresos provengan de trabajos informales (sin contrato de trabajo) o con contrato de trabajador/a de casa particular. El aporte será proporcional al número de integrantes del hogar: $126.000 por cada miembro. Dado que la familia promedio en Chile tiene 3.1 miembros, el ingreso promedio que estas recibirían sería de $390.000 al mes. Estimamos que alrededor de 1.700.000 hogares deberían recibir el seguro familiar, por lo que su costo mensual sería de US$ 790 millones aproximadamente. Para acceder a este seguro, las familias deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares (ya cubre al 74% de la población), y así constatar que ningún miembro de la familia tiene un trabajo formal (exceptuando trabajo de casa particular). El seguro será preferentemente recibido por la mujer del hogar en cuestión y distribuido por BancoEstado a través de la cuenta RUT.

2. Un subsidio de desempleo. En línea con lo propuesto por el gobierno, deben aportarse ya los US$ 2.000 millones para que todos/as los que pierdan o vean suspendido su trabajo formal, mantengan su ingreso, de acuerdo con las reglas de este seguro. Adicionalmente, proponemos que el Estado complemente con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que, por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos, no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia.

Contribución del sector privado: Es indispensable que durante este período de estrechez económica las familias no deban destinar sus ingresos al pago de deudas o servicios de utilidad pública. Algunas de estas empresas ya han accedido a postergar sus cobros. Es indispensable que los bancos sigan el mismo camino, de manera uniforme, postergando el pago de deudas para todos sus clientes sin cobro de tasas adicionales.

Precios y Tarifas: Además de asegurar el ingreso económico a los/as trabajadores/as, se deberá resguardar lo siguiente:

• Cuando sea necesario, establecer de manera transitoria la fijación de precios de alimentos y bienes básicos y esenciales.
• El gobierno debería considerar ampliar medidas de distribución (como las de JUNAEB), o establecer programas de vales de alimentos como existen en otros países que operan en forma descentralizada, y que protegen a las familias de las alzas de precios.
• Congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, incluyendo internet. Asimismo, instamos a que las compañías de acceso a internet puedan rápidamente movilizar infraestructura y recursos para dar mayor acceso a quienes aún no pueden estar conectados.

Para asegurar lo anterior, se hace indispensable tener una relación coordinada, directa y transparente desde el nivel central hacia el nivel local. La acción municipal será clave para implementar los planes especiales de apoyo hacia las personas.

Financiamiento: El costo de las dos medidas señaladas al inicio, sumadas, alcanza, aproximadamente, a 1,9 puntos del PIB (suponiendo tres meses de seguro familiar. Si este se extendiera por cuatro meses, el costo sería de 2,58 puntos del PIB), monto completamente financiable con los recursos que el Estado dispone o puede acceder. Bastaría con asignar menos de la mitad de lo disponible en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Sin embargo, consideramos conveniente usar una variedad de mecanismos de financiamiento, entre los que se encuentran la adquisición de deuda externa, la venta de bonos del tesoro en el mercado secundario al Banco Central (requiere cambio constitucional) y la reasignación presupuestaria.

 PYMES: Es necesario crear condiciones para que la banca otorgue facilidades efectivas a las PYMES y empresas afectadas, no sólo para la renovación de sus créditos, sino que también para la ampliación de esos créditos.

La banca debería ofrecer créditos considerando, al menos, 120 días de gracia, con tasas de interés de entre el 0,5% a 1% y con un plazo de pago de, a lo menos, 48 meses. A su vez, deberá considerar la reprogramación de créditos sin el cobro de intereses, de un mínimo de tres meses, lo que podrá ser extendido en caso que se prolongue la crisis.

La banca tiene el deber social de reaccionar rápidamente para que el crédito llegue efectivamente a las miles de empresas que lo necesitan.

Se debe considerar la creación de un fondo de garantías gigantes (tipo FOGAPE) que permita garantía estatal cercana al 85%.

Estamos en un momento crucial donde se requerirá una implementación administrativa eficaz. Desde el progresismo estamos dispuestos a colaborar para que los planes se ejecuten en la práctica en el menor tiempo posible.

Finalmente, Chile debe contar con un plan contundente que responda a las necesidades de las personas pensando en los difíciles momentos que no sólo nuestro país está viviendo, sino que el mundo entero. Nos comprometemos a apoyar un plan semejante al propuesto, con sentido de unidad nacional.

Heraldo Muñoz

Presidente Partido Por la Democracia

Carlos Maldonado

Presidente Partido Radical

Álvaro Elizalde

Presidente Partido Socialista

Santiago, 03 de abril de 2020