Por Mª de los Ángeles Fernández
Advirtió que los objetivos de las cuotas de género no pueden ser burlados. Más concretamente, pidió evitar “chanchullos”.
El término revela bien lo que son las argucias partidarias. Tal es su preocupación por el bloqueo que enfrenta el talento femenino para ingresar al Congreso, que incluso mandó mensajes desde la lejana Angola. Es una forma de leer su elogio a la integración femenina en un país que lejano a la idea que tenemos de democracia, ostenta 34% de legisladoras.
La ley de cuotas, formulada en un equilibrio de no más de 60 ni menos de 40% de cualquiera de los sexos en la conformación de las listas electorales, recoge la experiencia comparada en términos de incentivos y obligatoriedad. La advertencia de su potencial incompatibilidad con las primarias se ha encontrado con intentos para bajarle el perfil. Señalan que éstas perderían asidero frente a una reforma que avanza hacia la proporcionalidad. Ello supone distritos más grandes y con posibilidades de presentar más candidatos.
Sin embargo, en un contexto dinámico y con una ciudadanía demandante por espacios de expresión, la exigencia de primarias es una posibilidad real. Es por eso que debiera avanzarse en una indicación que concilie los objetivos y las estrategias contradictorias a los que apuntan las cuotas y las primarias. Una forma, como lo han señalado las expertas, es la aplicación del principio de listas equilibradas en las elecciones primarias. Con ello, se introducen incentivos para que los partidos se esfuercen en la búsqueda de candidaturas competitivas de ambos sexos en los dos casos: para competir en primarias o, en caso de que no ocurran, para integrar las listas generales.
Las cuotas son una ansiada aspiración del movimiento de mujeres por cuanto contribuirán a enfrentar el déficit de representación política femenina, pero el proceso que las hará posibles contiene señales tanto o más prometedoras. Nos referimos a una coalición amplia y heterogénea de mujeres con habilidades de persuasión, movilización e incidencia. Por un lado, mujeres políticas, tanto del gobierno -especialmente las ministras de Segpres y de Sernam- como de los partidos; y por otro, el feminismo académico, los organismos internacionales y la sociedad civil. Algo parecido existió en los albores de la transición, denominado por Virginia Guzmán la “trama institucional de equidad de género”, aunque posteriormente se diluyó. Súmese a ello el nuevo intento por articular una bancada transversal femenina cuya inexistencia en Chile, junto a la falta de cuotas, nos convertía en una rareza en la región.
Aquellos que lamentan que la Nueva Mayoría todavía está al debe en su vinculación con el mundo social por cuanto se limita a una coalición de partidos, debieran tomar nota de esta experiencia de mujeres que construyen propósitos desde la diversidad política y social.