Los presidentes de los partidos que integran Convergencia Progresista -Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Carlos Maldonado (PR)- retomaron sus reuniones periódicas e hicieron un llamado a terminar con lo que denominaron “populismo legislativo”, al ingresar proyectos de ley que no han sido debatidos ni siquiera con parlamentarios de su propia coalición.
Al respecto, Heraldo Muñoz recalcó que en tema de seguridad ciudadana el Gobierno ha insistido en presentar un proyecto de rebaja de la edad a 14 años para el control preventivo de edad, cuando en circunstancias que el problema debe abordarse de manera integral ante el incremento de la criminalidad más violenta, sobre todo en comunas de más bajos ingresos.
“Las violaciones han aumentado en un 20% (en la Región Metropolitana) y hay comunas donde los delitos violentos han crecido en un 29% en 2018. Por tanto, se necesita un trabajo integral, que incorpore a los niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan, y una labor preventiva integral, además de hacerse cargo de las víctimas a través de un servicio nacional”, dijo el timonel PPD.
A la salida del encuentro, los presidentes dieron a conocer la siguiente declaración pública:
El país espera del gobierno políticas serias para enfrentar los grandes desafíos y las urgentes necesidades de la población. Rechazamos el populismo legislativo del gobierno. No siempre lo que puede ser aparentemente popular para la opinión pública debe ser fundamento para la ejecución de una determinada política pública. No se puede gobernar con sondeos de opinión en vez de la responsabilidad, mesura y sensatez que se espera de la autoridad.
Al Presidente Sebastián Piñera parece no importarle las políticas públicas responsables y fundadas en acuerdos. Primero fue Aula Segura, luego Admisión Justa, y hoy el proyecto de ley de Control Preventivo de Identidad, propuesta que no emanó de la Comisión de Seguridad Pública convocada por el propio Gobierno; y ni siquiera consensuada con sus dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos, para rebajar la edad del control de identidad, todo esto sobre la base de encuestas de opinión y no sobre sustentos técnicos.
No vamos a entrar en ese juego. El foco del problema no puede estar solo en el control, sino en los diversos aspectos del delito. Por eso, proponemos consensuar una política integral de seguridad ciudadana, basada en datos y evidencias. Ese es el rol que nos corresponde como dirigentes políticos responsables para abordar aquellas materias fundamentales para el futuro del país.
Solo en la Región Metropolitana se observa un incremento de 20% en las violaciones, comparando el último trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2017. Es más, si bien la zona oriente ha visto disminuida la criminalidad más violenta, a la inversa, la zona sur poniente y las comunas de más bajos ingresos están sufriendo los embates de los delitos que afectan a las personas, con incrementos en los homicidios, lesiones graves y robos con fuerza. Estas comunas se están convirtiendo en verdaderas zonas de sacrificio, ante la indiferencia de la autoridad. No podemos tener chilenos de primera y segunda clase en materia de seguridad pública.
Por eso, proponemos un trabajo integral, que tome en cuenta a los municipios, con una policía que esté en el territorio y en contacto con las comunidades locales y los vecinos, con planes preventivos que consideren a los niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan, para que se evite que caigan en la drogadicción y luego en verdaderas bandas criminales, con alto poder de fuego.
Sobre esto último, se requiere no solo el control de armas de fuego, sino que su retiro y destrucción, siguiendo políticas exitosas de períodos anteriores, así como un combate frontal al narcotráfico que está destruyendo desde hace décadas a las poblaciones más vulnerables del país. Para que Carabineros pueda desarrollar adecuadamente su trabajo se requiere una reforma profunda a su estructura y control interno, de manera tal de recuperar su prestigio como institución que hoy se encuentra cuestionado.
Finalmente, hay que preocuparse de las víctimas, a quienes se les debe dar una debida atención más allá de la prestada en algunos centros distribuidos por el país. Por ello, proponemos la creación de un Servicio Nacional de Víctimas, que integre a los distintos organismos públicos que abordan esta materia y visibilice una acción de apoyo concreto a quienes sufren los delitos más violentos en el país.
Es en este contexto que la Convergencia Progresista está dispuesta a conversar y dialogar con el Gobierno, pero no a través de la imposición, el apuro legislativo o, en el peor de los escenarios, mediante decretos y actos administrativos, como ya han deslizado en más de una oportunidad algunos ministros de Estado.
Heraldo Muñoz V.
Presidente, PPD
Álvaro Elizalde S.
Presidente, PS
Carlos Maldonado C.
Presidente, PR
Santiago, 21 de marzo de 2019