Tras una extensa reunión telemática de más seis horas y en la que participaron cerca de 180 consejeros nacionales, incluyendo a parlamentarios, autoridades municipales y dirigentes regionales, el Partido Por la Democracia (PPD) resolvió hoy en su 54º Consejo Nacional que la definición del candidato presidencial se realizará en enero del próximo año.
Asimismo, junto con valorar el espacio creado con el PS y el PR en la Convergencia Progresista, y que ha generado visibilidad e identidad, el Consejo Nacional del PPD aprobó ampliar dicha instancia de coordinación política, invitando al Partido Liberal, al PRO, a sectores provenientes de RD y del FA, y a independientes, para que puedan formar parte del progresismo socialdemócrata.
Sobre el tema presidencial, a instancias de una propuesta del presidente del partido, Heraldo Muñoz, se determinó conformar un comité transversal de alto nivel que buscará viabilizar el mecanismo de primaria abierta, debiendo entregar una propuesta los primeros días de 2021 y fijando como fecha para dicha elección a fines de ese mes de enero.
Del mismo modo, se votó la prelación de candidatos y candidatas a alcaldes, alcaldesas y concejales de la mayoría de las regiones, restando solo Magallanes, que deberá reiterar su votación regional para la prelación de los y las aspirantes a las concejalías. Asimismo, se aprobó por mayoría que sea la mesa nacional la que continúe liderando las negociaciones con el resto de la oposición y logre acuerdos para pactos o subpactos para listas municipales y también de constituyentes.
También la Secretaría Nacional de la Mujer logró que se aprobaran tres votos políticos, dos referidos a que las listas de concejales y constituyentes estén encabezados por candidatas mujeres, y un tercero en que se informe claramente los criterios de elegibilidad de candidatos y candidatas.
Por último, se decidió respaldar propuesta de Heraldo Muñoz para que se insista ante las autoridades de gobierno para remunerar a personas que cuidan adultos dependientes, que equivale a unas 500 mil personas y que en un 68% corresponde a mujeres. La idea es que reciban por lo menos el salario mínimo, lo cual beneficiaría a un 1/3 de las actuales mujeres desempleadas, con un costo fiscal que sería menos de 1% del PIB, dentro del marco de emergencia convenido para 2021.