El progresismo está ante una disyuntiva frente a la crisis de Venezuela. Es inevitable un pronunciamiento inequívoco frente a una crisis que ha originado la mayor oleada migratoria en Sudamérica en décadas.

No existe otra posición consecuente que estar a favor de la democracia y los derechos humanos, y condenar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura que ejerce la represión contra disidentes, mantiene presos políticos, no respeta la separación de poderes y ha forzado a cientos de venezolanos al exilio. El carácter ilegítimo del régimen se expresó en la reelección fraudulenta de Maduro en mayo de 2018. El desafío es cómo contribuir a una salida democrática y pacífica a la crisis venezolana.

Creemos que urge materializar una salida pactada que debiera conducir en un tiempo razonable a la realización de elecciones libres y transparentes, con observación internacional competente. Llegar a ese punto requiere el ejercicio paciente de la diplomacia, y no simplemente esgrimir acciones comunicacionales. Eso es lo que trasluce la decisión presidencial de concurrir a la frontera colombo-venezolana.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha venido trasladando la discusión sobre Venezuela al ámbito de la política interna, lo cual se suma a un distanciamiento de una política exterior de Estado, producto de la negativa a suscribir el Pacto de Escazú -promovido por Chile- y de la no suscripción del Pacto Mundial sobre Migración, cuya armonía con la política migratoria nacional fue declarada por el propio Presidente de la República en la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchas de estas decisiones las hemos conocido por la prensa.

En suma, el Gobierno se ha alejado de una política exterior seria, responsable y con visión de Estado, optando por utilizar el ámbito externo políticamente, lo cual puede hacer daño interno y no genera necesariamente réditos internacionales permanentes. Somos partidarios del envío de ayuda humanitaria a Venezuela, como se intentó durante el gobierno pasado. Pero consideramos innecesaria la presencia del Presidente en Cúcuta, supuestamente para supervisar la entrega de la ayuda humanitaria y promover la libertad de Venezuela.

Resulta difícil percibir cómo el viaje presidencial a Cúcuta ayuda a una salida política a la crisis venezolana, cuando Chile ha renunciado a ejercer la diplomacia activa en coordinación con el Vaticano o la Unión Europea (UE), por ejemplo. A diferencia de Chile, Costa Rica, miembro del Grupo de Lima, ha compartido todas sus decisiones, pero optó, paralelamente, por integrar la instancia del Grupo de Contacto creado por la UE, y el Grupo de Montevideo para explorar un Plan B de salida a la crisis venezolana.

Renunciar a la diplomacia es dejar el campo libre a la promoción del uso de la fuerza por parte de la administración de Donald Trump, postura inaceptable desde el punto de vista del Derecho Internacional y de la ética, y que solo pretende un triunfo táctico en la confrontación global con Rusia y China, donde la democracia en Venezuela importa poco o nada. Rechazamos una intervención armada, y para evitarla debemos activar la diplomacia.

Paralelamente, el Presidente ha anunciado la inminente creación de Prosur, una nueva organización que reemplazaría a Unasur, en decadencia desde hace tiempo debido a los intentos de gobiernos del “socialismo del siglo XXI” de utilizarla como instrumento ideológico. Prosur apuesta claramente en la dirección de un eje político-ideológico conservador. Pero organismos generados por coincidencias ideológicas no tienen futuro, pues son dejados de lado cuando cambia la orientación política de los gobiernos. Los organismos deben ser establecidos mirando al largo plazo, de manera inclusiva, con visión de Estado. Más aún cuando ya hay una frondosa burocracia regional que requeriría, más bien, instancias ágiles y flexibles de coordinación, orientadas a la acción.

En suma, nos oponemos a los bloques ideológicos, que dividen en vez de sumar.

La política exterior va por una pendiente peligrosa. Recuperemos el sentido de Estado de la política exterior, para continuar con las mejores tradiciones de Chile y sus intereses nacionales. Una buena señal sería que antes de la COP25, Chile pudiese suscribir el Acuerdo de Escazú. Aún estamos a tiempo de enmendar rumbo.

Ricardo Lagos Weber
Senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

Heraldo Muñoz Valenzuela
Ex ministro de Relaciones Exteriores, y presidente del Partido Por la Democracia