Cambalache

Por Ricardo Brodsky

La ministra Marianela Cifuentes acusa a Labbé de asociación ilícita, esto es coludirse con otros para cometer delitos, en este caso agravado por el hecho de disimular su asociación en la estructura militar.El programa de derechos humanos del ministerio del Interior y Seguridad Pública, por su parte, quiere agregar que se le procese por los delitos de secuestro, torturas y homicidio, basándose en testimonios de víctimas y testigos.

El ex encargado de seguridad del general Pinochet, podrá, por cierto, ejercer el derecho a defensa legal que la democracia garantiza a todos los ciudadanos.

La UDI, el partido del acusado, manifestó su solidaridad humana con Labbé. Sin embargo, fue más allá y lanzó un manto de dudas sobre el accionar de la justicia, acusándola de doble estándar y de una supuesta intencionalidad política para favorecer al gobierno en momentos en que supuestamente estaría complicado.

Cuesta entender porqué una resolución judicial sobre hechos acaecidos hace 40 años podría favorecer al gobierno o afectar a la oposición. Se supone que esta última rechaza las violaciones de los derechos humanos y es partidaria que las instituciones funcionen.

Especialmente esto debiera ser así desde que hay una nueva generación de dirigentes en la derecha cuya biografía no estaría asociada a la dictadura.

Es pésimo para la democracia que los parlamentarios o partidos políticos cuestionen a las instituciones de la justicia cuando estas deben abocarse a investigar casos que los afectan a ellos o sus amigos. La fortaleza de un estado de derecho consiste justamente en respetar la separación de poderes.

Esto es válido para el caso Tejas Verdes, más aún cuando la justicia ha tardado tanto tiempo en esclarecer los hechos que se investigan. Pero también para el caso Penta, que ha ocupado las páginas de la prensa en las últimas semanas.

Es complejo para el futuro de la democracia esta defensa cerrada y apasionada de personas o grupos por parte de partidos políticos.

Se daña profundamente a la democracia cuando se pretende por medio de operaciones comunicacionales sembrar dudas sobre la independencia o motivaciones de las instituciones o enlodar a otros con el fin de empatar la corrupción de los propios.

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